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31 de marzo del 2006


Grecia: La persecución no es la solución


Amnistía Internacional, marzo del 2006.



"La persecución no es la solución a la objeción de conciencia", ha declarado Amnistía Internacional hoy (29 de marzo), en relación con la situación de cinco objetores de conciencia, que están en espera de que se celebre la vista de su apelación, y de otro más, que podría ser detenido.

La organización internacional de derechos humanos ha escrito esta semana al ministro de Defensa Nacional griego, expresándole su preocupación por el acoso y la persecución que continúan sufriendo los objetores de conciencia, y declarando que el servicio civil alternativo sigue teniendo carácter punitivo tanto en la ley como en la práctica, y fomenta la discriminación. Se han enviado copias de la carta al ministro de Justicia y al primer ministro.

"El derecho a negarse a realizar el servicio militar es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derechos que Grecia tiene la obligación de respetar -ha manifestado Olga Demetriou, investigadora de Amnistía Internacional sobre Grecia- . Instamos al gobierno griego a que reforme todas las normas sobre el servicio civil alternativo a fin de garantizar que respetan las normas europeas e internacionales, así como las recomendaciones del defensor del pueblo griego y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Grecia."

Los objetores de conciencia cuya vista de apelación se celebrará en los próximos dos meses son Nikolaos Baltoukas, el 30 de mayo; Georgios Monastiriotis, el 4 de abril; Lazaros Petromelidis, el 4 de mayo; Georgios Koutsomanolakis, el 1 de junio; y Boris Sotiriadis, el 24 de mayo y el 1 de junio. Dimitrios Sotiropoulos corre el riesgo de ser detenido.

La ley 3421/2005, aprobada por el parlamento griego el 23 de noviembre de 2005 y que aborda la objeción de conciencia, no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos. En concreto, Amnistía Internacional considera que la duración del servicio civil alternativo tiene naturaleza punitiva y expresa su preocupación porque las decisiones sobre objeción de conciencia y la administración del servicio civil alternativo no dependen del todo de las autoridades civiles.

La nueva ley tampoco reconoce el derecho a declarar la objeción de conciencia en cualquier momento, tanto antes como después de entrar en las fuerzas armadas, ni garantiza que el derecho a realizar un servicio civil alternativo no puede derogarse nunca, ni siquiera en tiempo de guerra.

Amnistía Internacional ha pedido asimismo la reforma de las disposiciones vigentes que estipulan que a los objetores de conciencia que realicen actividades sindicales o participen en una huelga durante su servicio civil alternativo se les revocará su derecho a realizar dicho servicio civil alternativo o un servicio militar sin armas.

La organización ha instado también a las autoridades griegas a que garanticen que los objetores de conciencia recuperan todos sus derechos civiles y personales (incluido el de viajar fuera del país, el derecho a disponer de un pasaporte y de una tarjeta de identidad, y el derecho a votar), así como que todas las personas afectadas por el servicio militar disponen de información sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y de los medios para obtener la condición de objetor de conciencia.

Nikolaos Baltoukas, de 38 años, fue condenado a una pena condicional de 15 meses de prisión por insubordinación por el Tribunal Militar de Xanthi el 18 de mayo del 2005. Baltoukas había realizado el servicio militar en el ejército griego en 1990-91, pero cuando fue convocado para realizar el servicio militar como reservista el 31 de octubre de 2004, se negó a presentarse alegando motivos de conciencia. Pocos meses después de ser condenado fue convocado de nuevo para realizar el servicio militar como reservista.

Georgios Monastiriotis, de 26 años, que se había incorporado a la Marina griega con un contrato de cinco años, se negó a seguir a su unidad cuando la fragata en la que servía fue enviada al golfo Pérsico en mayo del 2003, alegando motivos de conciencia, y presentó su renuncia a la Marina. En septiembre de 2004 fue detenido y condenado a 40 meses de prisión por deserción por el Tribunal Naval de El Pireo. Fue trasladado inmediatamente a prisión en Corinto, donde permaneció 22 días hasta que obtuvo la libertad condicional pendiente de la apelación. En enero de 2005 fue condenado de nuevo por el Tribunal Naval de El Pireo a una pena condicional de cinco meses de prisión por deserción, por no haber regresado a su unidad.

