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La insignia
25 de diciembre del 2006


Perú

Los precios de referencia del programa minero


Jürgen Schuldt
La Insignia. Perú, diciembre del 2006.


Con la solemnidad y el pisco del caso, después de casi medio año de enrevesadas negociaciones a puertas cerradas entre el gobierno y los representantes de las empresas mineras, el presidente en persona dio a conocer el D.S. 071-2006-EM en Palacio de Gobierno. En él se establecen los principios para calcular y asignar el aporte-dádiva-donación-contribución de carácter "voluntario, extraordinario y temporal", que equivaldrá al 3,75% de las utilidades netas de las 43 empresas mineras más importantes del país, siempre y cuando la cotización internacional del o de los principales metales que explota cada una se encuentre por encima de un determinado 'precio de referencia'. Teóricamente, ese dinero ascendería a casi 800 millones de dólares durante los próximos cinco años y se estima que serán algo más de 500 millones de soles para el año 2007, que deberán "contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las respectivas actividades mineras", bajo responsabilidad de las propias empresas mineras. Sin duda, el texto del convenio-tipo (publicado en 'El Peruano', 21-12-06) que cada empresa minera firmará en los próximos días con los ministros de los ramos involucrados (economía y minas) dará lugar a muchos comentarios, seguramente más a favor que en contra. Dadas las limitaciones de espacio, nos centraremos en un solo punto, el referido a los 'precios de referencia', sin duda uno de los más peliagudos del acuerdo. Las diez atingencias adicionales que tenemos respecto al decreto serán expuestas en otra oportunidad.

El cálculo de los Precios de Referencia (PR) fue realizado por una consultora privada y el método fue aceptado -aparentemente sin chistar- por ambos grupos de negociadores. Consistió en calcular el promedio -que cubre el periodo de 1991 a 2005- de las cotizaciones internacionales (en dólares reales) de los siete principales metales que exportamos (cobre, estaño, hierro, oro, plata, plomo y zinc), al que se le añadieron maquiavélicamente dos 'desviaciones estándar', medida estadística que mide la volatilidad de una variable, con lo que favorece más a los metales de precios más erráticos. En la cláusula 9 del convenio se presentan los PR para cada uno de los metales mencionados. La cuestión que surge apenas se observan esos precios-umbral es si son adecuados, demasiado altos o exageradamente bajos.

Como es obvio, en las negociaciones las empresas mineras deben haber pretendido que se aplique un método de cálculo que lleve el PR al más alto nivel posible, en la esperanza de pagar el aporte durante el menor número de años posible, recordando que el convenio actual rige por cinco años y que bien podría ser prolongado. En cambio, la función objetivo del gobierno debió ser algo más compleja, ya que debía contemplar cuando menos dos variables: buscar un PR lo más bajo posible para recaudar esos fondos durante el mayor número de años posible para alcanzar las metas de su 'lucha contra la pobreza'; y evitar asustar a la inversión extranjera en su lucha por alcanzar el ansiado 'grado de inversión'.

Pero ahí es donde surge la cuestión central. A falta de una bola de cristal, ¿cómo saber si los PR son exagerados, sea para arriba o para abajo, en particular si no conocemos cómo evolucionarán las cotizaciones a futuro? Hay muchas respuestas posibles, pero cuyas estimaciones son extremamente complejas, como aquella que pretende medir -lo que sería lo más adecuado- una tasa 'normal' de ganancia y en que el aporte extraordinario se daría cuando los precios internacionales aseguren un rendimiento que rebase -es un decir- el 20%. Nosotros preferimos usar, para no molestar a gobierno y mineros, el mismo método que se aplicó para determinar los PR, pero mirando al pasado y simulando lo que hubiera pasado durante los últimos quince años, si desde entonces se hubiera instaurado este aporte "voluntario" (con o sin comillas, a gusto del lector) en base a los PR determinados por la consultora "independiente" (también con o sin comillas). Le adelanto el resultado: en ningún año habrían tenido que aportar un solo centavo, dado que los PR 'negociados' son demasiado elevados, a pesar de la bonanza de los metales en el mercado internacional durante varios de los últimos quince años.

