Joaquín Arriola: España: Reformas neoliberales

«Quiero creer que nuestro mal gobierno
es un vulgar negocio de los hombres
y no una metafísica, que España
debe y puede salir de la pobreza,
que es tiempo aún para cambia su historia
antes que se la lleven los demonios.»
-Jaime Gil de Biedma-

¿Cuál es el contenido esencial de la reforma del mercado de trabajo pactada por UGT y CCOO con la patronal y el gobierno? Lo más importante, la "normalización" de las contrataciones temporales a través de las ETT, a las cuales se les rebaja un punto las cotizaciones patronales por desempleo, para igualarlas con las que pagan las empresas cuando hacen ellas los contratos, esto es, un 6,7%. Algo más de 90 millones de euros al año que dejará de ingresar el Estado, y que se acumulan a los beneficios netos de las empresas de contratación temporal. En segundo lugar, rebajar las cotizaciones patronales por desempleo en los contratos indefinidos, pasando del 6,5% actual al 5,75% a partir de julio y hasta el 5,5% en enero de 2008. Un "regalo" de más de 530 millones de euros, que deja de ingresar la caja del desempleo para aumentar la caja de los beneficios empresariales. Si a esto le añadimos el aumento de las bonificaciones pactadas por contratos a colectivos especiales o por contrataciones indefinidas, estamos hablando de cerca de 750 millones de euros al año, regalados por los representantes de los trabajadores y el gobierno, de parte de todos los ciudadanos a los empresarios.

¿Qué obtienen los trabajadores a cambio? Poca cosa. El compromiso de aumentar en 132 el número de inspectores de trabajo y en 124 el de subinspectores, es decir, unos 15 inspectores y subinspectores de media por comunidad autónoma, con un coste total de unos 10 millones de euros al año.

Vayamos a la reforma fiscal. ¿Qué es lo que se ha reformado? Una reducción en el impuesto de sociedades del 5% y del 10% para las pequeñas y medianas empresas, que representa una reducción prevista en los ingresos fiscales de 2.000 millones de euros y una reducción de tramos y del tipo máximo del IRPF, que se traducirá al menos en una reducción de otros 2.000 millones de euros de recaudación fiscal; es decir, la reforma consiste en una rebaja fiscal de unos 4.000, que se convertirán fundamentalmente en beneficios empresariales e ingresos capitalistas.

Entre las reformas, una que ha pasado casi desapercibida. A parir de ahora, la publicidad le saldrá gratis a las grandes empresas, al poder deducirla de su base imponible. Para difuminar un poco el asunto, se disfraza de apoyo empresarial al mecenazgo, de forma que por ejemplo el Banco de Santander puede donar 100 millones de euros a una o varias fundaciones culturales y artísticas, dedicar de ese dinero 90 millones a publicitar la ingente labor del banco a favor de la cultura, preferentemente con las letras del banco muy grandes y las de la cultura muy pequeñas, y deducir ese dinero de los impuestos que le toca pagar.

En esta evolución probeneficios del reformismo socialista, alguien tendrá que explicar alguna vez que pintan los sindicatos. Pero mientras esperamos a que nos lo cuenten, preguntémonos porque considera el gobierno que lo más importante en materia económica hoy en día no es acabar con la precariedad (es decir, suprimir las modalidades legales de contratación que se introdujeron en el Estatuto de los Trabajadores en su día), ni revertir la tendencia a la desigualdad en la tributación (que se puede hacer reduciendo el IVA en productos básicos, igualando el tipo del impuesto de sociedades al tipo medio del IRPF, implantando un verdadero impuesto sobre el patrimonio y aumentando la progresividad de los impuestos directos) sino por el contrario, darle más dinero a los empresarios reduciendo su contribución al presupuesto de todos los españoles.

Si este es el resultado principal de las reformas fiscal y del mercado de trabajo no es por casualidad. El gobierno parece especialmente preocupado por dos cosas: los procesos de deslocalización de empresas y la evolución de la rentabilidad, y el impacto que están teniendo en la producción industrial. Como se observa en el gráfico del índice de producción industrial, desde finales del año 2000 se nota una tendencia hacia el estancamiento de la producción industrial, cuya variación anual medida mes a mes tiende a concentrarse solo ligeramente por encima del nivel 0 (entre 2004 y marzo de 2006, el índice medio se sitúa en 1,3%, por debajo del nivel de reposición del capital. O dicho de otra forma, tenemos una situación de virtual estancamiento de la producción industrial).

