Irene Khan: Dejen de jugar con los derechos humanos

Abarcando 150 países, desde Afganistán a Zimbabue, el Informe 2006 de Amnistía Internacional es un comentario sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Cubre una diversidad de cuestiones y habla de la responsabilidad de gobiernos (grandes y pequeños), grupos armados y empresas. Pero el mensaje general que transmite es el de que:

Los gobiernos poderosos juegan un juego peligroso con los derechos humanos.

Los gobiernos con poder e influencia -Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, China y Rusia- fueron cómplices de violaciones de derechos humanos o las cometieron ellos mismos en 2005, tanto en su país como en el extranjero.

Los gobiernos siguieron sacrificando los principios en nombre de la "guerra contra el terror".

Hace casi exactamente un año, aquí en esta sala, en nombre de Amnistía Internacional (AI), pedí el cierre del campo prisión de Guantánamo. Lo que entonces era la voz solitaria de AI se ha convertido en un coro numeroso e influyente, que incluye a líderes de opinión estadounidenses, figuras religiosas, gobiernos clave y entidades de la ONU, como el Comité contra la Tortura. Por aquel entonces el gobierno estadounidense reaccionó enérgicamente ante nuestra petición, pero, en una entrevista mantenida recientemente en la televisión alemana, incluso el presidente Bush dijo que le "gustaría mucho cerrar Guantánamo y someter a los prisioneros a juicio". Nosotros, desde Amnistía Internacional, le instamos enérgicamente a hacerlo o a poner a esos prisioneros en libertad inmediatamente.

Un año es mucho tiempo en política, pero aún es más tiempo si eres un prisionero recluido sin cargos, sin juicio y sin perspectivas de ser liberado en Guantánamo. Unas 460 personas de unas 40 nacionalidades diferentes permanecen recluidas en el campo prisión. Su desesperación es evidente por el gran número de intentos de suicidio (un prisionero lo ha intentado más de 12 veces) y huelgas de hambre. El incidente del viernes pasado en el que se atacó a guardias de la prisión fue otra señal más de lo desesperado de la situación. Guantánamo es una olla a presión a punto de estallar.

Y Guantánamo es sólo la punta del iceberg de una gran red de centros de detención en Irak, Afganistán y otros lugares secretos en todo el mundo, en los que Estados Unidos y sus aliados mantienen recluidos a miles de prisioneros sin cargos ni juicio. La semana pasada, el Comité de la ONU contra la Tortura preguntó a la delegación estadounidense si Estados Unidos mantiene centros secretos de detención. El delegado respondió: "Sin comentarios".

La duplicidad y el doble rasero se han convertido en el distintivo de la "guerra contra el terror".

Altos cargos estadounidenses -entre ellos la secretaria de Estado Condoleeza Rice y el presidente George Bush- dieron garantías de que Estados Unidos no practica la tortura. Sin embargo, nuestras investigaciones durante el año pasado revelaron pruebas de torturas y malos tratos generalizados en los centros de detención controlados por Estados Unidos. Nuestras investigaciones también revelaron que la CIA ha trasladado a la fuerza a prisioneros a países en los que han sido torturados. La industria de la tecnología informática subcontrata la fabricación de software a la India; Estados Unidos subcontrata la tortura a países como Marruecos, Egipto, Jordania y Siria.

Un nuevo aspecto de la "guerra contra el terror" en 2005 fueron las pruebas concretas de que algunos gobiernos europeos son cómplices de Estados Unidos en la entrega y el traslado forzoso de prisioneros a países en los que han sido torturados. Al menos siete países europeos han estado implicados en la entrega de 14 personas, pero hasta ahora sólo un país (Italia) ha iniciado procedimientos penales contra la CIA.

La indignación pública ha forzado a que se inicie un rendimiento de cuentas -con investigaciones del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y algunas instituciones nacionales- sobre las "entregas extraordinarias" y las prisiones secretas gestionadas por Estados Unidos.

Las instituciones públicas se negaron a socavar la prohibición de la tortura. La Cámara de los Lores británica rechazó el argumento del gobierno de su país de que es legítimo presentar ante los tribunales pruebas obtenidas mediante tortura por agentes extranjeros fuera de Reino Unido.