El cálculo de la simulación 'hacia atrás' es muy sencillo: se recaba el precio nominal de cada metal para cada año el periodo mencionado de la misma fuente con la que trabajaron los negociadores; luego se deflacta cada uno en base a los precios al productor de los EEUU (con base 2005); y, finalmente, se los compara con los PR acordados entre gobierno y mineras. Resulta que en ningún caso se rebasa el nivel que establece ese umbral, con lo que en esos años las empresas no habrían tenido que desembolsar duro alguno para el pueblo. A manera de ejemplo, ejercitémonos con el caso del cobre y usted verá que ni siquiera en el año 1995 -el del mejor precio real de todo el lapso en cuestión- se alcanza el piso determinado por el PR oficial. En ese año el precio nominal por libra fue de 133 centavos de dólar y de 168 en centavos de dólar reales del año 2005, es decir muy por debajo (-6,3%) del PR de 179 centavos. Más aún, lo que ilustra mejor el problema, el precio promedio real del cobre de ese periodo fue de 105 centavos: ¡41% por debajo del PR de 179! Y, por más que el gran capital tenga la sartén por el mango, el gobierno no tiene porqué haberse sometido de esa manera, dada la excepcional coyuntura por la que atraviesan los precios de los metales y los voraces intereses mineros por explorar y explotar nuestros codiciados recursos naturales no renovables.

Si tiene usted el tiempo y la paciencia necesarios, realice ese mismo cálculo para los últimos 55 años y encontrará que las empresas mineras solo habrían tenido que aportar el misterioso 3,75% (¡nadie sabe de donde salió este chueco guarismo!) en unos pocos años, especialmente en los casos del cobre, del oro y del zinc. La negociación adecuada tendría que haber llevado a un precio de referencia equivalente a la cotización promedio (puntos porcentuales más, pero no tanto; o puntos menos, aunque no muchos) del periodo, ya que ese podría adoptarse como un criterio-proxy de la capacidad de acumulación de las empresas con tasas aceptables de ganancia. Que sepamos, ninguna empresa quebró en ese lapso y tampoco habría desaparecido por pagar el minúsculo porcentaje del óbolo.

Lo que significa que, dados los elevados PR establecidos por decreto, bastarían leves reducciones de la demanda mundial por nuestros metales -digamos por una recesión en EEUU y/o una revaluación del yuan- para anular fácilmente y de golpe el aporte minero anual por la caída de precios, que no tiene porqué ser sustancial. Lo que implicaría un recorte abrupto de los flujos de que disponen los Fondos Local y Regional creados por el D.S. mencionado. Nadie en su sano juicio y con algún conocimiento de las peripecias de los precios internacionales de nuestros metales se atrevería afirmar que las actuales cotizaciones se mantendrán por más de dos o tres años. De manera que, a pesar de -o precisamente por- la existencia de los excepcionales precios internacionales, en no más de dos o tres años no habrá lugar para aporte alguno. Las consecuencias políticas de ese infortunio son evidentes: si bien el presidente ha señalado que se ha cuidado de no matar a las gallinas de los huevos de oro, lo que explica porqué se han aceptado PR tan altos, esa realidad -caída de precios y anulación del aporte- puede llevar a que las comunidades temporalmente beneficiadas por el aporte le rompan los huevos de oro, cobre y zinc a las gallinas y hasta los del gallo-gobierno. El triunfalismo con que el oficialismo ha anunciado el acuerdo con las mineras terminará desenmascarándose como una victoria pírrica y el contento de las mineras le terminará explotando en la cara, bastante más temprano que tarde.

Aunque podemos discutir si es más importante la gallina o los huevos, de lo que no queda duda alguna es que habría sido preferible obligar -como fuera prometido en la campaña por el partido del pueblo- a todas las empresas a pagar las regalías mineras, procedimiento que rendiría ingresos algo más estables, algo mayores, seguramente más transparentes y bastante más equitativos (vis a vis las mineras que sí las pagan) que ese peculiar aporte voluntario y más temporal de lo que se cree. Lo que demuestra, una vez más, que también para este gobierno la estabilidad de las truculentas 'reglas de juego' sigue siendo más importante que la estabilidad sociopolítica, porque sigue habiendo quienes creen que aquellas garantizan ésta… cuando actualmente vale precisamente lo contrario.


Lima, 22 de diciembre



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