24 de enero del 2008
Las listas negras (II)
Luis Peraza Parga
La Insignia. EEUU, enero del 2008.
El mismo día en que Naciones Unidas sancionaba a tres ciudadanos de Kuwait (16-01-08) y los incluía en una lista negra por participar supuestamente en la financiación de Al Qaeda, se produjo un hecho esperanzador. El abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Poiares Maduro, redactó una propuesta de sentencia, no vinculante para los jueces pero con tradicional autoridad persuasiva, en la que recomienda la anulación de un reglamento emitido por el Consejo de la UE, merced al cual se pueden congelar los fondos financieros de cualquiera que se sospeche tenga vínculos con un terrorista.
En su opinión, los tribunales comunitarios pueden controlar las medidas tomadas por la UE que tengan como fin aplicar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, rechaza la supuesta naturaleza política de la cuestión y profundiza en la necesidad del control judicial por el alto riesgo a la seguridad pública y por las fuertes presiones en favor de medidas que limitan los derechos individuales. Es en esos momentos cuando los tribunales comunitarios deben extremar su tutela del Estado de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia europeo falló en contra en el mismo caso y en una instancia inferior, aunque también señala la inexistencia de una corte internacional que pueda enjuiciar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya lucha contra el terrorismo, encarnada en el interés público esencial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, triunfa en su batalla con el derecho individual a ser oído. Por otra parte, el siempre luchador europarlamentario Dick Marty, que destapó el escándalo de las cárceles secretas de la CIA en Europa y de los vuelos que realizaban escalas en aeropuertos europeos en su camino a la tortura en un tercer país, ha solicitado la revisión del procedimiento de las listas negras que violan los derechos humanos, se basan en simples sospechas y son completamente ajenas al hecho de que la injusticia es el mejor aliado del terrorismo.
Marty llega a afirmar que los Estados obligados a ejecutar dichas sanciones violan sus obligaciones con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y anima a los tribunales nacionales y europeos a proveer los remedios legales necesarios a las víctimas. El procedimiento mínimo incluye recibir información adecuada sobre los cargos presentados en su contra, ser oído y poder defenderse, poder apelar de manera expedita a un cuerpo imparcial que sea capaz de modificar o anular la decisión y ser compensado en caso de violación de un derecho.
Aunque el movimiento en favor de la transparencia y del debido proceso sólo goce hasta el momento de un ímpetu discreto, Europa puede ser el modelo a seguir por Naciones Unidas. Un modelo que coloque la dignidad del hombre, aunque sea un supuesto terrorista, como eje central y motor de toda actuación.
Más información: Las listas negras (I)