II periodo de sesiones del CDH de la ONU: Declaración pública de AI sobre Colombia

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de prorrogar un año el mandato íntegro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, adoptada por la alta comisionada y el gobierno colombiano y hecha pública el 12 de septiembre de 2006.

Sin embargo, la organización de derechos humanos considera lamentable que se haya decidido renovar el mandato de la Oficina por un año en vez de cuatro, como se había hecho anteriormente. Los cuatro años de mandato concedidos a la Oficina en la renovación anterior le proporcionaron la estabilidad necesaria para llevar a cabo su labor con eficacia e independencia. Esta prórroga por un año no garantiza esa estabilidad, que tanto necesita especialmente ahora que, según los informes, el gobierno colombiano ha expresado su deseo de restringir las funciones de observación de la Oficina, lo cual reduciría notablemente su eficacia.

El gobierno colombiano afirma que el mandato se ha renovado sólo por un año para que la oficina de Colombia y la Oficina de la alta comisionada acuerden un nuevo mandato que refleje mejor la realidad actual de la situación de los derechos humanos en Colombia. Esta realidad, argumenta el gobierno, es radicalmente distinta de la que existía cuando se estableció la Oficina en 1997.

Amnistía Internacional considera que, precisamente por la situación actual de los derechos humanos en Colombia, es imprescindible que el mandato de la Oficina se mantenga intacto. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, y numerosos miembros de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, han expresado de manera reiterada su apoyo al mandato íntegro de la Oficina en Colombia.

Aunque algunos indicadores apuntan a un descenso de la violencia relacionada con el conflicto, principalmente en el número de secuestros y homicidios, estos datos ocultan una realidad de los derechos humanos que Amnistía Internacional sigue catalogando como crítica. En concreto, la organización considera motivos de grave preocupación el aumento del número de personas desplazadas internamente y del número de informes recibidos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad, así como los índices todavía elevados de "desapariciones", según ha informado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al Consejo de Derechos Humanos (E/CN.4/2006/56/Add.1). Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos paramilitares a pesar de su supuesta desmovilización.

La creciente violencia de los ataques perpetrados por los grupos armados de oposición contra comunidades civiles, que incluyen homicidios y secuestros, y el uso sistemático que hacen estos grupos del bloqueo económico y la "huelga armada", cuyas principales víctimas son personas civiles, constituyen también un motivo de preocupación. Amnistía Internacional reconoce que en algunas ciudades importantes han disminuido los homicidios, pero la situación sigue empeorando en las diversas regiones, especialmente en el medio rural. Muy pocos de los abusos contra los derechos humanos cometidos en zonas rurales se denuncian a las autoridades, bien por miedo a represalias de uno u otro actor armado, bien por falta de confianza en las instituciones competentes.

Todas las partes en conflicto siguen demostrando un gran desprecio por el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y todas han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos tipificados en el derecho internacional, como homicidios, "desapariciones", torturas y secuestros. La población civil es, inevitablemente, quien sufre las peores consecuencias de esta crisis de derechos humanos que todavía atraviesa una fase crítica, puesto que todas las partes armadas siguen dirigiendo sus ataques precisamente contra ella para impedir su apoyo -imaginario o real- a la parte contraria.

Así las cosas, la labor que desempeña la Oficina, en términos de observación, asesoramiento, cooperación técnica y promoción de los derechos humanos, tiene un valor incalculable. Por encima de todo, la Oficina ha demostrado su eficacia salvando numerosas vidas de civiles con su intervención. Pero además, la impagable labor realizada por las personas que defienden los derechos humanos en Colombia habría sido mucho más peligrosa sin el apoyo constante e inquebrantable que la Oficina les ha prestado en estos años. El trabajo de sus delegaciones regionales ha servido también para impedir que caigan en el olvido los derechos humanos de quienes habitan zonas remotas del país.

Por otra parte, la Oficina ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de las normas internacionales de derechos humanos cuando éstas se han visto amenazadas por una avalancha de iniciativas legislativas promovidas por el gobierno, en particular las relacionadas con la supuesta desmovilización de miembros de grupos armados ilegales, ya fueran de oposición o paramilitares. La Oficina ha estado en primera línea de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales internacionales y colombianas para recordar al gobierno de Colombia que la legislación destinada a regular el proceso de desmovilización, como la Ley de Justicia y Paz o el Decreto 128, no se ha ajustado en ningún momento a las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, y en cambio amenaza con agravar el escándalo de la impunidad reinante en Colombia, que ya es endémica. Con todo, el gobierno colombiano insiste en hacer caso omiso de estos recordatorios.

Amnistía Internacional ve con satisfacción el informe que ha elaborado la alta comisionada sobre Colombia (E/CN.4/2006/9) y su presentación al Consejo de Derechos Humanos en su actual periodo de sesiones. En él, la alta comisionada recalca la importancia de aplicar las recomendaciones contenidas en éste y anteriores informes. En el área de la prevención y la protección, solicita la adopción de un plan nacional de acción en materia de derechos humanos, largamente prometido, y el aumento de la protección de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Pide a las partes en conflicto que respeten el derecho a la vida y se abstengan de reclutar a niños y niñas soldados y de cometer ataques indiscriminados, secuestros y actos de violencia sexual. Para satisfacción de Amnistía Internacional, en el informe se recomienda que toda la legislación relativa a la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales se ponga en consonancia con los principios de derechos humanos, incluido el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener reparación. La alta comisionada insta al gobierno, además, a adoptar una política destinada a terminar con la impunidad.

Amnistía Internacional lamenta que el gobierno de Colombia -y los grupos armados de oposición colombianos- todavía no haya aplicado la mayoría de las recomendaciones contenidas en este informe, a pesar de que muchas de ellas ya figuraban en informes anteriores. Por otra parte, para la organización es motivo de decepción que aún no se haya dado una respuesta positiva a la solicitud de visitar Colombia formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

Amnistía Internacional insiste en la importancia de que el Consejo de Derechos Humanos estudie posibles formas de animar al gobierno colombiano a que aplique las recomendaciones formuladas por la alta comisionada en sus informes sobre las actividades de su Oficina en Colombia.

La organización de derechos humanos aguarda con impaciencia el próximo informe sobre Colombia de la alta comisionada al Consejo de Derechos Humanos.