24 de junio del 2008

España

Las tarifas sociales del señor Sebastián

Eduardo Gutiérrez
Metiendo Bulla. España, junio del 2008.

Filtraciones interesadas del Ministerio de Industria están permitiendo especular a la prensa sobre las posibilidades de reordenar las tarifas eléctricas, e incorporar una "tarifa social". Cualquier ciudadano de a pie, se sorprenderá gratamente de que se anuncien ahora "tarifas sociales".

En promedio, todos los clientes venimos a pagar - según los datos de la CNE correspondientes al primer semestre del 2007, recogidos en cuadros y gráficos adjuntos - alrededor de 8,8 céntimos de €uro por KWh. Pero es el caso que los precios según los grupos tarifarlos (de consumo a baja o alta tensión) no son los mismos, sino muy diferentes.

El precio medio que pagamos la mayoría de los ciudadanos españoles (el 95% de todos los clientes que reciben suministro eléctrico), esta siendo de 10,82 cent.€KWh, es decir, alrededor de un 23% por encima del precio medio (8,8) del conjunto del sistema (Ver gráficos anexos). Pero la situación es especialmente sangrante, al comparar el precio que pagan alrededor de 200 grandes empresas a las que se les aplica las denominadas tarifas G-4, T.H.P e Interrumpibilidad, que consumen grandes cantidades (el 21%) de energía eléctrica total y que tan sólo pagan entre 2,84-4,5 cent.€KWh. Asi de incomparables son los precios pagados: millones de ciudadanos (21,5 según CNE) y entre ellos los mas de ocho millones de pensionistas venimos pagando hasta tres veces mas por el KWh, que esas grandes e "intocables" empresas, adictas a los grandes consumos eléctricos. La CNE ha calculado, que tan sólo en el ejercicio 2005, las subvenciones cruzadas desde los ciudadanos que pagamos a 10,82 la "luz" a las 200 grandes empresas que consumen grandes flujos de electricidad a alta tensión, por el que pagan tan sólo 3,76 cent€ fue del orden de los 585,8 millones de euros (CNE,Dic.2005)

Esta situación, es antigua, y no fue abordada por el PSOE, aprovechando la obligatoria transposición en 2006 (el PP no la realizo en los tres anteriores) de la directiva comunitaria Dª.2003/54/CE, dejando fuera de la normativa española aspectos sociales y económicos muy relevantes respecto de las "tarifas sociales" ahora anunciadas, que merece comentar brevemente.

El 2006, el Sr.Motilla, a la sazón, entonces, Ministro de ramo, y con él, el Gobierno en pleno dejaron olvidados principios, y medidas de la directiva que exigían y recomendaban la:

-Regulación de "servicio público" del suministro eléctrico.
-Regulación de "servicio universal" de suministro eléctrico.
-Incorporación de medidas de protección de "colectivos vulnerables".
-Incorporación de medidas orientadas hacía la protección de Pymes, en relación con competitividad y empleo.

Pasamos rapida, y brevemente a comentar cada una de las anteriores ausencias. En primer lugar, según artículo 3.2. Dª.2003/54/CE::

"…los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima…."

El gobierno del que formaba parte el Sr.Motilla, dejo las cosas como las habia "negociado" el PP, con las "electricas" en el otoño del 2006; y no realizo propuesta alguna para corregir la explicita y radical calificación que la actual legislación (LSE.54/97) otorga al suministro eléctrico, negando de forma implícita el carácter de servicio "esencial" y/o "servicio público", cuando de forma clara se dice:

"Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva perdida de trascendencia en la práctica (¿?), sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional".
(Preámbulo de LSE. 54/07)

Parece obvio que "garantía de suministro" no es lo mismo que ".. seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima". El ejecutivo ha mantenido la negación del carácter de servicio público de la electricidad. Una posición que esta de espaldas a las recomendaciones de la normativa comunitaria.

Pero es el caso, que en la transposición no se procedió a regular obligatoriamente el ámbito, y alcance del denominado "servicio universal", que impositivamente recogia la directiva comunitaria, cuando decia:

"3. Los Estados miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, …., disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal".
Artículo 3.3.Dª.2003/54/CE

La actual legislación española (Ley 54/97), no se recoge precepto alguno, olvidando un contenido de obligatoria transposición ("servicio universal") a las normativas de los estados miembros; y no cumpliendo con la legislación comunitaria,

Por ultimo, y directamente relacionado con la actual estructura de tarifas y precios eléctricos, la legislación española tampoco recoge las recomendaciones de la directiva en estos aspectos, que de forma clara y explicita, indica:

"5. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables, incluidas medidas que les ayuden a evitar la interrupción del suministro". Artículo 3.5 de Dª.2003/54/CE.

Por último, en la pacata, incompleta y conservadora (del "status quo empresarial) transposición de la directiva realizada por el ejecutivo socialista en el 2006, se echan en falta las medidas en relación con la equidad, competitividad y protección del empleo en las PYMES, que recomendaba (desde 2003, no olvidemos) a los estados miembros que:

"….cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas han de poder disponer también de las garantías del servicio público, en particular en lo que se refiere a la seguridad del suministro y a unas tarifas razonables por razones de equidad, competitividad e, indirectamente, con miras a la creación de empleo".
Consideración 19. Dª2003/54/CE

La legislación española actualmente vigente (LSE.54/97) no alude, ni en el preámbulo, ni en el articulado de la ley, a medidas algunas orientadas hacia la protección de la competitividad, y el empleo, en las pequeñas y medianas empresas. Solamente, en el marco de las competencias "reglamentistas" del ejecutivo, que incluyen la aprobación de las tarifas integrales, se recogen modalidades de tarifas para: "Consumidores pequeñas empresas y servicios", que en el 2007, pagan un precio de 11,32 cent. de euro/kWh; frente a 6,00 cent./kWh de la tarifa que pagan los "Consumidores alta tensión tarifas general", ó el 3,76 cent. que pagan las 200 mayores empresas.

En definitiva, los consumidores domésticos, los colectivos vulnerables, las pymes y pequeñas empresas, estamos desde hace muchos años "subvencionando" los desatados consumos de energía eléctrica que nuestro modelo industrial arrastra y se nos viene a ahora a anunciar que la "sensibilidad" del nuevo ejecutivo muestra una "vertiente" proclive a las tarifas sociales.

Es recomendable algo más de seriedad, transparencia política y sinceridad, para reconocer que los gobiernos españoles - secuestrada su voluntad por la larga sombra de las conglomerados industriales y eléctricos - no han cumplido con sus obligaciones jurídico-políticas respecto de un servicio energético imprescindible en las sociedades modernas, y han olvidado a los menos poderosos, a los mas humildes, haciéndoles cargar con un esfuerzo hasta tres veces, pagando precios tres veces superiores por el KWh, para sostener las rentabilidades y retribuciones al accionista de estas empresas.

Sea bienvenida esta filtración del M.Industria, que apunta a un sensibilidad social en el reparto de la carga de un sistema complejo e integrado como es el "servicio eléctrico", y póngase en marcha cuanto antes, pero no se aprovechen de la complejidad de estos asuntos para hacer "populismo", cuando deberían pedírsenos disculpas a todos los ciudadanos por haber visto hipotecados los intereses de millones de españoles a los de unos centenares de miles de accionistas, y empresarios que cobran millones de euros en retribuciones.