El Senado estadounidense adoptó una ley que prohíbe la tortura y los malos tratos a prisioneros bajo custodia de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo.

Por desgracia, en lugar de aceptar y agradecer los esfuerzos de tribunales y cámaras legislativas por reinstaurar el respeto por los derechos humanos, algunos gobiernos buscaron nuevas vías para negar o eludir sus obligaciones internacionales.

Cediendo ante la presión de los republicanos, el presidente Bush firmó el proyecto de ley que prohíbe la tortura, pero añadió una declaración por la cual, en la práctica, el ejecutivo se reserva el derecho de eludir esta disposición por razones de seguridad nacional.

Reino Unido afirmó respetar la prohibición contra la tortura, pero luego negoció garantías diplomáticas con países que tienen un historial de tortura, para así poder devolver libremente a esos países a personas, incluidas algunas que ya habían sido torturadas allí anteriormente. Líbano, Jordania, Libia, Egipto o Argelia son algunos de los países de los que Reino Unido ha obtenido o con los que está negociando esas garantías.

La postura del derecho internacional está clara. No hay nada que justifique la tortura y los malos tratos. Del mismo modo que condenamos los atentados terroristas contra civiles en los términos más enérgicos, debemos oponernos a las afirmaciones de los gobiernos que alegan que el terrorismo puede combatirse con la tortura. Esas afirmaciones son engañosas, peligrosas y sencillamente erróneas: no se puede apagar un fuego con gasolina.

Cuando el gobierno estadounidense hace caso omiso de la prohibición absoluta de la tortura y no investiga los abusos cometidos por sus soldados, cuando los gobiernos europeos entierran su cabeza colectiva en la arena y se niegan a cuestionar su propia actuación respecto a las "entregas extraordinarias", el racismo o los refugiados, dañan su capacidad de defender los derechos humanos en otros lugares del mundo.

No todos los abusos contra los derechos humanos pueden atribuirse a la "guerra contra el terror", pero no cabe duda de que esta guerra ha dado nueva vida a viejas formas de represión en algunas partes del mundo.

En 2005, esta guerra proporcionó una efectiva cortina de humo a los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África para seguir llevando a cabo detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos, represión de la disidencia política o persecución étnica, por ejemplo contra el pueblo kurdo y las minorías religiosas. Estos gobiernos ejercen estas prácticas hoy día con mayor confianza de lo que lo hacían en el pasado, cuando temían ser criticados. La "guerra contra el terror" ha traído consigo la rehabilitación de Libia (antes considerado un Estado terrorista), con el restablecimiento de lazos diplomáticos por parte de Estados Unidos y la negociación de garantías diplomáticas por parte de Reino Unido. El domingo, un miembro suizo de Amnistía Internacional en Túnez fue expulsado del país, y ayer un miembro tunecino fue detenido y luego puesto en libertad: sólo dos casos entre los muchos que se dan de acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Pero el coste real de la "guerra contra el terror" no se ha observado sólo en la restricción de las libertades civiles, sino también en las vidas y los medios de subsistencia de los sectores más pobres de la sociedad.

El año 2005 fue testigo de la mayor movilización y el mayor apoyo público de la sociedad civil nunca vistos para erradicar la pobreza. Sin embargo, en respuesta, la Cumbre de la ONU mostró el espectáculo de unos gobiernos que incumplían de forma lamentable las promesas formuladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tras el Huracán Katrina y los disturbios en Francia, 2005 puso también de manifiesto la terrible disparidad, discriminación y alienación en el corazón de los países más ricos del mundo.

Los derechos humanos de las mujeres fueron otra víctima invisible de la "guerra contra el terror". En marzo de 2005 se celebró el décimo aniversario de la Plataforma de Acción de Pekín en favor de las mujeres, pero, en lugar de utilizar ese aniversario para avanzar a partir de los progresos realizados, el tiempo se fue en resistirse a la reacción de las fuerzas conservadoras que han revivido en el actual entorno de seguridad. La "guerra contra el terror" atrae la atención, pero la guerra contra las mujeres pasa desapercibida mientras centenares de mujeres, por ejemplo, son asesinadas impunemente en México y Guatemala, o el 25 por ciento de las mujeres del mundo sufren abusos sexuales a manos de sus compañeros.

