Joaquín Arriola: España: ¿Vacas, o algoritmos?

Enfrascados en nuestros peculiares debates sobre la identidad y el ser lo que se es o lo que se quiere ser, nuestros políticos y medios de comunicación han pasado como si no fuera con nosotros por el proceso de negociación de las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2007-2013, que más que quedar resuelto se cerró con el anuncio de la apertura de un debate continental sobre las prioridades y objetivos de la UE, en particular en la importancia que deben tener la política agrícola y la política de competitividad, en particular la investigación, ciencia y tecnología.

En los próximos años, la distribución del presupuesto comunitario experimentará una considerable evolución, reduciendo los recursos asignados por mecanismos de cuotas nacionales, como los fondos estructurales o los fondos agrícolas, a favor de una mayor asignación de recursos por mecanismos de competencia entre los aspirantes a los mismos.

Los recursos gestionados por la Comisión Europea en materia de investigación y tecnología van a ser considerables. El Programa Marco, que es el núcleo central de la política de I+D comunitaria, va a pasar de gestionar 17.500 millones de euros en el periodo 2002-2006 a más de 30.000 entre 2007 y 2010. El próximo Programa Marco, que tendrá una vigencia de 7 años, se estima que va a gestionar en total cerca de 73.000 millones de euros, cifra provisional pendiente aun de la negociación global sobre las finanzas europeas que se va a desarrollar en los próximos años hasta 2009. La UE apuesta por tanto con claridad por conformar un Espacio Europeo de Investigación que permita mejorar la competitividad de la economía comunitaria frente al resto del mundo.

La cuestión por tanto es si España está en condiciones de jugar un papel relevante en las discusiones financieras, y de forma específica, si estamos preparados para participar en una distribución de recursos en la que va a primar la capacidad de gestión y eficaz (logro de objetivos) y eficiente (logro de los objetivos al menor coste) de los mismos. Porque si no lo está, esta debería ser una de las principales preocupaciones de los políticos nacionales. Y si no lo es, razón de más para estar preocupados sobre la eficacia y eficiencia de la acción política cotidiana en nuestro entorno.

En materia de I+D no se trata solamente de disponer de más dinero, sino de tener las condiciones adecuadas para que la siembra de ese dinero dé una buena cosecha de inventos e innovaciones. Y a tenor de lo que parece perceptible incluso para la opinión publica, en nuestro país no parece que tengamos un suelo excesivamente productivo, ni correctamente abonado para estos menesteres.

En España el problema no es tanto un problema de dinero, como un problema de estructuras. Las estructuras de la administración, las empresas y las universidades y centros de investigación carecen de las condiciones adecuadas para absorber de forma eficiente un incremento sustancial del gasto en I+D, que por ejemplo llegue a duplicar el raquítico 1% del PIB dedicado actualmente a estos menesteres. Por poner un ejemplo: la Universidad del País Vasco oferta todos los años 75 plazas de estudios de matemáticas y otras tantas de física, dos especialidades de gran importancia en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los nuevos materiales o las nanotecnologías, tres piezas esenciales de la actual revolución tecnológica. Pues bien, apenas se llega a cubrir la mitad de esas plazas. Lo cual significa que, descontando los estudiantes que abandonan los estudios, los que se colocan en la enseñanza y los que emigran, el tejido productivo vasco no es capaz de absorber al año ni siquiera a una docena de estos licenciados de "altas prestaciones". Y esto no es un problema de la Universidad, sino de las empresas vascas y su escaso requerimiento de generar conocimientos nuevos. Es por tanto un problema de la sociedad en su conjunto. O por poner otro ejemplo, tras ocho años reflexionando en la oposición y dos más actuando desde el gobierno, el PSOE, que en boca del presidente de gobierno tiene a la inversión en investigación como una de sus prioridades, aún no ha sido capaz de ofrecer ni siquiera el borrador de una nueva política de ciencia y tecnología para nuestro país.

