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La insignia
15 de noviembre del 2006


Afganistán

Un compromiso a largo plazo


Amnistía Internacional, noviembre del 2006.



Amnistía Internacional ha expresado satisfacción por la misión del Consejo de Seguridad de la ONU en Afganistán, prevista del 11 al 16 de noviembre. Amnistía Internacional pide a esta misión que el compromiso internacional con la seguridad y la reconstrucción de Afganistán sea a largo plazo y que las medidas de contrainsurgencia y reconstrucción se rijan por las normas de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera fundamental que las normas de derechos humanos orienten la estrategia de la presencia de la ONU en Afganistán, tanto en términos de los organismos bajo control directo de la ONU como de las fuerzas de seguridad que tienen el cometido de preservar el Estado de derecho en el país. El Consejo de Seguridad debe asegurarse de que las fuerzas militares que actúan bajo su mandato respetan las normas de derechos humanos, y asimismo debe garantizar transparencia y rendición de cuentas en relación con sus operaciones.

Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad que dé a conocer las conclusiones de su misión a la opinión pública y que analice exhaustivamente los resultados, entre otras cosas invitando a expertos y otras partes pertinentes para informarlos.

La organización de derechos humanos pide asimismo al Consejo de Seguridad que redoble sus esfuerzos para restablecer el Estado de derecho en Afganistán garantizando su conocimiento pleno de los desafíos crecientes a los que se enfrentan la población afgana y la comunidad internacional.

Amnistía Internacional considera que el Consejo de Seguridad debe reforzar los principios de imparcialidad mediante la autorización de acciones completas de seguimiento y elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos por parte de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), lo que incluiría abordar las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes enfrentadas en el país. Para garantizar la coordinación de los esfuerzos destinados a extender el Estado de derecho y aplicar las normas de derechos humanos, es imprescindible la presentación de informes frecuentes, rutinarios y pormenorizados al Consejo de Seguridad por parte de la UNAMA y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) encomendada por el Consejo de Seguridad.

Además, Amnistía Internacional cree que también se debería solicitar a miembros de la comunidad de derechos humanos de Afganistán que informen a los miembros del Consejo de Seguridad.

Debido a que en la práctica sigue sin ser respetado y defendido el Estado de derecho en Afganistán, continúan las violaciones de derechos humanos cometidas impunemente, también por grupos armados.

Amnistía Internacional considera preocupantes los informes que indican que organismos nacionales como la Dirección de Seguridad Nacional y los gobiernos provinciales, encargados de preservar el Estado de derecho, están cometiendo violaciones de derechos humanos fuera del alcance de la justicia.

El hecho de que tales organismos nacionales no hayan rendido cuentas en aplicación del derecho afgano constituye una burla de las normas de derechos humanos en las que Afganistán es Estado Parte y contraviene los objetivos establecidos por la ISAF en sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, perjudica a la seguridad nacional de Afganistán y de las personas que habitan el país.

El alarmante clima de inseguridad y los motivos de preocupación sobre la estabilidad del Estado han creado una situación en la cual las personas que defienden los derechos humanos cada vez son más reacias a denunciar. Simultáneamente, la comunidad de defensores se enfrenta a amenazas de muerte y muchos temen que los maten como a Safiye Amajan, mujer defensora de los derechos humanos y directora del Departamento de Asuntos de la Mujer en Kandahar.

Siguen sin ser atendidas las demandas de la población afgana para que se haga justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y el avance hacia la aplicación del Plan de Acción para la Justicia Transicional es lento y poco satisfactorio. Entretanto, las operaciones de seguridad en curso por parte de fuerzas extranjeras, entre ellas las que han sido enviadas a Afganistán por el Consejo de Seguridad, están dando lugar a informes sobre lesiones y muertes generalizadas de personas civiles. Aunque estas fuerzas aseguran que intentan poner remedio, no se han creado mecanismos formales de resarcimiento o reparación, en contravención de los compromisos de Afganistán en materia de derechos humanos.

Mientras la comunidad internacional no dé los pasos necesarios para cumplir íntegramente sus compromisos con la seguridad y los derechos humanos en Afganistán, el futuro del país y de su población seguirá en la cuerda floja. Ahora más que nunca, es realmente necesario "secuestrar" este asunto del Consejo de Seguridad de la ONU.



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