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La insignia
27 de marzo del 2006


Ecuador: Doce puntos para el debate (II)

Verdades, medias verdades y falsedades del TLC


Alberto Acosta
La Insignia. Ecuador, marzo del 2006.


"El TLC hará crecer la economía"

En contra de las declaraciones gubernamentales de que con el TLC crecerá la economía, se puede demostrar, incluso con estudios oficiales, que los resultados en este campo son insuficientes. La Dirección General de Estudios del Banco Central del Ecuador presentó, hace un par de meses, los resultados que espera del TLC en su estudio: Modelo ecuatoriano de equilibrio general aplicado. Sus cifras, de precisión angustiante, son concluyentes. Si se firma el TLC, el PIB tendría un incremento anual de 0,027%, con un impacto inicial de 0,003%. Las exportaciones aumentarían al principio en 0,02%, para luego, si se cumplen las premisas del modelo, subir en 0,963%. En el caso de las importaciones (desde EEUU), su alza sería de 1,728%, con un aumento inicial de 0,073%.

Sin embargo, como consecuencia de la desgravación arancelaria para productos provenientes de EEUU, el mismo Banco Central calcula un costo fiscal de 163 millones de dólares. Esto significa que la reducción de los aranceles dejará un bache fiscal que habrá que cerrarlo de alguna forma, por ejemplo a través de un incremento del IVA o la eliminación del subsidio al gas doméstico o el alza del precio de la gasolina o con una mayor reducción de la inversión social.

En este punto es bueno destacar algunos aspectos puntuales:

1. Medicinas.- Los datos que proporciona el estudio de CORDES -aquel organismo del ex-presidente Oswaldo Hurtado Larrea, uno de los mayores portaestandartes en Ecuador de la ideología del Consenso de Washington- sobre el impacto del TLC en las medicinas tampoco dejan de ser preocupantes. Según este informe, solicitado por el equipo negociador del TLC, las pretensiones estadounidenses -como sería aceptar segundos usos para ampliar la patente de las medicinas- eliminarían o retardarían el aparecimiento de nuevos competidores. Y esta reducción de la libre competencia -a eso también apunta este acuerdo de "libre" comercio- se traduciría en un incremento de los precios del 186%, con la consiguiente caída de la demanda en las medicinas de 77%. Incluso un incremento de un 1% ya sería motivo suficiente para la disconformidad.

La situación en temas de propiedad intelectual es compleja. Los EEUU promueven "los intereses de la industria farmacéutica a costa del acceso a las medicinas en las naciones en vía de desarrollo", esto lo reconoció en el Senado norteamericano, el senador Edward Kennedy, el 16 de febrero del 2005. Este senador demócrata reclama a la administración de Jorge Bush II porque desafía la Declaración de Doha, en el marco de la OMC, con la que los propios EEUU aceptaron que primero es la salud y luego el negocio. Bush II "utiliza incontable tácticas legales para retrasar la aprobación de las medicinas genéricas", al tiempo que hace enormes esfuerzos "para proteger las ganancias de las compañías farmacéuticas de productos de marca"; esta acción, siempre en palabras de Kennedy, "es una política inmoral".

A esto habría que añadir el impacto no calculado (realmente imposible de calcular) de los efectos que provocaría otra pretensión de los EEUU, la que busca patentar plantas, animales y recursos genéticos, con todas sus consecuencias ambientales, sociales y culturales.

En suma, hay que considerar los efectos que provocaría la eliminación de restricciones que impidan a las empresas privadas monopolizar patentes, incluso de aquellas que afecten los conocimientos comunitarios de los pueblos indígenas. La posibilidad de patentar la vida -plantas y animales- estaría abierta con el TLC por más que se introduzcan carta de conducta paralelas, pues se debe tener siempre presente que los EEUU no han suscritos convenios vitales como el de la biodiversidad o el de Kioto.

2. Microempresa.- Los efectos del TLC en la microempresa en el Ecuador tampoco se muestran alentadores. Con financiamiento de la USAID y la cooperación de otras organizaciones se realizó una gran encuesta a nivel nacional (30.000 microempresarios), la cual demuestra que el TLC afectará a 2 millones y medio de personas. Para paliar sus efectos se pretende realizar programas de microcréditos. (Como un dato al margen valga conocer que la USAID y otros organismos multilaterales, como el BID, han financiado estudios de la comisión negociadora ecuatoriana, así como consultorías pro TLC con personajes vinculados a la tendencia neoliberal, como Mauricio Pozo, ex-ministro de Economía y "economista de cabecera del dictócrata" Lucio Gutiérrez).

