5 de marzo del 2008

Reflexiones peruanas

Primera ordenanza contra la discriminación

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Perú, marzo del 2008.

Hace meses me escribió desde París una socióloga checa, que investigaba las políticas públicas contra la discriminación en América Latina. "Quizás estoy buscando mal -dijo-, porque en los portales de las instituciones estatales del Perú no encuentro nada." Yo tuve que explicarle que, lamentablemente, ninguna institución pública tenía como política afrontar la discriminación, y que más bien las razones de esa carencia serían un buen tema de investigación.

Mi opinión personal es que las autoridades, al igual que la mayoría de los peruanos, percibían históricamente la discriminación como parte del orden natural de las cosas. "Para mucha gente, los indígenas simplemente no son personas", me dice Vittoria Savio, que desde hace treinta años lucha para rescatar a niñas campesinas de la explotación que sufren en hogares cuzqueños.

En los últimos años, esa percepción ha empezado a cambiar. Ya no parece natural que el destino de una persona discapacitada sea mendigar, que a una escolar embarazada la expulsen del colegio ni que en una oficina pública los campesinos sean tratados con desprecio y prepotencia. Si hace años se negaba la existencia de la discriminación, ahora se asume como uno de los problemas más graves de nuestra sociedad.

A pesar de ello, ningún ministerio, gobierno regional o local había dispuesto políticas adecuadas. Sólo se podían mencionar las valiosas y solitarias excepciones de la campaña contra el racismo que lanzó la Municipalidad de Magdalena el año pasado y las sanciones a los locales discriminatorios establecidas en esta jurisducción y en San Miguel.

En ese contexto, confieso que, cuando Claire Reid, una colega que trabaja en Abancay, me avisó de que en la Municipalidad había interés por promover una ordenanza contra la discriminación, reaccioné con escepticismo. Pero envié mis sugerencias de todas formas. Y seguía escéptico el miércoles pasado, cuando la acompañé a conversar con el alcalde de Abancay en su amplio despacho. Como muchos peruanos, mi fe en las promesas de los funcionarios públicos es muy endeble.

"¿Es usted brasileño?", me preguntó el alcalde cuando nos despedíamos. Por un momento pensé en responder que sí y que en Brasil, como en casi toda América del Sur, existen políticas públicas contra la discriminación. No fue necesario: al día siguiente estaba publicada la ordenanza en El Chasqui, el periódico oficial de Apurímac. Por primera vez en el Perú, una municipalidad ha prohibido la discriminación en todas sus formas y dispuesto una serie de medidas para erradicarla y castigarla.

Para empezar, la nueva norma es importante porque en la calificación de acto discriminatorio no establece como requisito la "intención" de discriminar, que es es muy difícil de probar. Siguiendo las diversas convenciones internacionales, establece que basta "el efecto discriminatorio".

La ordenanza abanquina incluye además la discriminación por orientación sexual, por condición de salud y por la actividad, que afecta especialmente a las trabajadoras del hogar. Establece que tampoco podrá haber discriminación por indocumentación, señalando que el DNI puede ser exigible para acreditar la identidad en algún trámite, pero no para impedir el acceso a instituciones públicas o privadas, lo cual sucede en el propio Congreso de la República y en algunas ONG.

Se recalca la necesidad de erradicar la discriminación a quienes usan polleras y otras vestimentas tradicionales, porque en Abancay, como en otras ciudades de la sierra, resulta muy importante distinguirse de los campesinos. "Como no hay tanta diferencia física, se enfatiza la diferencia de vestimenta o educación -explica Vittoria-. Humillar al campesino es una forma de confirmar el propio status." Por eso es importante que la ordenanza señale que la Ley de Atención Preferente debe ser cumplida por todos: muchas veces se considera que los campesinos ancianos o discapacitados están más acostumbrados a sufrir (artículo 3, inciso c).

La Ordenanza dispone que el manejo del quechua será requisito para trabajar en la municipalidad y que se promoverá su aprendizaje entre los empleados que lo desconocen. También señala que el personal que emplee expresiones discriminatorias será sancionado (en alguna localidad andina he oído a funcionarios que llamaban alpacas o monos a sus subordinados) y que se denunciará ante el Ministerio Público a los funcionarios que incurran en discriminación para que se les aplique el artículo 323 del Código Penal, lo cual podría implicar una sanción de hasta 4 años de prisión.

La tarea que queda en Abancay es la implementación de la norma. Para el resto de gobiernos locales y regionales del Perú, el reto es promulgar normas similares, de acuerdo a cada realidad. Al parecer, hay varios han demostrado su interés al respecto.

Evidentemente, una ordenanza no es toda la política pública, pero es un principio. Compartir esta noticia con todos ustedes (y también con la socióloga checa), me ha hecho muy feliz.