La inversión extranjera tampoco va nada bien. Desde el año 2003 la inversión directa se está reduciendo cada año más. Y si tenemos en cuenta la inversión de empresas españolas en el exterior, desde 1997 el saldo es negativo, es decir, sale más capital del que entra.

En lo que respecta a la rentabilidad del capital, tras la crisis industrial de los años setenta, esta se recuperó rápidamente en la segunda mitad de lo ochenta en España, y se mantuvo por encima de la rentabilidad media del capital productivo de la Eurozona hasta 1999. Pero desde el año 2003 la rentabilidad está cayendo en España, mientras que en el resto de la Eurozona se mantiene o incluso mejora ligeramente.

En lo que se refiere a la rentabilidad de las inversiones financieras, aunque el capital financiero sigue llegando en gran cantidad (39 mil millones en 2003, 113 mil millones en 2004, 137 mil millones en 2004), las altas tasas de inflación de nuestro país erosionan la rentabilidad esperada, y lo mismo que entra, dicho capital puede salir volando -por eso se le denomina "capital golondrina"- en cuanto perciba que la rentabilidad que está obteniendo es inferior a la de otros países del entorno.

Estos pocos datos pueden ayudar a explicar porqué se prima la inversión financiera (el "ahorro" es el término que utiliza el gobierno) con un tipo impositivo del 18%, más bajo que el tipo marginal más bajo del IRPF, y más bajo que el impuesto de sociedades.

Por tanto, el objetivo central de la reforma fiscal consiste en favorecer el mantenimiento de los flujos de inversión financiera, que sirven entre otras cosas para pagar el abultado déficit comercial.

Pero el gobierno también se preocupa por la producción. El argumento subyacente a su política parece ser la siguiente: si la inversión extranjera se retrae y las empresas españolas invierten en el exterior, y aumentan los procesos de deslocalización, será porque la rentabilidad del capital está disminuyendo. Como los salarios no crecen desde hace varios años, y a pesar de todo la rentabilidad no mejora, lo que se propone el gobierno es reducir las transferencias de ganancias de las empresas hacia el Estado (reforma fiscal, reducción de cuotas patronales por desempleo) y al mismo tiempo, dar las garantías suficientes de que la fuerza de trabajo no se va a encarecer (mantenimiento de las modalidades de contratación precaria). Se pretende así incentivar la inversión productiva, que venga a sustituir como motor de la economía a la inversión en construcción, en proceso de desinflamiento, y cuyo dinamismo solo se mantendrá en los próximos años arropada por las inversiones en infraestructuras públicas.

Para mantener el gasto público se cuenta fundamentalmente con las medidas destinadas a hacer aflorar parte del dinero negro, que representa casi la cuarta parte de la economía española. En estas circunstancias, no es extraño que los ricos oficiales sean tan pocos; recientemente se han publicado los datos del impuesto sobre el patrimonio. Apenas 25.000 personas declaran poseer un patrimonio superior a 1,5 millones de euros, de los cuales 1.500 declaran un patrimonio superior a 6 millones, y solamente 65 personas con una base imponible superior a 30 millones. Gran ocultamiento frente a un impuesto que no recauda ni el 0,1% del PIB.

Si hoy el impuesto sobre la renta de las personas recauda el doble que el impuesto de sociedades (6,6% del PIB frente al 3,1%), en el futuro, la distancia será aun mayor. Los dividendos de las acciones de los propietarios cotizan menos que los salarios de los empleados. Las rentas financieras cotizan menos que los salarios. El capital transfiere menos recursos para ser redistribuidos que el trabajo. Pero tiene más capacidad de influir en como realizar el reparto que los trabajadores.

En las reformas fiscal y laboral, no hay ninguna iniciativa de cambio estructural, de pasar de un modelo de servicios de bajo coste y producción de componentes y subcontratación, a un modelo de innovación. No hay ningún compromiso de mejora de la distribución de la renta, ninguna propuesta que garantice la reducción de la precariedad, ninguna idea nueva que permita crearnos la ilusión de que quienes gobiernan aspiran a algo más que a gestionar lo recibido. El aumento del conflicto social será sin duda la consecuencia del rumbo elegido por quienes mientras estamos a verlas venir, toman las decisiones en nuestro nombre.

(*) De próxima publicación en Noticias Obreras, de España.