Lazaros Petromelidis, de 44 años, presidente de la Asociación de Objetores de Conciencia Griegos, objetó al servicio militar alegando motivos de conciencia en 1992 y ha sido procesado y condenado en varias ocasiones desde entonces. Se negó a realizar el servicio alternativo que se le ofreció en 1998 por su duración sumamente punitiva: en su caso, era siete veces y medio más largo que el servicio militar que habría tenido que cumplir, y se le revocó su condición de objetor de conciencia. Desde entonces recibe periódicamente llamamientos para incorporarse a filas y ha sido acusado varias veces de insubordinación por negarse, como objetor de conciencia, a realizar el servicio militar. Ha estado en prisión en mayo de 1998, abril de 1999 y septiembre de 2002. En junio de 2003, el Tribunal Militar de Apelación de Atenas lo condenó a una pena de 20 meses de prisión suspendida durante tres años por insubordinación. Tras su condena más reciente, impuesta por el Tribunal Naval de El Pireo (en ausencia) en diciembre de 2004, a 30 meses de prisión por insubordinación, se levantó la suspensión de la condena anterior, lo que significa que cuando sea detenido tendrá que cumplir en total una pena de 50 meses de cárcel.

Georgios Koutsomanolakis, de 46 años, fue condenado a una pena condicional de 24 meses de prisión por insubordinación impuesta por el Tribunal Militar de Atenas el 23 de mayo de 2005. Koutsomanolakis ya había sido acusado de insubordinación en 1979, cuando no existía servicio civil alternativo en Grecia, porque en su calidad de testigo de Jehová, se había negado a realizar el servicio militar por motivos religiosos. Posteriormente huyó de Grecia y obtuvo asilo político en Alemania, donde vive desde entonces. El 12 de mayo de 2005 fue detenido y encarcelado en la isla de Rodas, mientras visitaba a sus padres, y el 16 de mayo fue trasladado a la prisión de Korydallos, en Atenas, donde permanece en espera de juicio.

Boris Sotiriadis, de 38 años, realizó el servicio militar en la ex Unión Soviética y posteriormente se hizo testigo de Jehová. Cuando el ejército griego lo convocó para que realizara el servicio militar en el Campamento Militar de Avlona el 1 de agosto de 2005, se presentó pero se negó a servir en el ejército alegando que era contrario a sus creencias religiosas y solicitó realizar el servicio civil alternativo. Sin embargo, la legislación griega no permite esta alternativa para quienes ya han servido en las fuerzas armadas y fue acusado de desobediencia. Posteriormente fue enviado al Campamento Militar de Didimoticho, donde también se presentó, aunque se negó a realizar el servicio alegando objeción de conciencia por motivos religiosos y solicitó de nuevo realizar el servicio civil alternativo. Su solicitud fue denegada y fue enviado al Tribunal Militar de Xanthi, acusado de un segundo delito de desobediencia. El 22 de agosto de 2005 el tribunal lo condenó a tres años y medio de prisión sin suspensión de la pena, a pesar de que estaba pendiente de una apelación. Sotiriadis estuvo encarcelado hasta el 20 de septiembre de 2005, fecha en que el Tribunal Militar de Apelación de Atenas le puso en libertad, pendiente de la vista de su apelación, prevista para el 1 de junio de 2006. Mientras tanto, el juicio por la primera acusación de desobediencia se celebrará ante el Tribunal Militar de Atentas el 24 de mayo de 2006.

Dimitrios Sotiropoulos, de 40 años, miembro de la junta directiva de la Asociación de Objetores de Conciencia Griegos, declaró su objeción de conciencia en marzo de 1992, después de lo cual fue llamado a filas para realizar el servicio militar. Las autoridades militares le informaron de que no existía un servicio civil alternativo y lo acusaron de insubordinación. Recibió tres citaciones de la policía, se le prohibió salir del país y fue convocado para que compareciera ante el Tribunal Militar de Tesalónica por cargos de insubordinación en noviembre de 1992. En julio de 1993 fue convocado de nuevo, y volvió a declararse objetor de conciencia. En septiembre de 1993 se le confiscó el pasaporte y en junio y agosto de 1994 intentaron detenerlo. La policía trató de detenerlo una vez más el pasado día 10 de marzo de 2006.

Información complementaria

Los objetores de conciencia griegos son llamados periódicamente a realizar el servicio militar, y cada vez que se niegan a servir en el ejército son enjuiciados por insubordinación, desobediencia o deserción. Esta práctica viola el artículo 14, párrafo 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país."

En marzo de 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Grecia que mejorase la situación de los objetores de conciencia, señalando su preocupación por "que la duración del servicio alternativo para los objetores de conciencia sea mucho mayor que la del servicio militar y que la evaluación de las solicitudes de ese servicio esté sometido únicamente al control del Ministerio de Defensa". El Comité recomendó asimismo que Grecia debería garantizar que la duración del servicio alternativo al servicio militar no tenga carácter punitivo, y debería estudiar la posibilidad de someter la evaluación de las solicitudes de los objetores de conciencia al control de las autoridades civiles".



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