México: La fiscalía especial presenta su informe final sobre Ciudad Juárez

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la publicación del informe final de la Fiscalía Especial federal que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, así como el nombramiento de una nueva fiscal especial, Alicia Elena Pérez Duarte, al frente de la nueva Fiscalía Especial nacional para resolver los crímenes violentos cometidos contra las mujeres.

La organización considera especialmente positivo el reconocimiento oficial, en este cuarto informe, de que durante muchos años hubo inacción sistemática por parte de las autoridades a la hora de prevenir y castigar muchos de los crímenes contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

Sin embargo, para Amnistía Internacional persisten varios motivos de preocupación relacionados con la metodología y las conclusiones de la Fiscalía Especial, que forma parte de la Procuraduría General de la República. En concreto, la Procuraduría General de la República parece restar importancia a la escala de los crímenes cometidos contra las mujeres e insinúa que quienes intentan poner de relieve estos delitos y la impunidad que los rodea han creado una "percepción distinta de la realidad", a pesar de que los índices de violencia contra las mujeres e impunidad en Ciudad Juárez siguen siendo muy elevados.

Estas conclusiones se basan, según informes, en el examen técnico-jurídico de las pruebas contenidas en los expedientes de las investigaciones realizadas desde 1993 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Pero este examen prácticamente no ha comportado la realización de nuevas investigaciones completas que incluyeran nuevos interrogatorios a los testigos y recopilación de otras pruebas.

Con todo, el examen determinó que 177 funcionarios estatales eran posiblemente culpables de negligencia u omisión en las investigaciones originales. A pesar de ello, ninguno ha sido llevado ante la justicia por las autoridades del estado ya que se han aplicado las normas sobre prescripción de los delitos en su favor.

Las conclusiones de la Procuraduría General de la República parecen pasar por alto también las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales -como la propia comisión del gobierno, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez- para que estos crímenes se analicen con una perspectiva de género que permita establecer en qué medida influyó el sexo de la víctima en la motivación y comisión del crimen.

La Procuraduría General de la República parece concluir que únicamente los delitos que comportan violencia sexual -aproximadamente el 20 por ciento de los 379 asesinatos documentados- constituyen violencia sexista. La violencia en el ámbito familiar no parece que se considere una forma de violencia basada en el sexo, y además parece haber sido excluida necesariamente de la categoría de violencia sexual. Otros asesinatos se clasifican como resultantes de la "violencia social", concepto que parece excluir necesariamente, sin explicación, el género de la víctima como factor en el asesinato. Otro elemento al que no se presta la debida consideración es el clima de violencia contra las mujeres y de impunidad que puede haber facilitado la comisión de los crímenes.

Si bien Amnistía Internacional considera positiva la labor de la Procuraduría General de la República de examinar y sistematizar la información sobre casos, cree que no ha establecido de manera transparente una metodología que tenga en cuenta la perspectiva de género ni ha facilitado el acceso a los expedientes de los casos a fin de de que su trabajo esté abierto a una evaluación imparcial. Como consecuencia de ello, el examen realizado por la Procuraduría General de la República parece no haber subsanado algunas de las deficiencias que presentaban las investigaciones originales.

En el informe se argumenta que la estructura federal de gobierno de México limita las competencias de la Procuraduría General de la República para investigar directamente los casos o exigir responsabilidades a las autoridades estatales. Sin embargo, el informe no hace mención de los progresos para llevar a los autores ante la justicia ni siquiera en los 24 casos en que la Procuraduría General de la República asumió la competencia directa. Amnistía Internacional reconoce las limitaciones impuestas por la estructura judicial nacional pero considera que no se deberían utilizar como excusa para eludir responsabilidades, puesto que el Estado de México en su conjunto tiene la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.

Por encima de todo, la situación en Ciudad Juárez sigue siendo grave: al menos 28 asesinatos de mujeres documentados el año pasado, y unos niveles de impunidad que se mantienen elevados, especialmente con respecto a crímenes ocurridos en el pasado. La Procuraduría General de la República no ha examinado los casos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, ni ha existido una revisión judicial sistemática de los casos de personas acusadas o declaradas culpables de asesinato que aseguran haber sido torturadas para que firmaran declaraciones falsas. En este informe final, la Procuraduría General de la República no alude de manera sustancial a estas denuncias de tortura o malos tratos, lo que refleja la falta de acción demostrada por México desde hace tiempo para obligar a los responsables de estos crímenes a responder de sus actos.

Amnistía Internacional siempre ha mantenido que el patrón de violencia contra las mujeres y de impunidad en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua es de naturaleza compleja y comporta tipos muy diversos de delitos y autores, y que revela defectos institucionales generalizados a la hora de prevenir los delitos y sancionar a los verdaderos responsables. Los familiares de las víctimas han luchado sin descanso para que se haga justicia, y gracias a sus esfuerzos la opinión pública nacional e internacional finalmente se ha interesado por la situación.

Información complementaria En 2003, Amnistía Internacional publicó el informe Muertes Intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, en el que ponía de relieve un patrón común de homicidios y secuestros de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. El informe concluía que 370 mujeres habían sido asesinadas en diversos contextos, un tercio de los cuales posiblemente apuntaba a la violencia sexual. En un gran número de casos todavía no se ha procesado a los autores y persisten dudas acerca de la solidez de las actuaciones judiciales debido a las denuncias de tortura. La campaña que los familiares de las víctimas vienen realizando desde hace tiempo para que se haga justicia ha sido decisiva en los escasos avances logrados hasta la fecha.