Jesús Gómez Gutiérrez: Una propuesta necesaria

La propuesta para que los residentes extranjeros no comunitarios puedan votar y ser votados en las elecciones municipales españolas es insuficiente, pero un gran paso en la dirección correcta. Por extensión de derechos, por adecuación del marco legal a la realidad española y, tal vez en su aspecto más importante, por la separación de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía a la que apunta.

Conviene recordar algunos datos básicos: la proposición no de ley, defendida en el Parlamento por el Partido Socialista e Izquierda Unida y apoyada por la mayoria de los grupos políticos, podría afectar a alrededor de dos millones de residentes legales. No se refiere a los extranjeros procedentes de la Unión Europea ni a los inmigrantes que ya han accedido a la nacionalidad española, quienes obviamente ya gozan de esos derechos. Es decir, no se trata de una declaración vacía ni de una simple constatación de normativas preexistentes, como equivocadamente se ha afirmado en alguno de los pocos medios de comunicación latinoamericanos que se han molestado en informar al respecto.

Hasta ahora, el principal obstáculo a la reforma había sido su dependencia de convenios de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes. Dado que varios de esos países son dictaduras, y que otros niegan el derecho a votar a los ciudadanos españoles que residen en su territorio, la propuesta insta al Gobierno a establecer dos vías de actuación: la primera, «proceder a la negociación y firma de acuerdos o convenio con los países con mayor número de nacionales residentes legales en España, y especialmente, con aquellos con los que ésta tiene relaciones históricas, políticas y culturales más estrechas»; la segunda, solicitar un informe al Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 13.2 de la Constitución, «particularmente, sobre la interpretación de los términos "criterios de reciprocidad"».

La novedad consiste, de hecho, en la existencia de voluntad política para evitar el obstáculo de la reciprocidad cuando el establecimiento de acuerdos con otros países no sea posible. Además, se liga a una posibilidad añadida que debería ser de especial interés para los lectores de La Insignia y que desde luego lo es para su Redacción: la iniciativa anunciada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, para avanzar en el concepto de «ciudadanía iberoamericana» y en la creación de un espacio judicial común, que se presentará en la próxima Cumbre de Uruguay.

Confieso mi escepticismo en ese último aspecto. La supervivencia de La Insignia es manifestación de la existencia de un sector verdaderamente consciente del valor de nuestros vínculos y posibilidades; pero es un sector pequeño, amparado en ámbitos que nunca han dependido de intervención estatal para desarrollar o habitar espacios comunes reales: escritores, traductores, trabajadores en general de la palabra escrita y un puñado de representantes del Derecho y otras disciplinas. La situación general, bien diferente, se podría resumir como un espacio de incomprensión mutua con tendencia a la disgregación y a la verborrea; la situación política, del siguiente modo: gobiernos atascados en el ultranacionalismo y en una sistemática incomprensión de la política internacional (América Latina), en la falta de recursos y de voluntad suficiente (España) o en la falta de recursos y de ningún tipo de voluntad (Portugal). Pero precisamente por ello, la iniciativa española me parece, también, esperanzadora. Es una propuesta concreta, útil para los ciudadanos, que surge de quien tiene la capacidad política y, en consecuencia, la obligación de actuar.

Por último, hay una cuestión menor, el efecto del voto inmigrante en el espectro político, que ya ha desatado algunas especulaciones en mi país. En mi opinión, PSOE e IU han demostrado tanta valentía como responsabilidad al anteponer la extensión de los derechos y la salud del propio sistema democrático a cualquier otra consideración; todo lo contrario a la actitud de Convergencia i Unio de Cataluña, cuyas objeciones la acercan -nacionalismo mediante, qué si no- a la extrema derecha. Aunque la inmigración en España es un fenómeno complejo que no se presta fácilmente a generalizaciones, parece evidente que el segmento mayoritario es más proclive a las opciones derechistas. Los interesados en este aspecto no deben contentarse con explicaciones sociológicas (catolicismo, conservadurismo moral, etc.), que tal vez se equilibrarían ante la conciencia de quién defiende, realmente, los derechos de los inmigrantes: también tienen los resultados del voto por correo en distintas consultas electorales de los países de origen.

Decía al principio que el aspecto más importante de la propuesta es la separación de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. El camino no se inicia ni termina en este punto, y seguramente pasará tiempo antes de que se puedan dar otros pasos, más audaces, en tal sentido. Pero es un elemento fundamental, que no deberíamos subestimar por las carencias de una decisión política concreta. Sin la superación del Estado-nación tradicional y de sus fundamentalismos asociados, que en América se han combinado desastrosamente con una gravísima carencia de estructuras (políticas, económicas, educativas), no hay futuro.

Madrid, agosto del 2006.