4. Agricultura y ganadería.- En el ámbito agropecuario los estudios son demoledores. Un estudio de la FAO y la CEPAL concluyó que en cualquier escenario, incluso en el más positivo para el país, el TLC es negativo para el agro ecuatoriano.

Estos organismos de Naciones Unidas demuestran que al menos el 57% de las personas que viven en las unidades productivas, algo más de 1,66 millones de habitantes del campo, dependen para su subsistencia de productos amenazados por el TLC. El golpe será mayor para las mujeres, por cierto. Puesto en términos regionales, las provincias más afectadas serían las de Imbabura, Bolívar, Azuay, Los Ríos, El Oro y Manabí. Y los más golpeados serían los productores de maíz suave y duro, papa y arroz, productores avícolas, así como de fréjol, cebada, soja, carnes, leche en polvo, quesos, cítricos, etc.; productores que en gran medida tienen pequeñas parcelas de tierra: Por ejemplo, se han destinado hasta 300 mil hectáreas a la producción de maíz duro, en unas 82 mil fincas, de las cuales el 70% son fincas de menos de 20 hectáreas.

El Ecuador, por esas ironías de la vida neoliberal, no por falta de eficiencia de sus productores, en vista de que el Estado de EEUU subsidia el 52% del precio de su arroz, pasaría de exportador (7) de arroz a importador…

?El país rico impone condiciones a los países pobres para proteger su agricultura y asegurarse mercados para sus productos agrícolas. Hay que considerar que en las negociaciones del TLC, por ejemplo, los EEUU imponen cuotas a la importación de azúcar proveniente de los países centroamericanos y andinos (8), y simultáneamente quieren introducir sus productos agropecuarios subsidiados: maíz suave y maíz duro, arroz, papas, cuartos traseros de pollo... Con esta intención estadounidense lo que se anuncia, en definitiva, es la desaparición de gran parte de la actividad agrícola vinculada a estos productos. Los períodos de gracia y de desgravación arancelaria previstos apenas postergan dicha desaparición (9). Además, como vimos antes, poco más tarde puede reaparecer el beneficio que obtuvieron los consumidores cuando los EEUU ya no requieran más de los subsidios a su agricultura.

Este es un asunto de sumo cuidado, pues mientras en Ecuador, por ejemplo un 27% de la población económicamente activa trabaja en el agro, en los EEUU este porcentaje no llega al 2%.

5. Inversión extranjera.- Sin minimizar la significación de los puntos arriba mencionados, por falta de espacio en este punto nos centramos en el tema de las inversiones extranjeras. En los TLC suscritos por Washington e incluso en el borrador del ALCA, la gran matriz para los TLC en marcha, en el capítulo sobre la inversión extranjera directa, hay una definición amplísima de lo que es inversión, que incluye la deuda externa, a la que se la ve como inversión extranjera indirecta.

Se sabe que con el TLC las empresas gringas estarían casi "inmunizadas" contra medidas del Estado nacional. Serían entidades "extraterritoriales", en muchos casos ya no estarán sujetas a la jurisdicción nacional. Y eso se apuntala en tres patas:

1) La mencionada definición de lo que es una "inversión", que incorporaría activos, créditos externos, inversiones bursátiles, títulos financieros y a lo mejor "futuros, opciones y derivados"; en el borrador del ALCA se define como inversión a "todo tipo de activo y derecho de cualquier naturaleza" o "todo activo de propiedad o controlado directa o indirectamente".

2) La utilización de arbitrajes internacionales, en el marco del Banco Mundial (CIADI), al margen de los sistemas jurídicos nacionales, para que los inversionistas extranjeros (sólo ellos) puedan resolver sus conflictos con el Estado nacional cuando vean afectados sus intereses por lo que ellos consideren una "expropiación".

