29 de octubre del 2007
Perú
Lógica político-económica del gobierno alanista
Jürgen Schuldt
La Insignia. Perú, octubre del 2007.
Nuestros tres últimos gobernantes llegaron al poder con la promesa de realizar cambios profundos en el modelo de acumulación para afrontar la formidable pobreza y la desigual distribución de la riqueza, con lo que nos catapultarían del maldesarrollo. En ese entendido, Fujimori (1990-2000), Toledo (2001-2006) y García (desde julio 2006) supieron hacerse exitosamente del sillón de Francisco Pizarro. Lo que lograron efectiva pero engañosamente adoptando lemas ("reformistas modernos y relativamente heterodoxos") para acabar con sus adversarios de campaña y aplicar políticas económicas y reformas estructurales neoliberales (en el mal sentido de la palabra), basadas en el igualmente mal llamado 'Consenso de Washington'. Con lo cual han venido conduciéndonos de vuelta por la senda de una modernizada primario-exportación y, más específicamente, de la variedad minero-hidrocarburífera.
Aunque sabemos, como decía un presidente argentino de los años cincuenta, que para llegar al poder había que ser 'populista' y una vez que uno esté en el él había que convertirse en liberal, ¿cómo entender que quienes postulaban desde siempre -inspirados en Haya de la Torre- principios socialdemócratas y políticas de centroizquierda puedan haberse torcido en serio hacia el liberalismo más chato en materia económica y hacia -en el mejor de los casos- una endeble democracia delegativa en el campo político?
Este proceso no puede entenderse sino a la luz, tanto de las peculiaridades de las fuerzas centrífugas que ha desatado la globalización, como sobre todo por la hiperinflación que gestó inexplicablemente Alan García en su primer gobierno (1985-1990). Este último fue un fenómeno sin precedentes, ya que históricamente esas superinflaciones -en casi todos los casos- se generaron como consecuencia de conflagraciones internacionales o de graves conflictos sociales internos, que finalmente desembocaron en cambios radicales del régimen político-económico vigente. A ese respecto, todos hemos leído alguna vez la célebre frase que fuera atribuida por Keynes ("Las consecuencias económicas de la paz", de 1919) a Lenin (aunque éste nunca la dijera), de acuerdo al cual "el mejor medio para destruir el sistema capitalista es viciar la circulación". Es decir, desatando una elevada inflación se genera tal descontento que madurarían las condiciones para cambiar radicalmente el régimen político.
En efecto, la hiperinflación en el caso peruano, a la vez que fue reflejo del agotamiento de una modalidad de acumulación, de la perversión de las instituciones y de la fragmentación sociopolítica del país, profundizó estos males por las drásticas políticas de estabilización y ajuste a que dieron lugar. El desborde de los índices de precios al consumidor de 1990 no solo acabó con el crecimiento económico, así como con la industria nacional y los sectores exportadores, sino que terminó de deshacer la institucionalidad, comenzando con el aún mayor desprestigio de los partidos políticos, pasando por la corrupción del sistema judicial y la ineficacia del educativo, hasta llegar al descalabro de los sindicatos y gremios empresariales. El país-político de los tercios, en que la derecha, el centro y la izquierda prometían un equilibrio sensato para asegurar la 'gobernabilidad' se rompió casi de la noche a la mañana, dando lugar al ascenso de aventureros de la más infausta calaña.
El vacío de poder que surgió desde las entrañas de esos procesos fue inteligente o criollamente aprovechado por los arquitectos neoliberales para imponer políticas que permitieron integrarnos pasiva y subordinadamente a la nueva división internacional del trabajo, necesariamente a favor de los grandes intereses del capital transnacional. Con el pretexto de aplicar políticas de corto plazo para apagar la fulminante inflación (que ascendió a 7.482% en 1990) y eliminar el cuantioso déficit externo (8% del PIB en 1988), generadas por el primer gobierno de García (1985-1990), fue Fujimori, quien -a partir de 1990 y sobre todo desde 1992- adoptó las políticas y reformas estructurales de largo alcance que condujeron a las transformaciones estructurales que han venido madurando durante los últimos tres quinquenios. En el marco de la globalización, la reiterada adopción de 'paquetes económicos' de apertura-liberalización desembocó en una modernizada modalidad de acumulación primario-exportadora, tan exitosa que el año pasado, del total de exportaciones de bienes bienes (23.800 millones de dólares, frente a los míseros 7.000 millones nominales del año 2001), las exportaciones primarias o 'tradicionales' representaron el 77,2% del total y las mineras (incluido petróleo y derivados) el 69,2%. Sin duda, estos resultados son reflejo de un triunfo del libre juego de los mercados oligopolizados a escala mundial y del ingreso de China y otros gigantes al mercado global, que permitieron el alza espectacular de precios de los metales y el natural afloramiento de las auténticas ventajas comparativas estáticas de nuestra economía.
