AI condena los homicidios de civiles en Sri Lanka

Amnistía Internacional expresa su alarma ante el creciente número de civiles que pierden la vida debido a la aparente escalada de un conflicto armado de baja intensidad, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en el 2000 entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE). Sólo en el último mes han muerto más de 200 personas, la mayoría civiles, y más de otras 20.000 han sido desplazadas de sus hogares. Amnistía Internacional teme que el fracaso del acuerdo de alto el fuego y la reanudación del conflicto armado abierto tenga más consecuencias devastadoras para los civiles.

Según los informes, en varios incidentes distintos ocurridos durante el último fin de semana (13 y 14 de mayo) en el norte y el este de Sri Lanka, perdieron la vida al menos 18 civiles. Los informes indican que 13 civiles tamiles murieron en una serie de incidentes producidos en la isla de Kayts, pequeño islote situado frente a la costa noroccidental de la península de Jaffna bajo estricto control de la Marina de Sri Lanka, que tiene en él una importante base. El 13 de mayo, hacia las 8:30 de la tarde, unos pistoleros no identificados entraron en el domicilio de Sellathurai Amalathas, en Allaipiddy, y abrieron fuego causando la muerte de ocho personas en el lugar, entre ellas un bebé de cuatro meses y un niño de cuatro años; otra víctima falleció más tarde, en el hospital. En otro incidente ocurrido hacia las 10:30 de esa misma noche, unos pistoleros no identificados entraron en la vivienda de Murugesu Shanmugalingam, de 72 años, en Puliyankoodal, también en la isla de Kayts, y le mataron a tiros a él y a otros dos miembros de su familia. Además, según los informes, fueron incendiados diez comercios de Puliyankoodal. En Vangalady, las fuentes indican que unos pistoleros entraron en la casa de Ratnam Senthuran, propietario de una tienda de té, y le mataron a tiros. Los agresores también dispararon contra su familia, algunos de cuyos miembros resultaron heridos, aunque lograron huir.

El gobierno ha condenado los homicidios de la isla de Kayts y ha anunciado que se ha abierto una investigación policial. Amnistía Internacional expresa su beneplácito por estas medidas iniciales, pero señala que existe una inquietante constante de investigaciones incompletas o inefectivas del gobierno, por lo que los autores de estos actos violentos suelen actuar con impunidad. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Sri Lanka, el gobierno debe realizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas de todos los homicidios; los resultados de estas investigaciones deben hacerse públicas, y las personas que resulten responsables de los ataques deben comparecer ante la justicia. Sin unas investigaciones y enjuiciamientos efectivos es probable que se intensifique el ciclo de actos violentos de represalia, tan peligroso para las vidas de los civiles.

Los LTTE han atribuido la responsabilidad de los ataques de la isla de Kayts a la Marina de Sri Lanka, acusación que ésta ha negado. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido informes verosímiles según los cuales en el lugar de los homicidios estuvieron presentes personal de la Marina de Sri Lanka y cuadros armados del Partido Democrático Popular de Eelam (EPDP), partido político tamil que se opone a los LTTE. El gobierno ha sugerido, por su parte, que los LTTE orquestaron el ataque para "desviar la opinión internacional".

Con independencia de quién sea el responsable de los ataques, el gobierno de Sri Lanka, en virtud del derecho internacional, tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir estos homicidios y de garantizar que los autores comparecen ante la justicia y que las familias de las víctimas puedan obtener una reparación.

Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto -incluidos el gobierno de Sri Lanka, los LTTE y otros grupos armados- que adopten todas las medidas posibles para evitar los daños a civiles y respetar el derecho internacional humanitario, que prohíbe el asesinato de quienes no toman parte activa en las hostilidades y los actos de violencia contra estas personas.