24 de octubre del 2007
La relación entre paramilitarismo y política en Antioquia permanece en una zona gris, donde se difuminan los vínculos entre jefes paramilitares y caciques políticos y se pierde toda evidencia. No obstante, es claro que sin apoyo económico, político y castrense, ceguera gubernamental y amplia impunidad social y judicial, el paramilitarismo nunca habría llegado a tener las magnitudes que tuvo en el departamento y el resto del país.
Así lo percibe la analista política independiente Claudia López, investigadora social que en los últimos años se ha dedicado a hilvanar los hilos que a través de la última década tejieron subrepticiamente políticos y paramilitares, y convirtieron esa relación en una macabra manera de conseguir votos y mantener el poder regional y local, con beneficios económicos, sociales y políticos para unos y otros.
López construye una radiografía de los factores, actores y resultantes de la transformación política de Antioquia en los 125 municipios distribuidos en las nueve subregiones del departamento, a partir del análisis de los cambios de tendencias y protagonistas en las elecciones de alcaldes, gobernadores y congresistas del departamento entre 1997 y el 2006.
Esta analista ubica los indicios de la expansión del paramilitarismo en Antioquia a mediados de los 90. "Pasó por Occidente, llegó al Valle de Aburra, se dividió hacía el Suroeste y el Oriente, subió al Bajo Cauca y se reencontró con el Magdalena Medio y el Nordeste, donde tenía sus raíces", señala en el documento La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia.
A juicio de la investigadora, apuntalar lo que ella llama "esa especie de ganzúa territorial" supuso conquistar tres victorias: "inicialmente, la militar que consistió en desarrollar una eficacia criminal y de terror que abriera el paso; seguida de la territorial, que se fundamentó en arrebatar territorios al enemigo - las Farc y el Eln - y después al que se atravesara, incluyendo sus antiguos aliados; y por último, la política, que se centró en asegurar que partidos y políticos afines a la causa consolidaran el poder público y electoral que facilitara y protegiera lo que la trayectoria iba logrando".
Según lo investigado por López, en Antioquia, y en general en el país, la descentralización, el voto de opinión, el narcotráfico y el paramilitarismo dejaron atrás el bipartidismo y dieron paso a nuevas figuras y partidos emergentes. Consigna el informe que el partido emergente de mayor consolidación es Alas-Equipo Colombia.
"Aunque en sus orígenes Alas-Equipo Colombia recogió vertientes conservadoras y empresariales del Norte y Oriente, en las alas de su expansión se tomó el poder en Urabá, una región donde los conservadores no habían logrado pasar de uno que otro concejal, y se expandió por Bello, Oriente y Suroeste, donde las tasas de homicidio y confrontación aún permanecen altas respecto de la evolución del resto del departamento", reseña el documento.
Al centrarse en la figura de Luis Alfredo Ramos, forjador del Alas-Equipo Colombia y hoy candidato a la Gobernación de Antioquia, López refiere en su análisis que en su primera elección al Senado en el 2000 obtuvo la primera votación; al año siguiente conquistó una de cada cinco alcaldías de Antioquia; en 2006 eligió 5 congresistas, de los cuales uno de ellos, Álvaro Araujo Castro está preso, y otros dos, incluido Ramos, son investigados por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.
Según el análisis de López, uno de los indicios que permitió destapar el fenómeno de la parapolítica en el país, que hoy tiene a por lo menos 19 congresistas involucrados en investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia, fue la conformación de distritos electorales; es decir, de un grupo de municipios, usualmente colindantes geográficamente y en zonas de dominio paramilitar, que registran exitosas votaciones a favor de un candidato.
"Lo establecido hasta ahora por la Corte Suprema de Justicia es que los distritos electorales son fruto de la combinación de formas de lucha: constreñimiento al elector, fraude electoral y concierto para delinquir. En el caso de Antioquia, existen serias evidencias que se conformaron por lo menos cuatro distritos en las elecciones de 2002: Uno para favorecer al senador liberal Guillermo Gaviria; otro a Carlos Arturo Clavijo; otro a Rubén Darío Quintero, y otro a Luis Alfredo Ramos. En el 2003, Alas-Equipo Colombia recogió para alcaldías la votación del distrito electoral de Urabá, que favoreció en el 2002 a Quintero", explica López.
Las indagaciones adelantadas por la analista política señalan que en las elecciones de Senado de 2006 Ramos se retiró para aspirar a la Gobernación de Antioquia, pero Alas-Equipo Colombia quedó como segundo en votación en Urabá, Nordeste, Magdalena Medio y Suroeste, al mismo tiempo que mantuvo el primer lugar en Oriente, Norte y el Valle de Aburra.
"Con esa trayectoria, no es sorpresa que la actual campaña de Ramos a la Gobernación sea apoyada por César Pérez, el cacique histórico y emergente del Noroeste, Ruben Darío Quintero, el fugaz caudillo de Urabá, Mario Uribe, el único Senador todavía Libre de la Colombia Democrática, y Oscar Suárez Mira, patrón en los terrenos de Bello. Ya pasaron por Congreso y avanzaron en alcaldías, sólo les falta la Gobernación; ahora van por ella", enfatiza López.
Pero los análisis electorales consignados en el documento La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia tienen un trasfondo socioeconómico que ha hecho tránsito de lo legal hacia lo ilegal, marcando más que una evolución, una involución de las subregiones antioqueñas.
Una de las primeras en citar es el Bajo Cauca, "otrora zonas ganaderas y mineras, ahora son emporio cocalero y siguen sumidas en la miseria"; sobre el Magdalena Medio y el Suroeste advierte que "han reforzado y no aflojado la altísima concentración de la tierra que tenían desde hace una década"; acerca del Oriente señala que "hace una década era sólo reconocido por ser sede del anillo industrial y cluster floricultor, pero pasó a ser la región más violenta del departamento, incluso por encima del Valle de Aburra en algunos años"; Sobre Urabá dice que "sigue siendo tierra rica de gente pobre y geoestrategia violenta".
Adicional a los cambios económicos, en las diversas zonas bananeras, mineras, industriales y cocaleras del departamento se han concentrado indicadores de violencia que llegaron a triplicar el promedio departamental. "La fuerte ola de violencia homicida y sindical, fue parte de la estrategia paramilitar que suponía que su contribución a la Patria era atacar a quienes parecieran bases sociales de la guerrilla y obstructores de la libre empresa", advierte López.
De acuerdo con la analista política, esa supuesta contribución al desarrollo, que fue apoyada de manera entusiasta por tantos, solapada por muchos y condenada apenas por unos pocos, es uno de los mayores lastres y vergüenzas de Antioquia y de Colombia: "Además del incalculable e irreparable costo humano y moral, de las condenas judiciales que han debido pagarse del erario público y no de la reparación ofrecida por los asesinos, la ola criminal contra la organización social y sindical le está constando al país la dudosa aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, quizás la oportunidad más importante de desarrollo legal e inserción internacional que ha tenido la economía colombiana".
Concluye el análisis sobre el departamento de Antioquia que además de la transformación en términos de viejos y nuevos actores, de grandes derrotas y sólidas victorias, de partidos y políticos que se fueron para dar paso a otros, "evidencia las casi opuestas maneras en las que un mismo actor gana elecciones en diferentes regiones. Si los habitantes del Valle de Aburra supieran y dimensionaran lo que sus prestantes dirigentes hacen en Urabá, quizás no los considerarían ni prestantes ni merecedores de ser sus dirigentes", concluye López.