José Ramón García Menéndez y Jesús M. Mogrovejo Monasterios: Bolivia: Capitalización, privatización y nacionalización (I)

José Ramón García Menéndez y Jesús M. Mogrovejo Monasterios (*)
La Insignia. España, junio del 2006.

1. De la capitalización de empresas públicas en Bolivia

Las consecuencias de la crisis de la deuda en América Latina de los 80, la decadencia de gobiernos dictatoriales, el aparente agotamiento de los modelos económicos proteccionistas y la amenaza de derrumbe de la Unión Soviética, convergieron en la llamada "década perdida" para Latinoamérica. Precisamente, en esta década, producto de las crisis económicas que culminaron en enormes desequilibrios fiscales y elevadas tasas de inflación, se introdujeron medidas de reforma (1) para estabilizar las economías de la región como preámbulo imprescindible ante la necesidad de realizar reformas estructurales, con el fin de readecuar el papel y dimensión del Estado en la economía (2). En este marco, Bolivia había procedido a establecer medidas privatizadoras de sus empresas públicas en un entorno de creciente inestabilidad macroeconómica y agitación social y territorial.

El gobierno de Bolivia justificó la aplicación de los procesos de privatización por las condiciones de una exigente combinación del márketing político-económico promovido por las instituciones internacionales (3); simultáneamente, impulsaban las privatizaciones y la eliminación de los créditos multilaterales, bilaterales y comerciales para las empresas públicas. A pesar de aquello, grupos políticos y fuerzas sociales bolivianas se opusieron vehementemente a la privatización, por lo que dicha estrategia implicó un fuerte coste político para los responsables gubernamentales de la venta de las empresas administradas por el Estado. Asimismo, dos empresas públicas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) no podían ser transferidas por restricciones constitucionales. La salida jurídica y político-económica que facilitara el traspaso de propiedad de las empresas públicas estratégicas, salvando las restricciones constitucionales, fue la "capitalización" de las mismas.

De esta forma, la "capitalización" representó una forma sutil pero aceptada de transferencia de activos públicos al sector privado. Como señalaba el manual de monitoreo de la capitalización boliviana, editado en 1994, a pesar de la similitud con los procesos tradicionales de privatización, la capitalización es un proceso fundamentalmente diferente y original. Mientras la privatización tradicional es una transferencia directa de activos públicos al sector privado, beneficiándose únicamente el Tesoro Nacional, la capitalización es una asociación entre el Estado que aporta sus empresas públicas y un inversionista estratégico que aporta el mismo valor en capital, creando una nueva sociedad anónima, logrando duplicar el valor original de la empresa pública. Una vez capitalizada la empresa, el inversionista recibe 50% de las acciones y la administración gerencial y el 50% restante de las acciones es distribuido gratuitamente entre los ciudadanos bolivianos mayores de edad, constituyendo una masiva transferencia de propiedad y riqueza.

En otros términos, la característica principal de la capitalización es que el Estado boliviano no dispuso o vendió ninguna de sus acciones en la empresa, pero ha permitido que haya un aumento en el capital participativo de la misma por parte privada (y, en este caso, foránea) para diluir su propia posición estratégica. La participación accionaria que quedó en poder del Estado boliviano se destinó a un programa de ahorro en favor de los ancianos. Específicamente, en el programa de capitalización se había previsto que el Estado transfiriera sus acciones de las empresas sometidas a este proceso a los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, mediante el pago de una anualidad vitalicia (BONOSOL) a todos los bolivianos mayores de 65 años.

En este sentido, y hasta mayo de 2006, las acciones del los ciudadanos bolivianos eran tuteladas por las dos administradoras de fondos de pensiones AFP que operan en el país: Futuro, de la suiza Zurich Financial Service; y Previsión, del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Estas acciones tuteladas por ambas compañías son objeto, también, de tajante reclamación por parte del gobierno boliviano, cuya posición fue defendida por el presidente Evo Morales en la reciente IV Cumbre UE-ALC y en el foro del Parlamento Europeo.

A finales de 1997 se habían privatizado 56 empresas públicas por un valor de 135,6 millones de dólares (4) y se habían capitalizado todas las empresas estratégicas por un valor de 1.671,34 millones (5). Por tanto, la privatización en Bolivia puede considerarse marginal en comparación con el monto de capitalización. Y, como componentes de dichas cifras, de los 1.671,34 millones de dólares de capitalización, más del 78 por ciento (934,93 millones) provenían de las operaciones a ejecutar en YPFB en un plazo máximo de ocho años (Barja 1999).

Notas

(*) Universidad de Santiago de Compostela (España).

(1) Básicamente el "choque" político-.económico se fundamentó en medidas de control monetario y fiscal: devaluación del tipo de cambio, congelación de salarios, aumento de tarifas y precios públicos, reducción de la emisión monetaria, regularización de la deuda externa, etc. Asimismo, en algunos países las economías se dolarizaron producto de la desconfianza de la población por la moneda nacional. Sin duda, una gran parte de la responsabilidad intelectual de estas medidas provino del "Consenso de Washington", retórico escaparate neoliberal que presentaba, bajo la máscara de un decálogo convencional de medidas de política económica, el rostro más genuino del retorno neoliberal.
(2) Por supuesto, la redimensión y adecuación funcional del Estado representó una parte importante de los denominados "cambios estructurales" recomendados por los convenios suscritos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
(3) El discurso dominante se articuló mediante un sencillo silogismo no exento de sofismas encadenados: el Estado no debe interferir en la actividad económica sino que debe fortalecer su capacidad de diseñar los principios fundamentales de las estrategias de desarrollo y atender las necesidades básicas de la población sin sacrificar los escasos recursos económicos de la sociedad para atender proyectos que pueden ser manejados, incluso más eficientemente, por la iniciativa privada.
(4) Datos de la Unidad Ejecutora citados en Barja (1999).
(5) La capitalización significaba que en un determinado periodo de tiempo las empresas adjudicatarias deberían invertir los montos pactados para capitalizar las empresas públicas.