27 de septiembre del 2007
Equilibradas las fuerzas socialistas y de la CNT, y éstas bastante sensatas, toman en los primeros momentos la dirección de la provincia en todos los aspectos, incluso el militar, concediendo un margen de beligerancia al Partido Comunista, que era poco numeroso al empezar la guerra.
Todos los ensayos sobre colectivizaciones encontraron allí ancho campo; se abolió el dinero, se reglamentó el consumo, se intentó transformarlo todo en un relámpago, tendiendo a la creación de un Estado nodriza en que el ciudadano lo encuentra todo resuelto porque todo alcanza la acción reguladora y organizadora del poder.
Para abreviar, veamos el resultado: la agricultura en ruinas, la ganadería diezmada, la pequeña industria y el pequeño comercio desaparecidos sin indemnización, las grandes industrias, especialmente las pesadas, donde las necesidades de la guerra aseguraban la continuidad del trabajo, producían tan caro que la tonelada de fundición costaba 399 pesetas más que antes del conflicto; en las minas, en el mes de septiembre pasado, se aprobaba una subida de precios equivalente a un 80 por ciento. El hundimiento y destrucción de toda la economía asturiana fue total; no se puede pedir más trabajo en un año.
Lo mismo que cuando Aguirre en Vizcaya se convirtió en generalísimo, es indudable que cuando el Consejo de Asturias se transformó en soberano desconocía en absoluto la situación creada; creyeron que se podría resistir y ser una nueva Covadonga, y si esto hubiera llegado a ser cierto, es muy posible que los problemas de índole político-social que hubieran planteado al Gobierno el día de mañana hagan que se consideren como mal menor la pérdida de la provincia.
Examinemos aisladamente la acción política y el desarrollo de las operaciones desde la constitución del consejo soberano.
Los comunistas, que al principio de la guerra habían desarrollado una propaganda intensa, aumentaron sus efectivos en gran escala y consiguieron que se les afiliaran el 90 por ciento de los mandos profesionales del ejército. Impulsados por este la noche en que el consejo se reunió para declararse soberano, hicieron una concentración de fuerzas propias con ánimo de fusilar a los consejeros si entre sus acuerdos se adoptaba el de no obedecer al poder central. Esos mismos elementos fueron los que, tomando la justicia por su mano, pensaron en el fusilamiento del general Gámir.
En el orden militar, el consejo lo fiscalizaba e involucraba todo; hasta el cambio de un oficial de batallón a otro era motivo de discusión y de disgusto. Como los generales por no tomárselo desde Santander hacían a todo la vista gorda y el jefe del Cuerpo de Ejército, teniente coronel Linares, era hombre débil para dar la batalla que definiera atribuciones, se llegó a extremos inconcebibles como los siguientes:
Arribaba algún barco con efectos militares -uniformes, por ejemplo-: se incautaba de él la Consejería de Comercio, lo descargaba, inventariaba y al cabo de uno o dos meses decía a Intendencia lo que había llegado y al precio que tenía que abonarlo, dándose casos de poner a la venta al público piezas de tela caqui cuando los soldados estaban sin vestir.
Con Abastos sucedía igual; cada día se entregaba a Intendencia, por las tardes, los víveres que iban a consumir al día siguiente en los frentes y nunca sabía el mando si a las cuarenta y ocho horas sus tropas iban a tener que comer.
Al coronel Prada se le exigía una relación diaria de él, sus ayudantes, chóferes y soldados de la guardia, para sacar dieciséis raciones de intendencia para su sustento; en cambio, para las consejerías se sacaban doce mil diarias sin intervención ni control de nadie.
El servicio de comunicaciones dependía de la consejería respectivamente, y a fines de septiembre, al atacar el enemigo el puerto de Tarna, el jefe que se encontraba allí pide comunicación urgente con Mieres para ordenar la salida de un batallón y le contesta la central telefónica de Pola de Laviana que le pondrá la conferencia cuando acabe el servicio particular que, como pagaba, tenía preferencia. A las cuatro horas se perdía el puerto de Tarna.
Otra noche, a fines de septiembre, ante una amenaza enemiga al puerto del Pontón se dispone un movimiento de fuerzas; al llegar la orden a la cabecera de la brigada en Cangas de Onís, se encontraba presente el consejero Segundo Blanco, quien dijo que bajo su responsabilidad no se cumpliera tal orden. Al día siguiente se perdía la posición de La Conia, llave de la sierra de Beza y del puerto.
Pretendieron hasta intervenir la comunicación del coronel Prada con el Ministerio de Defensa, a lo que aquél se negó de un modo terminante y reiteradas veces pidió al mismo instrucciones sobre su dependencia y relación con el Consejo, contestándole por fin, el 12 de octubre, cuando ya nada se podía hacer, que sus atribuciones eran las del jefe militar en plaza sitiada.
En las instrucciones que el coronel Prada daba al teniente coronel Arredondo -cuando éste iba a ser evacuado- para que llegaran a conocimiento del Gobierno, figuraba la denuncia de que la policía se dedicaba a la detención de muchachas agraciadas, que acusaban de fascistas y que eran violadas en la cárcel.
En el mes de octubre se le debían a las tropas los sueldos y pluses de junio a septiembre, ambos inclusive, y sólo el Sindicato de Camareros tenía en caja 47 millones de pesetas en billetes del Banco de España.
A los mandos militares se los vejaba sembrando entre las tropas la desconfianza en ellos y eran a menudo los mismos consejeros los que publicaban artículos en la prensa que contribuían a tales fines, como el artículo titulado "Ni honra ni barcos", publicado en el periódico Avance y debido a la pluma de Amador Fernández. Los comisarios políticos, en lugar de auxiliarlos, los espiaban. Una nube de interventores civiles lo fiscalizaba todo y se llegó a la desobediencia al ministro, que ordenó la evacuación de jefes y oficiales sobrantes de Santander y, después de embarcados, se obligó a quedar en tierra caprichosamente a los tenientes coroneles Arredondo y García Vayas.
Estos casos bastan para dar una ligera idea de la línea de conducta del Consejo Soberano.