Ello explica porqué el gobierno de García sigue también por esa ruta, a pesar de su ancestral, pero aparente, carácter anti-imperialista y anti-liberal. Si bien los economistas no somos mejores que los meteorólogos o astrólogos en materia de predicciones, pensamos que esa vía se extenderá y profundizará aún más en los casi cuatro años que le quedan y seguramente bastante más allá. Pero, por más difícil que resulte un pronóstico, más aún con un gobierno tan voluble como el actual y que se nutre de una filosofía relativista del tiempo-espacio histórico (que permite justificar cualquier metamorfosis política), disponemos de una serie de indicios que creemos nos permiten vislumbrar con alguna certidumbre lo que el futuro nos depara. Para lo que nos concentraremos en la visión económico-política que creemos guía a la cúpula del gobierno alanista, cuyo credo puede sintetizarse en unos pocos artículos de fe.
En primer lugar, dado el marco de la apertura indiscriminada a la globalización procesada durante los últimos quince años, son concientes que en el mercado mundial ya no queda mayor espacio para nosotros, ni como productores de bienes industriales o servicios intensivos en tecnología, ni para especializarnos en mercancías intensivas en trabajo de la industria manufacturera o de maquila. La irrupción de economías gigantes como China, India y Rusia a la mundialización, así como las demás del este asiático, así lo dictan, dada su muy abundante fuerza de trabajo barata relativamente bien calificada, su poder de negociación, sus avances tecnológicos y la explosión de sus diversificadas y dinámicas exportaciones.
Consecuentemente, no quedaría otra alternativa que asumir resignadamente nuestras tradicionales ventajas comparativas estáticas, las que obviamente radican en la explotación-exportación de recursos naturales, especialmente de los no renovables (minería e hidrocarburíferos). De ahí que los líderes del gobierno ya hayan tirado la toalla: ahora son concientes que las reformas que requeriría el país para insertarse de otra manera en la globalización tomaría demasiado tiempo y exigiría alianzas políticas complejas que hoy resultan imposibles. Además, las reformas demorarían demasiado en madurar, especialmente si uno está desesperado por cosechar sus frutos inmediatamente. Lo que nos permite entender porqué no están adoptando aquellas políticas que permitirían conciliar las dinámicas de la globalización con la expansión del mercado interno, la integración productiva nacional en forma de clusters y una descentralización sin cortapisas. Es ese el caso de las inicialmente tan publicitadas e indispensables reformas del estado, de la educación, de la fiscal, de la laboral, de la carrera magisterial, del ordenamiento territorial, etc.
En cambio, una apuesta por los minerales como eje de acumulación rinde frutos relativamente rápidos y por más 'malditos' que puedan resultar los recursos naturales (según la hipótesis de la paradoja de la abundancia) resulta más 'realista' en un país donde se pone la pala -en economía- brota el mineral, paralelamente al ya clásico de nuestra política del "donde se pone el dedo, brota la pus" (Gonzalez Prada). Como esa estrategia ya está en marcha y como ha mostrado sus éxitos por el auge de la inversión extranjera directa que ha ingresado masivamente desde 1993, a la par que ha generado casi tres cuartas partes de nuestras divisas por concepto de exportaciones, no hay otra alternativa que seguir por la vía trazada y emprendida ("el camino de la dependencia", lo llaman) por los dos gobiernos anteriores. En vista de tal bonanza macroeconómica, se deben haber preguntado, ¿para qué arriesgarse a cambiar el modelo inaugurado por Fujimori y que ya con Toledo rodaba con piloto automático y a ritmo de crucero?