En un momento de globalización sin precedentes, en el que desaparecen las barreras a productos y capitales, 2005 fue escenario de la construcción de fronteras contra refugiados y migrantes. Sin prestar atención a la explotación económica de los inmigrantes ilegales, los gobiernos se centraron en construir fronteras, ya fuera contra los trabajadores y trabajadoras birmanos en Tailandia, contra los migrantes africanos en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, o ahora contra las personas inmigrantes en Estados Unidos.

La agenda de seguridad de los sectores poderosos y privilegiados distrajo la energía y la atención del mundo, apartándola de las graves crisis de derechos humanos.

El desarrollo social no fue la única víctima. Los conflictos olvidados de África, Asia y Oriente Medio se cobraron su precio. Israel y los Territorios Ocupados también quedaron fuera de la agenda internacional en 2005, lo que incrementó la angustia y la desesperación de la población palestina y el temor de la población israelí.

Los gobiernos poderosos desaprovecharon sus recursos y dedicaron su capacidad a la aplicación de estrategias militares y de seguridad que cosecharon unos sangrientos frutos.

Todos podemos ver la cuenta de conflicto incesante y abusos contra los derechos humanos en Afganistán e Irak.

La ausencia de investigaciones o enjuiciamientos de los abusos cometidos por sus propios soldados o por personal contratado de seguridad socava las afirmaciones de la Fuerza Multinacional cuando asegura estar restaurando el Estado de derecho en Irak. Está claro que las actuales estrategias del gobierno iraquí y de la Fuerza Multinacional no están funcionando. Cuando los poderosos son demasiado arrogantes para revisar y reevaluar sus estrategias, quienes pagan el precio más alto son los pobres y los desvalidos: en este caso, los hombres, mujeres, niños y niñas corrientes de Irak.

Los gobiernos, colectiva e individualmente, paralizaron las instituciones internacionales y desaprovecharon recursos y capacidades en estrategias militares y de seguridad mal orientadas.

Darfur fue el caso más triste de 2005. Dos millones de personas han tenido que desplazarse, más de 200.000 han muerto, centenares han sido violadas y las atrocidades continúan imparables. La atención intermitente y la débil acción de las Naciones Unidas y la Unión Africana se quedaron patéticamente cortas para cubrir las necesidades de Darfur. China y Rusia paralizaron el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger sus intereses petroleros y el comercio de armas con Jartum. Estados Unidos se mostró deseoso de que se emprendieran acciones, pero su capacidad se había visto reducida a causa de Irak, y su autoridad moral estaba empañada por la "guerra contra el terror".

En un año en el que la ONU dedicó gran parte de su tiempo a hablar de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y la pertenencia a él, no prestó atención a la actuación de dos miembros clave -China y Rusia- que han permitido una y otra vez que sus limitados intereses políticos y económicos prevalezcan sobre los derechos humanos y sobre sus responsabilidades nacionales e internacionales.

El comportamiento de Rusia transmitió un enérgico mensaje sobre los derechos humanos a sus vecinos más cercanos. Su hostilidad hacia las personas que defienden los derechos humanos en el país no pasó desapercibida para otros Estados con deseos similares de reprimir a la sociedad civil. Rusia respaldó a Uzbekistán cuando éste se negó a permitir una investigación independiente sobre los homicidios de Andiyán. El propio enfoque de Rusia respecto a Chechenia se basaba en la impunidad para los abusos cometidos por sus propias fuerzas de seguridad.

El ascenso de China como potencia económica mundial da a este país una mayor responsabilidad en las relaciones internacionales. Pero China siguió mostrando escasa preocupación por los derechos humanos tanto en su país como en el extranjero, y estableció asociaciones económicas con algunos de los regímenes más represivos de todo el mundo; asimismo, siguió restringiendo los derechos humanos en su territorio.

2005 fue un año de contradicciones, con señales de esperanza frente a las promesas incumplidas y los fallos de liderazgo.

