29 de noviembre del 2007

España

De la fiscalidad, la demografía y las pensiones

Lluis Casas
Metiendo Bulla / La Insignia . España, noviembre del 2007.

Si no recuerdo mal, el asunto de cabecera ya fue tratado en una anterior ocasión: en mayo pasado. Me reitero en lo dicho entonces y vuelvo al tema motivado por el informe mensual de La Caixa, que hace mención a la fiscalidad (en relación al crecimiento y el ciclo económico) y los presupuestos del 2050, en un ejercicio de malabarismo presupuestario más propio de los circos de América del Norte.

Ahí es necesario un pequeño introito en torno al tipo de comentarios y al posicionamiento de las cajas de pensiones, entidades afortunadamente marcianas en el mundo económico: como tiene intereses privados son gestores de fondos, sus aportaciones responden a las de la banca en general, con ciertas matizaciones benevolentes.

Inicio las maniobras, desplegando las velas del bajel bergantín, afirmando que la presión fiscal -la recaudación fiscal dicho de otro modo- es saludable tanto para el crecimiento sostenido, como para la estabilidad social, ¿estamos?. Un nivel fiscal adecuado a la riqueza existente y a las necesidades es toda una garantía para población, ciudadanos y, ¡ojo al parche!, para el mundo económico. Un sólido nivel de prestaciones sociales públicas es el mejor pegamento social, la mejor garantía de estabilidad económica. Las rebajas fiscales son apenas una burda trampa para clases medias obcecadas con el recibo del fisco. Las rebajas fiscales suelen producir déficits sociales públicos, educación, sanidad y servicios sociales. Y hacen emerger servicios privados para pudientes. Una anécdota que supone un paradigma: en EEUU (¡vaya por dios!) hay servicios de extinción de incendios privados. Uno se hace su seguro, paga y si tiene un incendio vienen los bomberos privados y lo apagan. Como el vecino, al que se le ha contagiado el incendio, no tiene seguro privado, no se lo apagan, tendrá que esperar a los bomberos públicos voluntarios. No es broma, así funciona también la sanidad privada y la escolaridad y los servicios para ancianos, etc. etc.

La elección de la rebaja fiscal cuando hay necesidades obvias es un mal negocio para los pobres, por descontado, pero, ¡ojo!, también para las clases medias, que terminarán abonando a las entidades aseguradoras privadas más de lo que se han ahorrado fiscalmente. Con un riesgo sobrevenido, los seguros privados no tienen piedad, y si no pagas te quedas fuera y si eres un cliente incomodo también.

Dicho lo anterior, voy a alguna sutileza. La fiscalidad, como todo en la vida merece cambios y transformaciones. Lo que era útil y justo ayer, hoy, tal vez, no sea lo mejor. Por lo tanto, periódicamente hay que revisar política y técnicamente el sistema fiscal. Nadie debe rasgarse las vestiduras por ello; ahora bien, esas reformas y adaptaciones periódicas deben cumplir un objetivo principal: la fiscalidad debe mantenerse como proveedora de recursos económicos al sistema público de prestaciones sociales y cualquier incremento o reducción debe traducirse en una modificación de los derechos sociales. Y, a la vez, el sistema fiscal debe responder a una eficaz y honesta progresividad en función de rentas y riqueza. La fiscalidad bien entendida es un mecanismo de solidaridad y de utilidad, eje a mi parecer del comportamiento verdaderamente humano. Así de claro. El candidato electoral que propone reducciones fiscales debe anunciar en qué reducirá las prestaciones sociales. Alguien me dirá que la reducción fiscal se traduce en un incremento de la economía y por lo tanto en un incremento de la fiscalidad de forma inducida, de modo que lo que se reduce, crece luego. Es esa una teoría poco práctica, pues es difícil de demostrar en la realidad y en todo caso podría asumirse en parte en determinadas circunstancias: crisis económica interior de importancia y permanente y nivel de prestaciones sociales alto o muy alto. Eso se da, afortunadamente en contadas ocasiones, y las decisiones que se toman respecto al fisco conllevan su propia revisión así que se producen mejoras económicas. Todos estaríamos de acuerdo que en ese marco de crisis se rebajara la subvención para animales de compañía. En otro caso nos situamos en el Chile de Pinochet: rebajas a los ricos y costes a los pobres.

Dicho esto, paso a la demografía, utilizada ella para prevenir las crisis más espectaculares del sistema. Si el porcentaje de pasivos supera un determinando índice, se acabaron las pensiones, etc. etc. Nos dicen. No voy a negar que la demografía provoca duras incidencias en los sistemas de protección social; ahí es nada lo que ocurre ahora mismo con nuestros mayores, pero no suscribo la creencia chusquera en que a acción, reacción. El sistema social no es lo mismo que el choque entre masas físicas. El tiempo y diez mil variables más intervienen para modificar el curso de la historia. Por lo que propongo que en la ecuación demografía-pensiones se introduzcan otras variables como la productividad, el ahorro, las cotizaciones progresivas más adecuadas, etc. Tanto los diputados como los sindicalistas deberían entender que todo cambia y que hay que lograr que sea para bien… de todos.

Entre las mejoras que pienso que se podrían introducir a costes bajísimos estaría que el sistema público de la seguridad social permitiera que sus cotizantes pudieran elegir sobre los porcentajes existentes, márgenes mayores de aportación a fondos individuales. Les estoy diciendo que un trabajador podría planificar su pensión futura en base a la parte obligatoria y regulada y a sus propias aportaciones al sistema público. De ese modo y mediante garantías de riesgo y retribuciones relacionadas con la deuda pública (de todas las administraciones) el sistema público ayudaría a incrementar el nivel de ahorro, sin especulación alguna, y obtendría una excelente previsión respecto a la capacidad económica real de los futuros pensionistas. Rediseñaríamos nuestro sistema de solidaridad, convirtiéndolo en un sistema de solidaridad entre generaciones y de capitalización personal.

Si, como le ocurre a muchos trabajadores, su empresario no ha cotizado por ellos en un período determinado y por lo tanto su jubilación se ve reducida o alargada, ¿no sería bueno que pudiese recuperar ese déficit mediante aportaciones personales en algún buen período retributivo? He oído a algún (plasta de) sindicalista muy ortodoxo exabruptos sobre propuestas parecidas (*). Creo que en esas posiciones de mejor que nada cambie están los peores cambios. Mucho hay que hablar respecto a ello, pero ahí queda.

(*) Nota de José Luis López Bulla: Hemos intentado sacarle el nombre de este sindicalista a don Lluis Casas. Por prudencia, me dice, se calla el nombre. Don Lluis se acoge a la máxima catequística de "se dice la estupidez, no el estúpido" (Aquinate dixit).