Y otro ejemplo más: cabe preguntarse si nuestra contribución a la formación del Espacio Europeo de Investigación será más adecuada creando un sistema español de investigación o mediante la formación de diecisiete sistemas regionales de investigación, proceso que derivaría de un aspecto de la actual discusión sobre transferencias de políticas a las comunidades autónomas, que no ha recibido ninguna atención mediática. Empeñados en convertir en eje del debate político la distinción tan española (y tan filosófica) entre el ser y el estar, se desentiende la discusión política del reparto del poder entre gobierno central y gobiernos regionales de nuestro estar en la UE y de nuestro ser un actor político nacional con pocos argumentos que aportar a los debates europeos de importancia social.

Una dificultad mayor es que el tipo de cambios que se precisan para mejorar la capacidad científica y tecnológica de un país no se improvisan de un día para otro - salvo que exista una especial y fuerte motivación social al respecto. Y esta a su vez requiere un acuerdo político sobre la urgencia de poner en marcha nuevas estructuras orientadas a producir nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y generar un cambio cultural en el tejido productivo. Sin embargo, dada la cicatería con la cual el gobierno vasco está tratando por ejemplo el tema de la financiación universitaria, parece deducirse que este no es un tema de prioridad política.

¿Hay que recordar acaso que en el último periodo del gobierno Aznar, este dispuso 1.352 millones de euros para investigación en el desarrollo tecnologías de la información a gastar en tres años (integrados en la iniciativa Info XXI, presentada el 24 de enero de 2001 en Vitoria), y que de todo ese dinero solo pudo gastar unos 300 millones, entre otras cosas, por la escasa capacidad de absorción de nuestro poco desarrollado sector de tecnologías de la información y comunicación?. ¿Podemos esperar que los resultados de los 2.000 millones de euros para I+D que Zapatero se ha traído de las negociaciones en el Consejo Europeo como premio a su bien comportamiento y aceptación de la pérdida de recursos de los fondos estructurales, serán exactamente la tercera parte de los 6.000 millones extra que el gobierno alemán piensa gastar en I+D para promocionar nuevos sectores industriales vinculados a las nuevas tecnologías (biotecnologías, nanotecnologías, microsistemas, óptica, energía, medio ambiente, espacio...)? ¿O el doble que los 1.100 millones extra que destinará Francia a grandes proyectos de investigación, procedentes de la venta de 109 toneladas de oro del Banco de Francia? No parece probable. La eficacia tecnológica de cada euro gastado en I+D en Alemania o en Francia es sin duda superior a la que se obtiene en nuestro país, entre otras cosas porque en materia de I+D hay rendimientos crecientes (más se obtiene cuanto más se gasta ) y economías de escala (la eficacia parece a partir de un cierto nivel de gasto, y aumenta con este) que en nuestro país estamos lejos de lograr.

Nuestro país se presenta con una gran debilidad para afrontar el reto de la discusión de estrategia en el seno de la UE. En la compensación que se está planteando entre agricultura e investigación, no todos los miembros de la UE parten con las mismas condiciones. Hay países que tienen agricultura y algoritmos (como Alemania, Francia u Holanda) otros no tienen vacas, pero sí ciencia (como Suecia, Finlandia o Gran Bretaña) y otros, como España, Italia y Polonia, solo tenemos "vacas". E incluso la viabilidad de la agricultura del futuro va a depender en gran medida de la adaptación a la misma del progreso científico en genética o microbiología, pero también, en matemáticas o en física.

Por lo tanto, de la decisión más que previsible de apostar más fuerte por la investigación y la innovación tecnológica, en detrimento de la agricultura -que algunos plantean que vuelva a ser competencia de los países miembros, "renacionalizando" los gastos en los que incurre actualmente la política agrícola común-, lo más probable es que España pierda más capacidad de captar recursos comunitarios de la que ha supuesto la ampliación de la UE al Este de Europa. Y que se amplíe aun más la brecha en materia de investigación e innovación con los países más desarrollados de la comunidad.