El número general de conflictos en el mundo decreció, gracias a la gestión internacional de los conflictos, la prevención y las iniciativas de establecimiento de la paz, lo que dio esperanza a millones de personas en países como Angola, Liberia y Sierra Leona.

En Nepal, la resistencia ejercida por defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y dirigentes políticos, por un lado, y la firme presión de los aliados en el extranjero, por el otro, obligaron al rey a devolver el poder al Parlamento.

Pese a las deficiencias de los sistemas judiciales nacionales, la lucha contra la impunidad siguió cobrando nuevas fuerzas con las medidas tomadas para llevar ante la justicia a Augusto Pinochet, Alberto Fujimori y Charles Taylor. La Corte Penal Internacional dictó sus primeras actas de acusación contra dirigentes de grupos armados en el norte de Uganda y en la República Democrática del Congo.

La maquinaria de derechos humanos de la ONU, muy desacreditada, fue revisada, y se ha establecido un nuevo Consejo de Derechos Humanos.

Además, en 2005 presenciamos un despliegue extraordinario de solidaridad y resistencia más allá de las fronteras por parte de activistas de derechos humanos y gente corriente. Desde las concentraciones de grupos indígenas en Latinoamérica hasta las mujeres que reafirmaban sus derechos en Asia, pasando por las manifestaciones masivas de migrantes en ciudades de Estados Unidos, la idea de los derechos humanos -y el movimiento mundial de personas que la mueve hacia delante- es más fuerte y poderosa que nunca.

Cada vez más, se pide a los gobiernos que rindan cuentas ante cámaras legislativas, tribunales y otros foros públicos. Se están trazando líneas, aunque aún sean muy frágiles. Se están alzando voces. Esto brinda la esperanza de un enfoque futuro de los derechos humanos y la seguridad más basado en los principios. A largo plazo, este crecimiento de la sociedad civil y de la acción de masas es un buen augurio para la protección de los derechos humanos. Existe un potencial real de cambio.

Al mirar hacia adelante, hacia 2006, está claro que se vislumbran tanto oportunidades como riesgos. Mediante nuestras campañas estamos planteando cuatro desafíos:

En primer lugar, debe cerrarse Guantánamo. El presidente Bush debe cumplir su palabra. Su credibilidad seguirá estando en entredicho hasta que ponga fin a este vergonzoso símbolo del abuso de poder estadounidense. Estados Unidos y sus aliados deben desvelar los nombres y lugares donde se encuentran todas las demás personas detenidas en secreto, y esas personas deben ser procesadas o liberadas.

En segundo lugar, las armas pequeñas son las auténticas armas de destrucción masiva. Avivan los conflictos, la pobreza y los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La Conferencia de Revisión de la ONU que sobre este tema se celebrará en junio brinda a los gobiernos la oportunidad de establecer un Tratado sobre el Comercio de Armas. Pedimos a todos los gobiernos que lo respalden.

En tercer lugar, la maquinaria del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirá por primera vez el mes que viene. No debe verse empañada por los viejos juegos de poder. Debe insistir en que las normas son iguales para todos los gobiernos, ya sea en Darfur, en Guantánamo, en Chechenia o en China.

Por último, deben cesar los homicidios, las violaciones y los desplazamientos en Darfur. El Acuerdo de Paz de Darfur contiene sólidas disposiciones de derechos humanos que ofrecen un camino a seguir, si se aplican debidamente. Pero, para que funcione, el Consejo de Seguridad de la ONU debe desplegar urgentemente fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y no debe permitir que el gobierno de Sudán lo manipule. Mientras se despliegan esas fuerzas, los observadores de la Unión Africana deben contar con el apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo su trabajo. Los Estados árabes tienen una especial responsabilidad de animar a Sudán a permitir la operación de la ONU. Los dirigentes árabes se hacen un flaco favor a sí mismos y a otros países cuando utilizan la solidaridad como escudo para eludir sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Más que nunca, el mundo necesita que los países con poder e influencia se comporten con responsabilidad y respeto por los derechos humanos. Los gobiernos deben dejar de jugar con los derechos humanos.