Un final decepcionante

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y los gobiernos observadores han permitido que el último periodo de sesiones de la Comisión se convierta en una formalidad hueca, en lugar de ser una celebración de los logros conseguidos durante sus 60 años. A pesar de las recientes críticas, la Comisión y sus participantes -Estados miembros, Estados observadores, agencias especializadas, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, procedimientos especiales y titulares de los derechos en todo el mundo- merecían algo mejor.

La Comisión ha conseguido numerosos logros valiosos que merecen ser recordados y que deben preservarse, y fortalecerse, en el Consejo de Derechos Humanos. Otros aspectos del trabajo de la Comisión, en especial su incoherente trabajo sobre situaciones de países individuales, deben servir de dura lección al nuevo Consejo.

Desde su establecimiento, la Comisión ha ofrecido un foro internacional único para el discurso de los derechos humanos. Los periodos de sesiones anuales han brindado a los gobiernos la oportunidad de anunciar iniciativas positivas en materia de derechos humanos, y recientemente han atraído a miles de participantes, incluidos altos representantes gubernamentales, víctimas y defensores de los derechos humanos, instituciones nacionales de derechos humanos, agencias de la ONU y ONG. Este foro internacional para el diálogo y el debate debe mantenerse, posiblemente en el periodo principal de debates del Consejo de Derechos Humanos.

La elaboración de tratados y otras normas ha sido una tarea constante y un importante logro de la Comisión. Durante los últimos 60 años, la Comisión ha creado un sólido marco legal y normativo para la protección internacional de los derechos humanos. Uno de los principales desafíos a que se enfrenta el nuevo Consejo es el desarrollo de mecanismos para supervisar la aplicación de las normas de derechos humanos y ayudar a los Estados miembros en esta tarea esencial.

La Comisión ha sido la voz moral, aunque desigual, de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, y a través de sus informes y resoluciones ha expresado tanto la preocupación como la determinación de la comunidad internacional respecto a países y temas determinados. El escrutinio internacional ejercido en la Comisión ha contribuido en muchas ocasiones a mejorar la situación de los derechos humanos en distintos Estados. La experiencia con el apartheid de Sudáfrica y las dictaduras militares de Latinoamérica dan testimonio de esto. Sin embargo, tal como también hemos visto, a los miembros de la Comisión les ha faltado a menudo la voluntad política de emprender acciones efectivas -o simplemente acciones- sobre las pruebas que se les han presentado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Otro importante legado de la Comisión es su sistema de "procedimientos especiales". Estos constituyen un elemento crítico en la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, pues ofrecen una evaluación objetiva e independiente del respeto de los derechos humanos en países y territorios concretos y formulan recomendaciones para el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional. Los procedimientos especiales han respondido con rapidez a las denuncias de violaciones contra personas y grupos en muchas partes del mundo, y han desempeñado una importante función de alerta temprana, identificando a menudo problemas de derechos humanos antes de que se convirtieran en crisis completas. El sistema de procedimientos especiales debe ampliarse en el Consejo de Derechos Humanos, y su experiencia y la de otros órganos expertos de la ONU en materia de derechos humanos debe ser un elemento central del trabajo del Consejo.

El programa de la Comisión abarca el espectro completo de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluido el derecho al desarrollo. Recientemente, la Comisión ha empezado a ir más allá de las distinciones artificiales entre categorías de derechos y ha prestado una atención más equilibrada a los derechos económicos, sociales y culturales mediante la creación de procedimientos especiales sobre algunos de estos derechos, y mediante el establecimiento de un grupo de trabajo para elaborar un protocolo facultativo para la presentación de comunicaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque teniendo plenamente en cuenta las demandas particulares de derechos individuales, el Consejo debe actuar sobre la base de la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

A lo largo de los años, el programa de la Comisión se ha ido multiplicando hasta llegar al punto de saturación, y el debate sobre temas individuales se ha visto con frecuencia fragmentado. Es fundamental que el Consejo elabore un programa basado en un marco general para su trabajo que permita un debate más riguroso y una acción más efectiva.

