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La insignia
2 de julio del 2006


UE

La Asamblea Parlamentaria pide que se ponga fin
a las entregas y a las detenciones secretas


Amnistía Internacional, julio del 2006.



La adopción por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de una resolución destinada a asegurar que los Estados europeos adoptan medidas específicas para poner fin a la práctica encabezada por Estados Unidos de las entregas y las detenciones secretas es un hito para desenredar la telaraña de conductas ilícitas que han desembocado en torturas y malos tratos, y "desapariciones" forzadas de personas.

Haciéndose eco de la preocupación expuesta por Amnistía Internacional, la investigación de la Asamblea Parlamentaria, dirigida por el senador Dick Marty, de Suiza, ha concluido que "las autoridades de varios países europeos han participado activamente con la CIA en estas actividades ilícitas."

Al presentar hoy (27 de junio) sus conclusiones hasta la fecha, el senador Marty ha declarado: "Hay que admitir que se han cometido errores y comenzar a trabajar para mejorar las cosas."

Reafirmando su compromiso absoluto con una lucha antiterrorista en la que se respeten el Estado de derecho y los derechos humanos, la Asamblea ha pedido a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa que garanticen que se pone fin a las entregas y las detenciones secretas, así como a los traslados de personas a lugares donde puedan sufrir violaciones graves de sus derechos humanos.

Tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como su secretario general han puesto de relieve la necesidad de que se regulen las actuaciones de los servicios de seguridad nacionales y extranjeros a fin de garantizar que son congruentes con el respeto a los derechos humanos y de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.

La Asamblea ha pedido asimismo a Estados Unidos y a los Estados europeos que emprendan investigaciones exhaustivas e independientes sobre las entregas y detenciones secretas, que sus resultados se hagan públicos, que los responsables de participar en estas prácticas ilegítimas comparezcan ante la justicia y que las víctimas, la mayoría de las cuales sigue consumiéndose en celdas carcelarias de todo el mundo, tengan acceso a una reparación y reciban una indemnización.



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