3) Como complemento, hay otra definición también muy amplia de lo que se entiende por "expropiación", la que, según una de las formulaciones del borrador del ALCA, es toda medida que baja las ganancias o sus expectativas, y que podría ser provocada, para mencionar un par de ejemplos, por un alza del salario mínimo vital, por una disposición ambiental que obligue al uso de filtros contra la polución... Todo esto es públicamente promocionado desde dentro de nuestros países por unos cuantos representantes de las empresas norteamericanas, empeñados en consolidar la "seguridad jurídica" para el inversionista extranjero.

También hay claras referencias a las "concesiones, licencias, autorizaciones, permisos, y a derechos similares conferidos en seguimiento a la ley doméstica aplicable". Esto significaría que si un gobierno revoca una concesión (del agua potable, por ejemplo), por la razón que sea, podría ser conducido directamente, sin pasar por un proceso judicial previo, a un arbitraje internacional. Por lo tanto, es preciso que se entienda que el arbitraje planteado por la compañía Occidental al Estado ecuatoriano para conseguir la devolución de 75 millones de dólares por concepto del IVA, que tanto revuelo ha causado, es apenas un pálido reflejo de lo que se viene.

En conclusión:

-La sobreprotección a la inversión estadounidense se refleja en la potestad de demandar a al gobierno fuera de la legislación nacional: el arbitraje. Esta posibilidad debilita los marcos jurídicos nacionales y pone en desventaja incluso a los empresarios nacionales. Esto implica una clara perdida de soberanía.
-El tratamiento de la deuda externa como inversión extranjera también reduce las capacidades de acción del Ecuador, que no podría instrumentar procesos de reestructuración o renegociación de sus deudas sin sufrir las represalias legales de los EEUU.
-La limitación para que el Estado pueda desarrollar políticas industriales proactivas, al prohibírsele que imponga a los inversionistas extranjeros cuotas mínimas de exportación, grados o porcentajes mínimos de contenido nacional, preferencias por bienes producidos o servicios prestados en su territorio, relacionar el valor o el volumen de las importaciones con el volumen o valor de exportaciones, reglas de transferencia de tecnologías o conocimientos.

6. Otros ámbitos.- Para completar el análisis se precisa conocer en detalle el alcance del TLC en otros campos. Como se dijo al inicio, el TLC no se agota en el ámbito comercial. La apertura comercial de las economías de la región, sin que los EEUU estén dispuestos a revisar sus esquemas proteccionistas, los subsidios a la agricultura, por ejemplo, tiene una serie de implicaciones que habría que complementarlas con lo que podría suceder si se consideran los siguientes aspectos:

-La prohibición de los controles sobre el movimiento de capitales que reduce aún más la capacidad de acción de los estados frente las empresas transnacionales; esto se impuso a Chile, por ejemplo.
-La posibilidad para que todos los servicios -agua, educación, salud, pensiones, jubilaciones, vivienda social, seguridad social- puedan ser privatizados, esto es, puedan pasar a manos de inversionistas norteamericanos, los que no tendrían ni siquiera la obligación de radicarse en el Ecuador.
-El establecimiento de normas que dejen abiertas exclusivamente a mecanismos de mercado a las compras de gobierno; esto limita la capacidad para que el gobierno central o los gobiernos seccionales puedan influir positivamente con medidas que favorezcan a los productores locales. Para mencionar un potencial caso, si un municipio resuelve realizar una compra directa de enseres para las escuelas a una empresa comunal de la localidad deberá considerar que límite impuesto no debe superar los 450 mil dólares.
-La pretendida libre movilidad del capital y de las mercancías, sin flexibilizarla política migratoria restrictiva de Estados Unidos (apenas se otorgaría un cupo de 3.000 visas para que empresarios ecuatorianos busquen mercados en los EEUU, cuando los empresarios de ese país entran libremente en Ecuador). Aquí cabe desarmar aquellos argumentos de gente ingenua que tratan de comparar la relación entre Ecuador y los EEUU con lo que sucede entre los estados de dicho país, por ejemplo entre Alabama y California: dicen que el comercio libre ha beneficiado a esos estados, pero no dicen que allí si el comercio es libre, que el flujo del factor trabajo -los seres humanos- también es libre y que el Estado central garantiza una serie de condiciones de equidad entre esos estados.

