EEUU: Lento en la ayuda, rápido en la muerte

En Estados Unidos, centenares de personas con enfermedad mental están a merced de un sistema de salud demasiado lento para prestar ayuda y de un sistema de justicia demasiado rápido a la hora de dictar sentencias de muerte, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 31 de enero de 2006, con motivo de la presentación de un importante informe sobre el uso de la pena de muerte contra personas con enfermedades mentales en Estados Unidos.

En el informe se tratan los problemas se les plantean a las personas con enfermedad mental debido a los fallos del sistema y se exponen los casos de un centenar de ellas que han sido ejecutadas desde 1977 -dando cuenta de una de cada diez ejecuciones durante este periodo-.

Citando los persistentes fallos de los sistemas de salud y justicia penal, el informe pone también de relieve la terrible situación de las personas con enfermedad mental que se encuentran actualmente condenadas a muerte, que, según la Asociación Nacional de Salud Mental estadounidense, representan entre el 5 y el 10 por ciento de la población reclusa condenada a muerte (alrededor de 3.400 personas) de Estados Unidos.

"La ejecución de personas que sufren graves enfermedades mentales es una práctica cruel e inhumana, que lleva demasiado tiempo pasándose por alto -ha manifestado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional-. Los prejuicios y la ignorancia generan miedo, por lo que, para muchas personas, es más fácil condenar a muerte a un delincuente mentalmente enfermo que recurrir a un tratamiento para buscar una verdadera solución."

Claro ejemplo de ello es el caso de Scott Panetti, condenado a muerte en Texas en 1995 por haber matado a su suegro y a su suegra en 1992. Tenía un largo y bien documentado historial de hospitalizaciones por problemas mentales, incluida esquizofrenia, debido a los cuales sufría alucinaciones visuales y auditivas.

Durante su juicio, Scott, que se encargó él mismo de su defensa vestido de cowboy, dijo que unos demonios se habían reído de él cuando se marchaba de la escena del crimen.

Uno de los médicos presentes en el juicio explicó posteriormente: "Scott era totalmente inconsciente del efecto que producían sus palabras y sus actos. Los miembros del jurado tenían miradas hostiles y miraban a Scott con incredulidad mientras éste hacía divagaciones sin sentido".

Scott continúa condenado a muerte.

En junio de 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la aplicación de la pena de muerte a personas con discapacidad intelectual (término utilizado normalmente en Estados Unidos en lugar de discapacidad para el aprendizaje) por considerar que esta circunstancia disminuye la culpabilidad de la persona y debido a la dificultad de sostener el argumento del efecto disuasorio.

"La discapacidad intelectual y la enfermedad mental no son lo mismo, pero los síntomas pueden tener consecuencias similares: las creencias delirantes de una persona con enfermedad mental podrían hacerle razonar de forma ilógica y actuar por impulso -ha manifestado Susan Lee-. Es absolutamente incoherente eximir a las personas con discapacidad intelectual de la pena de muerte y dejar que las personas con enfermedad mental grave continúen expuestas a ella."

"La pena capital está sumamente politizada. En general, los políticos llevan demasiado tiempo sin ofrecer al electorado pruebas mensurables de que el homicidio judicial, y no digamos ya el de personas con enfermedad mental, representa una solución constructiva a la delincuencia violenta", ha añadido Susan Lee.

Según el informe de Amnistía Internacional, el caso de Scott Panetti es representativo de las circunstancias en que se condena a muerte y ejecuta a las personas con enfermedad mental grave.

En muchos casos, las personas con enfermedad mental grave no comprenden los cargos presentados contra ellas ni la gravedad de su delito. En otros, el acusado comparece en el juicio bajo los efectos de una fuerte medicación y causa en el jurado la impresión de no estar arrepentido. La ausencia de remordimiento es una circunstancia especialmente agravante, que determina en gran medida la decisión del jurado a la hora de imponer la pena de muerte.

En ocasiones se ha obligado al acusado a tomar una fuerte medicación para hacerlo "apto" para ser ejecutado.

Amnistía Internacional pide a las autoridades estadounidenses que prohíban de inmediato el uso de la pena de muerte contra personas con enfermedad mental y pongan definitivamente fin al incoherente sistema de la pena capital. Asimismo, los funcionarios públicos de todos los niveles deben garantizar que las peticiones de ayuda de personas con enfermedad mental no quedan sin respuesta y que se administra el debido tratamiento médico a quienes más lo necesiten.