El Consejo de Europa pide a los países europeos que pongan fin a las «entregas extraordinarias»

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la clara y firme indicación que el Consejo de Europa ha enviado a los gobiernos europeos y a Estados Unidos en el informe de hoy. El informe deja claro que la tela de araña de "entregas extraordinarias" que Estados Unidos ha tejido fuera del Estado de Derecho es "contraria a principios legales básicos", al implicar "desapariciones", detenciones arbitrarias, transferencias ilegales y torturas u otros malos tratos.

El informe confirma las conclusiones a las que llegó Amnistía Internacional en el sentido de que varios casos de "entrega extraordinaria" se produjeron con la participación o la cooperación de Estados miembros del Consejo de Europa. También proporciona más información sobre la posible ubicación de lugares de detención secreta en Rumania y Polonia. Esto hace recaer sobre las autoridades rumanas y polacas la responsabilidad de iniciar sin más demora investigaciones exhaustivas e independientes.

Las recomendaciones del Consejo de Europa se hacen eco de los llamamientos de Amnistía Internacional. En concreto, Estados Unidos y los países europeos deben poner fin a las "entregas extraordinarias" y llevar a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre esta práctica. Asimismo, deben asegurarse de que sus servicios de información y los de otros países rinden cuentas de su actuación.

Amnistía Internacional pide también a Estados Unidos y a los Estados europeos, así como a cualquier otro Estado que haya estado implicado en "entregas extraordinarias" o haya recluido a personas en detención secreta, que se aseguren de que las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos obtienen una reparación.

Los alarmantes datos que aporta el informe de Dick Marty subrayan la necesidad de que los Estados respeten y garanticen los derechos humanos en cualquier medida que tomen para prevenir el terrorismo. Como afirma el informe de Marty, no hacerlo así sirve "para fortalecer a los que pretenden destruir el orden político, legal y social establecido".

Como sugiere el propio Dick Marty, la búsqueda de la verdad sobre la práctica de las "entregas extraordinarias" y las detenciones secretas no puede ni debe terminar con la publicación de las conclusiones de su informe. Estados Unidos y los Estados europeos deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas y dar a conocer todos los resultados al Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

Peticiones al gobierno español

El informe del Consejo de Europa indica que el Estado español podría haber tolerado, o haber sido negligente en su deber de supervisar, vuelos involucrados en la transferencia ilegal de detenidos, actuando aeropuertos españoles como "puntos de parada y descanso" de estos vuelos.

El pasado 5 de abril Amnistía Internacional hacía público el informe Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la "desaparición" en el que se enumeraban decenas de destinos de todo el mundo, incluida España, en los que han aterrizado y despegado aviones asociados a vuelos para "entregas extraordinarias".

En su comparecencia en el Congreso el 24 de noviembre de 2005, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se había referido a vuelos con escala en el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) y en los dos aeropuertos de Tenerife; el citado informe de Amnistía Internacional mencionaba, además de los vuelos indicados por el ministro, otros adicionales, revelando que las escalas tuvieron lugar no sólo en esos aeropuertos, sino también en los de Barcelona y Málaga. En total, Amnistía Internacional ha detectado al menos 25 escalas en territorio español de aviones de la CIA relacionados con "entregas extraordinarias".

En una breve comparecencia sin preguntas ante la prensa en el Senado, el ministro Moratinos dijo desconocer la existencia de estos últimos vuelos. Uno de los que hizo escala en Barcelona fue un modelo Gulfstream III (Grumman G-1159A), que transportó al ciudadano canadiense Maher Arar de Estados Unidos a Jordania, donde fue trasladado por tierra a Siria. Maher Arar, que fue torturado durante los 13 meses que estuvo detenido sin cargos, quedó en libertad en octubre de 2003. Este avión ha realizado más de un centenar de viajes al centro de detención de Bahía de Guantánamo.

El mismo 5 de abril el Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de Ley solicitando al Gobierno "la elaboración de un informe detallado, con la colaboración de los Ministerios afectados, en el que se incorporen todas las nuevas informaciones en poder del Ejecutivo, sin perjuicio de las diligencias que se instruyan en los órganos jurisdiccionales sobre la utilización ilegal de aeropuertos españoles por parte de la Agencia Central de Información (CIA) estadounidense, directamente o a través de compañías privadas encubiertas".

Amnistía Internacional se dirigió por carta al presidente del Gobierno español pidiéndole que tomara medidas para garantizar que este tipo de vuelos no utilizan ni el espacio aéreo ni los aeropuertos españoles en el futuro, así como que realice una investigación exhaustiva sobre los que hayan tenido lugar en los últimos años. El Gabinete de la Presidencia del Gobierno ha contestado a esta carta a Amnistía Internacional indicando que "se va a extremar la vigilancia en los aeropuertos para evitar cualquier actividad delictiva". Respecto a las investigaciones en marcha, la carta menciona las llevadas a cabo por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y, con relación a las escalas en Canarias, por la Fiscalia General y aún sin finalizar. No hay ninguna referencia a las escalas que tuvieron lugar en Málaga y Barcelona.

Por otro lado, hasta la fecha el ministro Moratinos no ha comparecido en el Congreso, tal como le fue también solicitado el pasado mes de abril con carácter urgente, ni se ha presentado el informe solicitado por el Congreso. Tampoco se conoce el resultado de ninguna investigación.

Amnistía Internacional reitera su petición al Gobierno español para que detalle las medidas adoptadas para garantizar que este tipo de vuelos no utilizan ni el espacio aéreo ni los aeropuertos españoles en el futuro, así como que realice una investigación exhaustiva sobre todos los que hayan tenido lugar en los últimos años.