África: Una oportunidad para avanzar en la protección de los derechos humanos

Ante la celebración del sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de la Unión Africana (UA) en Jartum, Sudán, entre el 23 y el 24 de enero de 2006, Amnistía Internacional ha apelado hoy a los dirigentes africanos para que den prioridad a los derechos humanos y avancen en su protección por todo el continente. La aprobación del Acta Constituyente de la UA en 2000, que contenía prometedoras declaraciones sobre el fomento y la protección de los derechos humanos, hizo albergar la esperanza de que los dirigentes africanos estaban dispuestos a efectuar una declaración pública que condenase los abusos contra los derechos humanos en los Estados miembros, y a cambiar por completo las cada vez peores condiciones de los derechos humanos que durante décadas han caracterizado a muchas partes de la región.

Aunque se han dado algunos pasos limitados para aplicar el mandato de la UA sobre derechos humanos, en muchos lugares de África se han seguido cometiendo abusos graves contra esos derechos, entre ellos violaciones, torturas y homicidios ilegítimos. La impunidad en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos sigue siendo generalizada, a pesar de los esfuerzos internacionales y continentales para abordar el problema. Se siguen produciendo abusos de derechos humanos en Darfur (Sudán) y en Zimbabue, entre otros países del continente. Además, continúa retrasándose la creación y la puesta en marcha de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, dos años después de que el Protocolo que la establecía entrase en vigor.

Para los dirigentes africanos reunidos en Jartum es importante demostrar que tienen la voluntad política de hacer realidad sus compromisos expresos. Las siguientes recomendaciones destacan algunas áreas que la Asamblea de la UA debería considerar si pretende avanzar hacia el fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la zona.

Abordar la impunidad en la región

Uno de los objetivos fundamentales del Acta Constituyente de la UA es condenar y rechazar la impunidad. Sin embargo, a pesar de las generalizadas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, a la mayor parte de quienes las cometieron no se les han pedido responsabilidades, mientras que a las víctimas con frecuencia se les ha negado un recurso efectivo. En las pasadas décadas, se han producido numerosos abusos contra los derechos humanos en muchas partes de África. Hombres, mujeres y niños y niñas africanos han sido víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos reconocidos por el derecho internacional.

De los 53 Estados miembros de la UA, 43 han firmado o ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluidos Chad y Senegal, el cual prohíbe la concesión de inmunidad, incluso en la calidad oficial de jefe de Estado o de gobierno, en los procesamientos por delitos cometidos bajo la jurisdicción de la Corte. El Estatuto de Roma prevé la posibilidad de juzgar a jefes de Estado, ex jefes de Estado y otros funcionarios o ex funcionarios de gobierno ante la Corte Penal Internacional de la Haya, o ante cualquier tribunal nacional que ejerza su jurisdicción sobre delitos contemplados en el derecho internacional.

Amnistía Internacional está informada de que la República de Senegal ha propuesto que la Asamblea de la UA en Jartum considere las acciones legales que podrían emprenderse para poner a disposición de la justicia al ex presidente del Chad, Hissène Habré, por las violaciones graves de los derechos humanos que cometió mientras estaba en el poder. Esta petición se derivó de las demandas presentadas por algunas de sus víctimas, inicialmente en Senegal y luego en Bélgica, y de una posterior acta de acusación dictada por un juez belga.

Amnistía Internacional insta a la Asamblea de la UA a que asegure que cualquier decisión que tome sobre el asunto sea coherente con los compromisos de los Estados miembros, como se menciona más arriba. Es importante que las víctimas africanas vean que se hace justicia en este caso. Tomar una decisión del lado de la justicia y permitir así que su autoridad contribuya al fomento y la protección de los derechos humanos aumentará la credibilidad de la UA, y dará más valor a las razones mismas que indujeron a África a tomar la iniciativa de crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona, así como a desempeñar un papel decisivo en el establecimiento de la Corte Penal Internacional.

El ministro senegalés de Asuntos Exteriores, Cheikh Tidiane Gadio, afirmó el 27 de noviembre de 2005 que Senegal "es muy sensible a las demandas de las víctimas que están pidiendo justicia y se abstendrá de hacer cualquier cosa que pudiera significar que el Sr. Hissène Habré no sea puesto a disposición de la justicia". Las autoridades chadianas también han declarado públicamente que Hissène Habré no podría reclamar inmunidad de ninguna clase respecto de la extradición en caso de conformidad con procesos judiciales entablados contra él por un tribunal extranjero por la comisión de delitos contemplados en el derecho internacional.

Amnistía Internacional apoya totalmente estas posturas, y exhorta a la Asamblea de la UA a que demuestre su liderazgo a favor de la responsabilidad, en sintonía con el espíritu y la letra del Acta Constituyente, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otras normas internacionales a las cuales están comprometidos los miembros de la UA, asegurando que Senegal cumple inmediatamente sus responsabilidades según el derecho internacional y extradita a Hissène Habré para que responda de los cargos que se han presentado en su contra.