La contribución única prestada por las ONG y las organizaciones de la sociedad civil al trabajo de la Comisión ha sido reconocida en numerosas ocasiones en el pasado. Cada año, centenares de ONG han viajado a Ginebra para presentar a la Comisión situaciones y temas de todo el mundo. Han hablado en nombre de víctimas de violaciones de derechos humanos, y han obligado a los gobiernos a abordar situaciones que, de lo contrario, habrían quedado desatendidas. Esta contribución esencial fue reconocida recientemente tanto en el informe del Grupo de Personas Eminentes nombrado por el secretario general para examinar la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil, como en el informe del propio secretario general, Un concepto más amplio de la libertad. Amnistía Internacional cree que la participación de las ONG debe poder contribuir de forma efectiva a todos los aspectos del trabajo del Consejo, incluidos sus nuevos procedimientos, como la revisión periódica universal.

Recientemente, y a lo largo de los años, se ha hablado mucho de las deficiencias de la Comisión. Sin embargo, es fundamental que se hagan todos los esfuerzos posibles por garantizar que el Consejo evita los errores de la Comisión. En la vida de la Comisión, la política del poder y el doble rasero han impedido, juntos o por separado, que la Comisión abordara, o debatiera siquiera, violaciones de derechos humanos graves o generalizadas en muchos países. El Consejo debe promover y alentar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los países, independientemente de consideraciones políticas. La realización de revisiones periódicas universales es prometedora, pero es una promesa que debe hacerse realidad. Además, esa revisión periódica universal no puede ser una panacea, y el Consejo debe seguir abordando situaciones específicas ajenas a ella cuando su gravedad o urgencia lo exijan. Las tácticas de procedimiento, como las mociones de "no actuar" o el "aplazamiento de un debate", utilizadas por algunos gobiernos para sofocar las acciones sobre situaciones específicas de países, no deben tener cabida en el Consejo de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional lamenta que el último periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos haya sido una oportunidad perdida. La Comisión surgió a la vida con la redacción y adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y habría sido lo más apropiado que concluyera su trabajo con la adopción de dos nuevas normas: el proyecto de Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos proyectos estaban listos para que la Comisión los examinara y adoptara y para seguir adelante con su tramitación en el ECOSOC y la Asamblea General.

Los gobiernos necesitaron tres semanas de intensos debates y negociaciones para llegar a un resultado tan pobre. La preparación del último periodo de sesiones de la Comisión en los grupos regionales, sin un debate abierto entre regiones, ha ayudado a que los preparativos se convirtieran en rehenes del mínimo común denominador, en un intento exagerado de evitar la controversia y hallar un consenso. Esto no es un buen augurio para el Consejo de Derechos Humanos, a menos que se aprendan las lecciones y se modifiquen las actitudes.

Por supuesto, ahora los gobiernos y las ONG deben centrarse en el futuro: el Consejo de Derechos Humanos. En su preparación de la primera reunión del Consejo, los gobiernos que tan poco dispuestos se han mostrado a trabajar con un espíritu abierto para dar a la Comisión una conclusión digna deben buscar la manera de evitar la parálisis que ha caracterizado los preparativos de este último periodo de sesiones. Si no lo hacen, serán ellos, no el Consejo, quienes verán desacreditados sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos. El evitar la controversia y trabajar para un mínimo común denominador, primero en cada grupo regional y luego entre los distintos grupos, no es el camino para que los gobiernos construyan un Consejo de Derechos Humanos fuerte y efectivo.

Cuando el Consejo se reúna, debe estar dispuesto a iniciar debates sobre el fundamento de la promoción y la protección de los derechos humanos. Los gobiernos deben prepararse para un primer periodo de sesiones sustancial, en el que los proyectos de Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se envíen a la Asamblea General para su adopción. Deben prepararse para un debate y una acción efectivos sobre los informes de los procedimientos especiales, los grupos de trabajo, el alto comisionado para los derechos humanos y el secretario general.

La adopción por parte de la Asamblea General de la resolución que establece el Consejo de Derechos Humanos fue una decisión realmente histórica. El desafío inmediato ahora es elegir para el Consejo unos miembros que estén realmente comprometidos con la promoción y la protección de los derechos humanos. Gran parte de lo que se haga dependerá de la visión, el liderazgo y la pura voluntad política de los primeros miembros del Consejo, y para aprovechar plenamente el potencial de este nuevo órgano deben establecerse métodos de trabajo, mecanismos y procedimientos que le permitan convertirse en un órgano de derechos humanos capaz de promover y proteger los derechos humanos de forma efectiva y equilibrada, en todos los países del mundo. Los titulares de los derechos, ahora y en el futuro, no merecen menos.