Estos doctas reflexiones y prematuros desmayos del gobierno -bastante justificadas por cierto desde una perspectiva de corto plazo- permitirían explicar porqué han abortado también otra serie de proyectos que parecía iban a materializarse por parte del actual gobierno que, en principio, iba a seguir políticas socialdemócratas: botaron fuera de borda el Acuerdo Nacional, los esfuerzos de concertación multisectorial, las políticas industriales, el fomento y la generación de cadenas productivas, el fortalecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, una revisión 'línea por línea' del TLC con EEUU, cualquier enmienda de los contratos mineros y petroleros, su intención de cuidar el medio ambiente (¡ahora conceden permisos de exploración-explotación en reservas naturales!), su negativa a cobrarle regalías a todas las mineras pretextando que poseen estabilidad tributaria (cuando no son un tributo), etc. En cambio, todas las acciones -aparte de chiches políticos necesarios para morigerar temporalmente conflictos sectoriales o regionales domésticos- están dirigidas a alcanzar el 'grado de inversión', privilegiando naturalmente la inversión transnacional en minería y petróleo-gas. Para lo que era fundamental ir hacia acuerdos de 'libre' comercio, condenar y perseguir a las molestas ONG que 'malinforman' a las comunidades y generan conflictos sociales 'con financiamiento externo', respetar la estabilidad tributaria de las mineras, etc. Ello le daría sostenibilidad a la economía y, eventualmente, por el financiamiento proveniente de los enormes guarismos de canon y regalías, también aseguraría endeblemente la 'paz social'.
Por lo demás, en ese esquema de acumulación se dispone del apoyo irrestricto de los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID) y de la gran banca de inversión transnacional, así como del aún más incondicional de las grandes empresas transnacionales radicadas en ese sector minero-petrogasífero (y el financiero y de telecomunicaciones), todas las que los apoyarían para conseguir no solo el 'grado de inversión', sino también el financiamiento externo que requieren para sufragar nuestras importaciones, las que crecerán a ritmos acelerados para estimular el crecimiento económico que desean que llegue a un promedio sostenido de 7-8% en los próximos años y décadas. A este respecto, por lo demás, ya sabemos que vendrá una catarata de inversión extranjera; por lo pronto 11.400 millones de dólares se invertirán entre 2007 y 2014 solo en el subsector minero. Amparados en ese apoyo y a efectos de compensarlos, el interés peculiar y la prepotencia del gobierno en este campo se reflejó también, hace unas pocas semanas, con el proyecto de Ley que el Ejecutivo envió al Congreso para declarar de 'prioridad nacional' veinte proyectos mineros (algo de por sí insólito), entre los que figuraba nada menos que el de la minera Majaz, cuando solo unos días antes los comuneros de las localidades circundantes habían votado por un rotundo 'No' en contra de ese emprendimiento.
También es muy significativo en relación a ello, que ahora no le interesan tanto -como en su primer gobierno- las encuestas internas (este mes el grado de aprobación del presidente ha caído a un sorprendentemente bajo nivel del 30%, según la última encuesta a nivel nacional de Ipsos-Apoyo), que durante su primer gobierno causaran tanta gastritis. Sólo tiene la mira puesta en las opiniones de los electores externos que le darían el 'grado de inversión'. Habrá que esperar tres años para que vuelva a mostrar preocupación por la opinión pública doméstica, cuando se inicie un nuevo 'ciclo político de la economía', unos 18 meses antes de las elecciones generales del 2011.
