8 de agosto del 2007
El gobierno del Ecuador, presidido por Rafael Correa, ha decidido mantener en tierra casi mil millones de barriles de petróleo pesado en el Parque Nacional Yasuní. Esta medida no es tan diferente a la de evitar la extracción de petróleo en el Refugio de Flora y Fauna de Alaska, o a la de tratar de mantener bajos los niveles de pesca en Galápagos.
Esta decisión implica un importante costo de oportunidad financiero. Sin embargo, existen buenas razones económicas para declarar una moratoria petrolera en el Yasuní porque los costos reales de la explotación petrolera son probablemente más altos que los beneficios.
Primero, el precio del petróleo es comparativamente más bajo y los costos de extracción y transporte son más altos en el caso del crudo pesado. Segundo, hay externalidades locales, en la forma de contaminación del aire y agua, deforestación y pérdida de una rica biodiversidad, además de la amenaza al sustento, la salud y cultura de los indígenas huaorani. No es fácil traducir estos costos a términos económicos pero son realmente altos y a menudo irreversibles.
Hay que subrayar que al evitar la deforestación también se contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Tercero, el petróleo extraído finalmente se convertirá en calor disipado y dióxido de carbono, en tanto que la producción de dióxido de carbono a nivel mundial está creciendo más de 3 por ciento por año (las emisiones doblarán por tanto en veinte y dos años en vez de decrecer a la mitad, como deberían). El Ecuador tiene muy poca responsabilidad histórica en el cambio climático a nivel mundial. Ecuador no está obligado por los acuerdos internacionales vigentes a disminuir los gases de efecto invernadero, a pesar de lo cual, el gobierno del Ecuador quiere contribuir al abatimiento o disminución de las emisiones de dióxido de carbono, liderando una propuesta desde el sur.
El cambio climático afecta al Ecuador y otros países andinos directamente en la forma de deshielo de los glaciares y pérdida de las reservas de agua. Nadie está compensando al Ecuador por este daño. Además, un pequeño aumento en el nivel del mar dañaría las costas y especialmente a Guayaquil. Mantener el petróleo del Yasuní en tierra indefinidamente es por tanto una iniciativa sensata.
El precio del petróleo posiblemente aumente con el tiempo. Quizás la diferencia entre el precio y los costos crecerá más rápidamente que la tasa de descuento, al acercarnos al pico de la curva de Hubbert hacia los 100 mbd. Extraer el petróleo ahora significa sacrificar futuros ingresos si se da el caso que en 20 o 30 años el petróleo podría ser extraído alcanzando precios más altos que los actuales y quizás sin los altos costos de hoy. Por ejemplo, la tecnología de secuestro de carbono parece tener un cierto, lento progreso.
Por otra parte, el valor de la biodiversidad tiende a incrementarse conforme al ritmo de su destrucción. Existe por tanto mucha incertidumbre sobre el futuro distante, de manera que la decisión del gobierno del Ecuador se toma considerando los actuales costos y beneficios de la explotación petrolera en el Yasuní, y es una decisión que sale reforzada si se mira hacia el futuro.
Normalmente, nadie paga o compensa las externalidades locales y globales. ¿Se trata de fracasos del mercado, o quizás de fracasos de los gobiernos como la incapacidad de ponerse de acuerdo internacionalmente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?
De hecho, las externalidades no son tanto fallos del mercado o fallos de los gobiernos, son más bien éxitos en transferir precios. Los ricos y poderosos se los imponen a los débiles (los pobres de ahora, las futuras generaciones y otras especies). Las compañías petroleras, mineras, madereras, suelen transferirlos a los pobladores locales y a los ambientes naturales. Sus cuentas de resultados y balances no reflejan los pasivos socio-ambientales: Vean cuántos procesos legales para reclamar esos pasivos, como el de la Chevron-Texaco en Ecuador. Mientras tanto, los países ricos producen más gases de efecto invernadero per capita que lo que justamente les corresponde. Transfieren los costos del cambio climático hacia los más pobres y hacia las generaciones futuras.
El gobierno de Ecuador impulsa racionalmente la iniciativa de mantener el petróleo del Yasuní en tierra. Ecuador demanda que una parte del ingreso financiero sacrificado sea compensado por donaciones externas. La explotación del Yasuní rendiría un ingreso financiero positivo sólo porque las externalidades no se toman en cuenta. La preservación del Yasuní beneficia a la humanidad, no sólo a Ecuador.
Las donaciones (que podrían tomar la forma de reducción de la deuda externa) podrían ir a un fondo fiduciario destinado a inversiones socio-ambientales, tales como inversiones en energía eólica, geotérmica y solar, un amplio programa de construcción de nuevas viviendas, escuelas y transporte público energéticamente eficaces, y el desarrollo de capacidades e inversiones en eco-turismo.