Darfur (Sudán)

Amnistía Internacional reconoce el papel fundamental que está desempeñando la UA en la búsqueda de soluciones al conflicto de Darfur, mediando entre las partes del conflicto y a la vez desplegando fuerzas de paz con el mandato de vigilar el acuerdo de alto el fuego y proteger a la población civil. A pesar de estos esfuerzos, como señaló el secretario general de la ONU en su último informe mensual sobre Darfur al Consejo de Seguridad, "los informes recibidos del terreno corroboran el acusado empeoramiento de la situación desde septiembre [...] Continúan los ataques a gran escala contra civiles; integrantes de grupos armados violan a mujeres y niñas; se incendian más y más aldeas, y se expulsa a miles de personas de sus hogares".

Amnistía Internacional cree que la UA debe exponer claramente al gobierno y a los grupos armados sudaneses que la misión de paz de Darfur pretende cumplir su mandato y que emprenderá acciones para proteger a los civiles allí donde estén en peligro.

El empeoramiento de las condiciones de los derechos humanos y de la situación humanitaria de Darfur ha impulsado a las Naciones Unidas y a la UA a reconsiderar su respuesta al conflicto. Amnistía Internacional cree que a la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS, por sus siglas en inglés) o a cualquier otra misión de paz destinada a Darfur se le deben proporcionar personal, recursos y logística para que pueda desplegarse rápidamente en todas las zonas donde los civiles estén en peligro. Aunque la UA necesita apoyo internacional para asegurar esto, ella misma debe asumir la principal responsabilidad sobre la actuación efectiva de la AMIS.

Además, la AMIS o cualquier misión de paz de Darfur deben investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas del gobierno o de los grupos armados, y deben ser capaces de publicar sus informes de forma independiente. La UA debe llegar a una conclusión de inmediato y llevar a la práctica el acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional para asegurar que los sospechosos de delitos según el derecho internacional puedan ser investigados y procesados.

Zimbabue

Amnistía Internacional sigue gravemente preocupada por las reiteradas violaciones de los derechos humanos en Zimbabue y la casi absoluta impunidad de la que disfrutan sus autores. El 16 de noviembre de 2005, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones africanas de la sociedad civil, publicó un llamamiento dirigido a la UA para expresar su preocupación por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Zimbabue, incluida la de cientos de miles de personas desplazadas dentro de sus fronteras como consecuencia de los desalojos forzosos y las demoliciones llevadas a cabo por el gobierno.

En su trigésimo octavo periodo ordinario de sesiones celebrado en noviembre de 2005, la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos condenó el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Zimbabue. En su resolución, la Comisión Africana exhorta al "gobierno de Zimbabue a que aplique sin más dilación las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Africana sobre la Misión de Investigación de 2002 en Zimbabue y las recomendaciones incluidas en el informe de julio de 2005 de la enviada especial de la ONU para la Cuestión de los Asentamientos Humanos", y efectúa una serie de recomendaciones para reforzar el respeto a los derechos humanos en el país, incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a la independencia del poder judicial.

Amnistía Internacional insta a la UA a que apele públicamente al gobierno de Zimbabue para que respete los compromisos contraídos en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y a que le exhorte a cumplir con las recomendaciones contenidas en la resolución de la Comisión Africana. Amnistía Internacional también apela a la UA para que renueve el mandato de su representante en Zimbabue, con el fin de que investigue las consecuencias de los desalojos forzosos y las demoliciones en los derechos humanos y en la situación de la población civil.

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Amnistía Internacional sigue gravemente preocupada por el hecho de que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos todavía no se haya establecido, dos años después de la entrada en vigor del Protocolo el 25 de enero de 2004. A Amnistía Internacional también le preocupa que, desde el 14 de diciembre de 2005, sólo 22 de los 53 Estados miembros de la UA hayan ratificado dicho Protocolo. De estos, únicamente Burkina Faso ha hecho la declaración, según el Artículo 34.6 del Protocolo, por la que se concede a los individuos y a las organizaciones no gubernamentales acceso directo a la Corte.

No obstante, Amnistía Internacional se congratula por la inclusión en el orden del día de la Asamblea de la UA de la elección de los 11 jueces para la Corte. Insta a la Asamblea a que, tanto en la elección de los jueces como en sus esfuerzos para hacer que la Corte sea operativa y eficaz, considere lo siguiente:

La Asamblea de la UA debe asegurar que sólo jueces de la más alta categoría, compromiso e integridad sean elegidos para la Corte.

La Asamblea de la UA debe asegurar una justa representación de hombres y mujeres de las principales regiones y sistemas jurídicos de África en la elección de dichos jueces.

Una vez establecida totalmente, la Asamblea de la UA debe asegurar que a la Corte se le proporcionen los recursos humanos y económicos esenciales, para que pueda llevar a cabo sus funciones de forma independiente y eficaz.

La Asamblea de la UA debe exhortar a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen el Protocolo sin mayor demora, y también a que hagan la declaración pertinente según el Artículo 34.6 del Protocolo.