7. Consumidores.- Si se plantea el TLC desde el lado de los consumidores el asunto merece un abordaje múltiple. Por un lado si sólo fuera una cuestión de precios, la decisión de reducir los aranceles está en manos del gobierno y no depende del TLC.

Por otro lado habría que recordar que normalmente los consumidores son productores, y si se pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el agro, por ejemplo, en una sociedad con cerca de un 60% de pobreza, las ofrecidas mejores condiciones para el consumo resultan relativas. Adicionalmente conviene tener en cuenta el impacto que podrían provocar productos transgénicos incorporados en la dieta alimenticia del Ecuador. Y por cierto nunca hay que perder de vista los cambios que se pueden introducir en los EEUU, que podrían darse sin consultar a los países de la región; como ya se mencionó hay el riesgo de que desaparezcan los subsidios a la agricultura cuando ecuador ya haya desmontado sus capacidades agrícolas para producir arroz, maíz, papas, pollos, soja....

"El TLC es un asunto eminentemente técnico y no político"

EEUU busca la unión económica de todo el continente americano, aspiración formulada ya en la Primera Conferencia Internacional Americana a fines del siglo XIX en Washington. En este nuevo intento, plasmado en la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se nutre de la denominada Iniciativa de las Américas planteada en 1990 por George Bush I y que incluso se intenta plasmar por la vía de tratados bilaterales, los EEUU tienen varios objetivos geopolíticos, algunos de ellos incluso explicitados por funcionarios de alto nivel.

La ampliación de los mercados para sus productos y sus inversiones es una de las prioridades, no la única. Con esta propuesta EEUU quiere asegurar su posición hegemónica en el hemisferio en vista del fortalecimiento y expansión de la Unión Europea (UE). El ALCA, propuesto a fines de 1994, también fue una respuesta frente al MERCOSUR, en tanto ésta asoma como una propuesta de integración subregional que no se ajusta a la lógica de apertura comercial y financiera asimétrica impulsada por Washington. Y, por cierto, en esta nueva iniciativa estadounidense no están ausentes las razones geopolíticas y militares, sobre todo desde el 11 de septiembre del 2001. El Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá deben, por tanto, integrarse en el análisis del ALCA y del TLC.

Como reconoció públicamente Robert B. Zoellick, el representante comercial de EEUU, en carta del 18 de noviembre de 2003, dirigida a J. Dennis Hastert, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, "un TLC con los países andinos ayudaría a promover la integración económica entre los cuatro países andinos. Al mismo tiempo, brindaría oportunidades de exportación para los proveedores de productos agrícolas, industriales y de servicios de Estados Unidos. Serviría como un complemento natural al Plan Colombia, al que el Congreso ha dado un apoyo significativo a lo largo de los años".

No está por demás destacar esta mentira que se desliza en la afirmación de Zoellick relativa al fortalecimiento de la integración andina: el TLC enterrará la integración subregional y alejará aún más a los países andinos de la integración con sus vecinos latinoamericanos y caribeños.

Justo ahora, cuando hay una gran oportunidad para profundizar la democracia, voceros oficiales y oficiosos anuncian la inconveniencia de recurrir a todos los procedimientos democráticos existentes para dilucidar una cuestión que gravitará profunda y largamente en la vida nacional: el TLC. Los defensores abiertos o encubiertos del TLC, sin abordar los temas de fondo, arremeten en contra de una posible consulta popular. Por su "complejidad y amplitud", no cabe consulta, dice alguien. "Es inconveniente desde todo punto de vista elevar este tema, tan importante, a un plebiscito", consigna otro. Porque "se trata de un tema muy complejo y poco conocido por la ciudadanía, no creo que sea factible una consulta popular", asegura un tercero. La gran prensa, autodefinida como adalid de la democracia, alienta esta oposición, pues, como dice un matutino quiteño, "resulta difícil someter a consulta popular una negociación tan compleja", ya que, como afirma otro rotativo, es "absurdo que un tratado de esta naturaleza -de complejos contenidos técnicos y jurídicos de poco acceso al conocimiento común- se pretenda llevarlo a una consulta popular".

