8 de febrero del 2008
Amnistía Internacional ha pedido hoy, 6 de febrero de 2008, una investigación penal exhaustiva, independiente y rápida, tras el primer reconocimiento público por el director de la CIA, general Michael Hayden, de que la agencia había utilizado la técnica conocida como waterboarding contra tres detenidos recluidos en detención secreta.
"El waterboarding -someter a los detenidos a un simulacro de ahogamiento- es una tortura. La tortura es un delito tipificado en el derecho internacional -declaró Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos-. Aun así, nadie ha rendido cuentas por la autorización y el uso de esta técnica por personal estadounidense."
En la misma vista ante el Congreso, el director nacional de Inteligencia, Mike McConnell, declaró que la CIA podría emplear de nuevo la técnica del waterboarding en los casos aprobados por el presidente y el fiscal general. "Esta afirmación plantea la pregunta de quién autorizó la tortura de estas tres personas en el 2002 y el 2003 -dijo Rob Freer-. El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad para ordenar o aprobar la tortura de ninguna persona. Nadie la tiene. Cualquier investigación penal debe tener la facultad de llegar hasta las máximas autoridades."
La organización ha pedido una investigación que vaya más allá de la iniciada por el fiscal general de Estados Unidos el mes pasado sobre la destrucción por la CIA de varias cintas de vídeo de interrogatorios, y sea plenamente consecuente con las normas internacionales.
"En los últimos años ha quedado de manifiesto que el gobierno estadounidense ha interpretado las leyes estadounidenses e internacionales a su manera, con el fin de tratar de eludir la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, y que ha facilitado la impunidad por violaciones de derechos humanos", añadió Rob Freer.
En una vista celebrada ante el Comité Especial del Senado sobre Información, el general Hayden justificó el waterboarding como medio para obtener información de los detenidos en un momento de peligro para la seguridad pública, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Este intento de justificar estos actos reconocidos de waterboarding hace caso omiso de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito, entre ellos la Convención contra la Tortura de la ONU", declaró Rob Freer.
Amnistía Internacional pide que Estados Unidos actúe con el fin de garantizar que ninguna información obtenida bajo tortura u otros malos tratos, incluido el waterboarding, sea admitida en ninguna actuación judicial, salvo contra el presunto autor de los abusos.
La preocupación de la organización es mayor aún habida cuenta de la actitud del gobierno estadounidense, que sigue celebrando juicios ante comisiones militares en Guantánamo. Las normas de funcionamiento estas comisiones permiten la admisión de información obtenida bajo coacción, un aspecto de estas actuaciones que vulnera abiertamente el derecho internacional.
Amnistía Internacional insta al gobierno estadounidense a que adopte medidas legislativas y de otra índole para reflejar la absoluta ilegalidad de la práctica del waterboarding y de todas las demás formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
"Las tres personas a las que se refirió el general Hayden en sus declaraciones de ayer, así como otros detenidos, también han denunciado torturas y otros malos tratos en los que se han empleado otras técnicas distintas del waterboarding. Hace falta que unas investigaciones independientes examinen exhaustivamente estas denuncias. No se trata sólo del waterboarding", afirmó Rob Freer.
En una vista celebrada ante el Comité Especial del Senado sobre Información en Washington DC el 5 de febrero de 2008, el general Hayden declaró que se había empleado el waterboarding contra tres personas -Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah y Abb al-Rahim al-Nashiri-, que habían sido detenidas por fuerzas estadounidenses en el 2002 y el 2003. Los tres detenidos estuvieron recluidos más de tres años en lugares secreto hasta que finalmente fueron trasladados a la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, en septiembre de 2006, donde permanecen en régimen de detención militar indefinida sin cargos ni juicio.