AI acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra en Gaza

Los ataques deliberados de las fuerzas israelíes contra propiedades e infraestructuras civiles en la Franja de Gaza violan el derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

"Israel debe tomar ya medidas urgentes para remediar los daños a largo plazo que ha causado y restablecer inmediatamente el suministro de electricidad y agua a la población palestina de las zonas afectadas, haciéndose cargo de los costes de la operación", ha instado la organización, que ha añadido: "Como potencia ocupante, Israel está obligada por el derecho internacional a proteger y salvaguardar los derechos humanos básicos de la población palestina".

La destrucción deliberada de la única central eléctrica de la Franja de Gaza, de su red de suministro de agua, puentes, carreteras y otras infraestructuras es una violación del cuarto Convenio de Ginebra que tiene graves consecuencias humanitarias a largo plazo para el millón y medio de habitantes de la Franja de Gaza.

Casi la mitad de los habitantes de Gaza están ahora sin electricidad y el suministro de agua también ha sido cortado en varias zonas, tanto por la falta de electricidad, necesaria para hacer funcionar las bombas de agua que se utilizan para extraer y suministrar el agua, como por la destrucción de la red de tuberías de suministro a consecuencia de los bombardeos de puentes y carreteras.

Se calcula que los extensos daños causados por los ataques artilleros y aéreos de Israel contra estas instalaciones en los últimos días son de varios millones de dólares estadounidenses y su reparación requerirá varios meses. Si no se toman sin demora medidas alternativas de emergencia para restablecer el suministro de electricidad y agua las consecuencias podrían ser funestas para la salud de la población palestina.

En una declaración, el ejército israelí afirmó que había "[...] llevado a cabo un ataque aéreo contra una estación transformadora de electricidad en el sur de la ciudad de Gaza [...]" y que "[l]a Fuerza de Defensa Israelí continuará empleando todos los medios a su alcance contra la infraestructura terrorista palestina en la Franja de Gaza a fin de garantizar el regreso rápido y seguro a casa del cabo Gilad Shalit".

La destrucción por las fuerzas israelíes de puentes y carreteras ralentiza, aunque no impide, la circulación entre diferentes zonas de la Franja de Gaza, pero es probable que cause graves restricciones de circulación cuando empiecen las lluvias, dentro de algunos meses. Actualmente la situación ocasiona trastornos a la población civil palestina, que tiene que tomar grandes desvíos para llegar a su lugar de trabajo, pero no impide el desplazamiento de los grupos armados, que es el objetivo que dice tener Israel.

A medida que crece la tensión entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina y los grupos armados, preocupa cada vez más la seguridad de la población civil. En las últimas semanas y meses, los bombardeos de la artillería y la aviación israelí han matado a gran número de transeúntes palestinos, entre los que había mujeres y menores. La situación parece abocada a empeorar cuando finalice el cese unilateral de hostilidades que el ala armada de Hamas y otros grupos armados palestinos habían estado observando desde el año pasado.

"La toma del cabo Gilad Shalit como rehén y el homicidio del colono Eliyahu Asheri, de 18 años, por grupos armados palestinos violan el derecho internacional. El cabo Gilad Shalit debe ser puesto en libertad sano y salvo inmediatamente. "

"Ambos bandos del actual pulso deben abstenerse de realizar acciones que violen el derecho internacional y deben tomar medidas para resarcir a las víctimas de los abusos que han cometido. La comunidad internacional, también tiene la obligación de actuar, según los Convenios de Ginebra", ha dicho Amnistía Internacional.

Nota

Según el cuarto Convenio de Ginebra "[e]stán prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo" (artículo 33), como es la destrucción de propiedad pública o privada, "[...] excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas" (artículo 53). El Convenio exige a todos los Estados Parte que procuren y aseguren el enjuiciamiento de los autores del crimen de guerra de "[...] destrucción [...] no [justificada] por necesidades militares y [realizada] a gran escala de modo ilícito y arbitrario". El artículo 8.b.ii. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional también tipifica como crimen de guerra "[d]irigir intencionalmente ataques contra objetos civiles".