Ante las exigencias de Washington, sintetizadas en el TLC como coronación del proceso de ajuste y reformas neoliberales, se pone jaque mate a la democracia. Sin embargo, no la sacrificarán, simplemente la obviarán, una vez más. Y luego las consecuencias del TLC, que incluso obligarán a reescribir la Constitución, limitando aún más la vida democrática, serán asumidas como un acto de pragmatismo. Amenazas políticas que se traducirán, como afirma el jurista liberal Fabián Corral en un verdadero "imperialismo legal".

Un asunto perverso, en tanto el TLC garantiza seguridad a la acumulación del capital, no así a las personas; valga constatar que en el TLC no se discute el tema de la masiva emigración de ecuatorianos a EEUU, pero eso si se ofrece trato nacional a las mercancías y servicios extranjeros, a las inversiones foráneas; derecho a demandar en el exterior al Estado ante cualquier decisión que disminuya las ganancias de los inversionistas extranjeros; apertura y libre circulación a todo tipo de bienes y servicios; protección total a los derechos de propiedad intelectual; reducción del papel del Estado al de guardián del capital; todo esto limita aún más la capacidad de aplicar políticas nacionales de desarrollo.

Por eso mismo que es tan importante, tan complejo, tan amplio el TLC, se requiere un gran debate, que concluya en una consulta popular.


"El TLC con México, e incluso con Chile,
ofrece argumentos favorables al TLC ecuatoriano"

Cualquier negociación con una potencia global como los EEUU debería partir por comprender todos los riesgos existentes y no sólo magnificar las posibles oportunidades. Incluso es sabio analizar las experiencias de otros países con el "libre comercio". Para eso ya hay suficiente material para el estudio al cabo de más de una década de TLC en México y por cierto también sobre la reciente negociación del TLC con Chile o con los mismos países centroamericanos.

En México no se trata de potencialidades o amenazas que pueden derivarse de un acuerdo que recién empieza a funcionar. En México ya han pasado más de 10 años desde la firma del TLCAN en 1994, punto intermedio culminante en un proceso de prácticas neoliberales con 20 años de vida. El librecambismo en el país azteca a más de ofrecernos suficiente material para el análisis, nos recuerda que con el TLC no se da el pitazo inicial para un "cambio de modelo de desarrollo y estilo de vida", pues, en realidad, el TLC busca peremnizar un partido iniciado hace rato en América Latina, cuya apuesta es la imposición de una constitución económica neoliberal, de alcance hemisférico. Y este intento, que al parecer avanza en forma fluida por el sendero de los TLC bilaterales y no tanto por la avenida multilateral del ALCA, deberá ser enfrentado estudiando experiencias como la mexicana.

A pesar de registrar un incremento de más de tres veces las exportaciones y un aumento significativo de la inversión extranjera, los resultados macroeconómicos de México son magros. El ritmo de crecimiento en estos años de TLC, que se iniciaron en un momento de crisis, no llega ni a la mitad de lo logrado en los años cepalinos. Y los resultados en el campo de las condiciones de vida están también a la vista. Con un lenguaje tecnocrático insuperable, Sandra Polaski (2004), ex funcionaria del Departamento de Estado de los EEUU, en una publicación de la Carnegie Endowment for International Peace, afirma que "el TLCAN ha producido una ganancia neta decepcionantemente baja en materia de empleo en México". Detrás de este subterfugio, siguiendo a la misma autora, en realidad aflora una pérdida enorme. En las maquiladoras, de los 800 mil puestos de trabajo creados hasta el 2002 (producto en gran medida de la devaluación del peso), apenas quedan unos 500 mil empleos. El resto de la industria registra "una disminución del empleo" (en este contexto influyó mucho el creciente ingreso de productos chinos en el mercado estadounidense). Mientras que en la agricultura han desaparecido 1,3 millones empleos; tan dramática es la situación en el agro, que México -la tradicional cultura del maíz- importa este alimento básico.

Por el lado de los salarios el asunto también decepciona. Polaski confirma que "los salarios reales para la mayoría de los mexicanos son más bajos hoy que cuando el TLCAN entró en vigor", lo que provoca que los salarios mexicanos se distancien de los salarios de EEUU; basta un dato, los trabajadores de las filiales norteamericanas en México ganan 75% menos que los empleados en EEUU. Así las cosas, "la desigualdad en materia de ingresos ha estado en aumento en México desde la entrada en vigor del TLCAN (...). Comparado con el período anterior al TLCAN, el 10% de los hogares con más altos ingresos han aumentado su proporción del ingreso nacional, mientras que el 90% han perdido su participación o no han experimentado ningún cambio". A esto se suma la mayor desigualdad regional y la creciente fuga de mexicanos hacia EEUU buscando el empleo que no ha creado o que lo ha destruido el TLCAN; si la emigración antes del TLC bordeaba las 200 mil personas al año, en la actualidad supera las 500 mil...