Por lo demás, parecen saber que -de profundizarse esa tendencia productivoexportadora y de mantenerse los precios internacionales e incluso si cayeran a su nivel 'normal' de largo plazo- el tipo de cambio se irá revaluando crecientemente, dando lugar a una 'enfermedad holandesa' que ya nos contagió desde hace un año. De manera que, por más esfuerzos que haga el Banco Central (en lo que va del año ha tenido que comprar la friolera de 8.000 millones de dólares para que el sol no se revalúe aún más) el tipo de cambio de mediano plazo tenderá a caer paulatinamente en términos nominales y reales, a medida que se prolonga y se profundiza el esquema primario-minero-exportador de acumulación que ha decidido implementar a toda costa el presente gobierno. Por lo demás, una vez que se ha comenzado a desbrozar el camino por esa ruta, el trazo estará definido y nadie puede escapar de esa dirección, dado que las instituciones y las alianzas sociopolíticas que se alinean y fortalecen en esa vía impiden tomar rutas nuevas (el "camino de la dependencia", como lo llaman).
Ciertamente que, con ese bajo tipo de cambio, tendrán como interlocutores-enemigos permanentes a los exportadores agroindustriales y del empresariado de las ramas transables de la industria manufacturera, que serán desalojados paulatinamente de sus espacios de reproducción por falta de rentabilidad. Ya que las importaciones serán cada vez más baratas, a lo que habrá que añadir la reducción de aranceles que se acaban de reducir inconsulta y unilaterlamente y las consecuencias de los TLC que se vienen negociando, tanto aquellos como también el campesinado serán las más tenaces fuerzas de oposición política, a las que se colgarán también las desplazadas y desilusionadas bases del partido del pueblo.
Como contrapeso, sin embargo, gracias al dólar barato y a la reactivación interna que lo acompaña, contarán con el apoyo de los más desperdigados productores de mercancías no transables (construcción, servicios, comercio, energía, telecomunicaciones, etc.) que habrán de expandirse y beneficiarse a ritmos acelerados, así como todos los grandes grupos de comerciantes importadores.
También parecen ser concientes que este esquema es socialmente excluyente y que dará lugar a muchos enfrentamientos y movilizaciones a nivel local y regional. Pero, asimismo, son sagaces conocedores del hecho que esa vía de acumulación primario-exportadora es la que promete la generación de más excedentes económicos y, consecuentemente, de mayores ingresos fiscales. Y son éstos justamente, a través de una adecuada recaudación tributaria, los que les permitirían apagar los diversos incendios sociopolíticos que se irán acumulando, reforzando así la capacidad de convencimiento y de negociación que poseen para con los 'revoltosos'. Aunque con ello se profundizará nuestra democracia delegativa, cada vez más autoritaria por lo demás, también será más potente y selectivamente distributiva para 'los que tienen voz'.
No será, por tanto, un gobierno que podrá quedarse dormido en los laureles que viene cosechando de gobiernos anteriores y del hasta hace poco boyante mercado mundial, sino todo lo contrario. Aparecerán, día a día con más nitidez, las fracturas y las movilizaciones que se han venido incubando desde hace dos o tres décadas, potenciando los quiebres que se han ido dando en los últimos meses. No bastará ya un primer ministro bombero, que hasta ahora ha salido indemne, gracias a una serie de truculentas negociaciones.
En pocas palabras, aunque pueda sonar paradójico, la lógica político-económica de este gobierno es perfectamente sensata, no sólo porque García tiene que reivindicarse con los libros de historia, sino porque da toda la impresión de querer atornillarse en el poder hasta muy entrado en el siglo XXI. Apuesta por la continuación del boom minero-hidrocarburífero, en que especula que dispondrá de los excedentes necesarios para adoptar políticas clientelares y 'populistas' que le permitan mantenerse incólume en el poder. Hay que tener presente que aún tiene buen tiempo para cambiar la Constitución (para lo que se requiere de dos legislaturas ordinarias), de manera que se pueda materializar la reelección, a pesar de salir tan maltrecho de las encuestas domésticas de opinión... por el momento.
Por cierto que a este aventurado pronóstico hay que ponerlo en un enorme ceteris paribus, dadas las amenazadoras turbulencias económico-políticas provenientes del mercado mundial y aquellas conflagraciones sociopolíticas que previsiblemente se desatarán domésticamente... lo que no sólo revertiría el proceso que ahora promete el 'grado de inversión', sino que derivaría en una conmoción generalizada que desnudaría el endeble carácter del 'modelo', cuyas consecuencias políticas sí que son previsibles.