Desde una perspectiva más actual, en los países andinos, gobiernos y agrupaciones empresariales desatan una pirotecnia verbal, que cuenta con el beneplácito de EEUU. Los ejemplos de negociaciones recientes son presentados a la "sociedad civil" como la comprobación de lo posible: se puede obtener beneficios negociando bilateralmente con la primera potencia, dicen. Un país "positivo y propositito", es la conclusión, puede seguir la senda de Chile, otra vez modelo del librecambismo luego de las debacles neoliberales registradas en Argentina y Bolivia.

Más allá de los aplausos de los propios promotores del TLC, lo que cuenta es que Chile, país con amplia experiencia en relaciones bilaterales, se tomó casi 10 años (no meses) para negociar y a la postre "no obtuvo acceso real a los mercados norteamericanos", como reconoció posteriormente Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Lo que sí consolida con el TLC es el régimen de acumulación primario exportador. Téngase presente que los éxitos comerciales del Chile neoliberal se destacan por la diversificación de sus mercados, antes que por la incorporación del progreso técnico a través de sus exportaciones. El punto es que sus ventas externas tienen un alto componente de bienes primarios. El 40% son bienes primarios y 50% manufacturas obtenidas de dichos bienes; las exportaciones con algún grado de tecnología representan 10%. Con el TLC esta tendencia se ahondará, mientras se pierde la indicada diversificación con una mayor dependencia del mercado estadounidense.

El fin de las bandas de precios liquidará la producción agrícola orientada al mercado doméstico, golpeando a agricultores y campesinos chilenos. Las industrias farmacéuticas saldrán perjudicadas, al haberse reservado Washington la protección de las patentes por 20 años. Las pequeñas y medianas empresas -generadoras de casi el 80% del empleo- mal podrán competir con los productos de las grandes compañías, sean producidos localmente o que se los importe. La posibilidad para que 87% de productos chilenos ingresen en los EEUU con arancel 0 no es mayor cosa, si se ve que antes del TLC estos productos tenían un arancel de menos de un 1%. Por otro lado, en Chile, para compensar los menores ingresos arancelarios, que ocasiona la reducción de un promedio del 4% al 2,8%, será preciso subir en un 1% el IVA.

Entre otras limitaciones, que -según Stiglitz, constituyen "nuevas amenazas a su soberanía"-, el gobierno "socialista" de Chile aceptó que se apliquen derechos supranacionales y trato económico como a inversionista nacional a los capitales extranjeros, al tiempo que se comprometió a no usar restricciones en el mercado de capitales, que fueron indispensables para que este país austral se proteja de presiones especulativas internacionales. Sumando tanto costo, queda claro que el pueblo chileno deberá asumir un enorme peso en inversiones y transformaciones para que funcione un tratado que no beneficiará a todos.


Notas

(7) Los productores arroceros, sin ningún respaldo sólido del Estado (indispensable en los casos en los que se han desarrollado exportaciones sostenidas incluso en los mismos EEUU), en determinadas épocas del año, arroz a Colombia.
(8) A Colombia, que pretendía una cuota de 100 mil toneladas de azúcar, le dieron, sin ninguna consideración técnica, un volumen de 50 mil toneladas.
(9) A Colombia le impusieron la aceptación de un contingente de 2 millones de toneladas de maíz con un período de desgravación de 12 años, 79 mil toneladas de arroz con un período de desgravación de 19 años y 6 años de gracia, en cuanto a los trozos de pollo el contingente de importaciones es de 26 mil toneladas con 18 años para la desgravación arancelaria. El Perú no está mejor que Colombia, pues, teniendo plazos más o menos similares a los colombianos, los contingentes son los siguientes: arroz 74 mil toneladas, pollos 12 mil toneladas, maíz 500 mil toneladas.



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