Joaquín Arriola: España: El programa real (II)

Las actuaciones

Los objetivos económicos "prioritarios" del gobierno son obtener un nivel de PIB por habitante similar a la media de la UE25, y lograr que dos tercios de la población en edad de trabajar se encuentre ocupada. Dos objetivos de corto alcance, pues hay que recordar que el paso de la UE15 a la UE25 supuso la llegada de 10 con un nivel de renta por habitante muy inferior al español, lo cual hace bajar la media significativamente, pues España tiene en 2006 una renta por habitante equivalente al 91% de la media de la UE25, pero solo llega al 84% de la media en la UE12 (datos de Eurostat). En cuanto al objetivo del empleo, la llegada de inmigrantes, casi todos en edad de trabajar, ha hecho que desde 2003 la tasa de empleo se eleve medio punto al año, llegando al 63,5% en 2005, con lo cual el objetivo del 66% se alcanzará incluso antes de la fecha prevista, a poco que aumente la oferta de empleo a inmigrantes.

El resto de objetivos, son una combinación de medidas de ajuste neoliberal, un programa moderado de obras públicas y la trasposición de recomendaciones de a Comisión Europea al contexto español. Pero el gobierno considera que estos son los objetivos adecuados para lograr los considerados prioritarios, ya que "inciden en el aumento de la productividad y del empleo" (PNR p.48).

Esto en cuanto a los objetivos cuantificados, porque otros dos, "mejorar la posición española en relación con los indicadores de competencia" y "reducir la siniestralidad laboral, medida como índice de incidencia (por cada 100.000 afiliados a la SS)" son un brindis al sol, incorporados sin numerar y probablemente como expresión de la "aportación" de los agentes sociales a este programa.

El problema con este conjunto de objetivos no es que sean "insuficientes", como suelen decir los análisis críticos oficiales, sino que son erróneos y reflejan la mentalidad neoliberal predominante en el gobierno de Zapatero, y no solamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, por cierto.

Sirva como ejemplo los objetivos de empleo. Continuamente los gobiernos hablan de aumentar la tasa de ocupación de tal o cual colectivo, o de la población en general. Conviene recordar que la única política pública que garantiza un aumento del empleo es la contratación por parte del sector público. Como esto no entra dentro de los cálculos del gobierno, y recordando que en una economía capitalista, la decisión privada de contratar depende fundamentalmente de la rentabilidad esperada de las inversiones potenciales, lo que va a hacer el gobierno para mejorar la tasa de empleo de mujeres y de jóvenes es de esperar: una nueva reducción de cotizaciones sociales, un nuevo aumento de las subvenciones directas, para que los empresarios contraten personas de esos colectivos. Pero estas medidas solo tienen dos consecuencias de importancia: por un lado, provocan únicamente un efecto de sustitución (mujeres y jóvenes entran a ocupar puestos de trabajo a cambio de hombres adultos que los pierden) y solo marginalmente de incremento neto del empleo, en aquellas actividades en las cuales la reducción prometida del coste laboral suponga una mejora de la rentabilidad suficiente para impulsar al capitalista a hacer la inversión. Por otro lado, esta forma de incentivar la contratación fragiliza aun más el sistema de prestaciones sociales, que depende exclusivamente de las cotizaciones e impuestos que pagan los trabajadores. Por lo tanto, un efecto de sustitución de empleo por prestaciones.

Por otro lado, los objetivos que implican incremento del gasto, esto es las inversiones en infraestructuras y en investigación, no se ven acompañadas de medidas para incrementar los ingresos. Si tenemos en cuenta además que el gobierno persiste en la política de reducción del déficit, ya puede suponerse el lector de donde van a venir los recursos para estas funciones de gasto prioritarias: de las partidas que no aparece como prioritarias en el programa. Como es fácil deducir a costa de quiénes se va a financiar el programa económico del gobierno, me abstengo de proseguir con el caso.

La parte más extensa del programa se dedica a especificar los instrumentos para alcanzar dichos objetivos específicos, que se articulan en torno a siete ejes, los cuales reflejan no tanto lo que serían las actuaciones más adecuadas para que crezca la economía y el empleo, sino más bien el peso relativo de los diversos ministros y ministerios. Los siete ejes del programa pivotan respectivamente sobre siete ministerios:

-Economía (Eje 1. Refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria).
-Fomento y (Eje 2. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT);
-Educación (Eje 3. Aumento y mejora del capital humano);
-Industria (Eje 4. La estrategia de I+D+i (INGENIO 2010)),
-Administración Pública y Economía (Eje 5. Más Competencia, Mejor Regulación, Eficiencia de las Administraciones Públicas y Competitividad),
-Trabajo y Asuntos Sociales (Eje 6. Mercado de Trabajo y Diálogo Social)
-y de nuevo Industria (Eje 7. El Plan de Fomento Empresarial).

Agricultura y Vivienda, dos ministerios de fuerte contenido económico, quedan al margen del PNR, revelando el escaso peso político de las respectivas ministras (y Comunidades Autónomas: hay que tener en cuenta que la composición del gobierno español refleja la nueva orientación cuotista de la política local: hay cuotas de mujeres, como hay cuotas de reinos de taifas o comunidades autónomas. A este paso, no sería de extrañar la asignación de cuotas por orientación sexual -otro de los temas estrella de la política nacional- o por sistemas de creencias, que algo de ello se empieza a vislumbrar). El medio ambiente, colado de rondón en el eje 2 -programa AGUA- es otro de los aspectos estructurales del crecimiento económico ignorados en el programa neoliberal del gobierno.

Un repaso a las medidas incorporadas en los distintos ejes permite sintetizar las actuaciones propuestas como sigue:

El punto de partida es la afirmación siguiente: "La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenible y mejorar así el bienestar social." (PNR p.56). Puede ser discutible, pero hay razones técnicas para aceptar esta afirmación. Pero hay dos enfoques irreconciliables del asunto, los contenidos de la "macroeconomía" son objeto de disputa política. Desde la perspectiva de la mayoría de la población que vive de un salario o una pensión, los equilibrios macroeconómicos básicos son los que relacionan el ingreso salarial y por transferencias sociales y la capacidad de consumo, y en términos reales, el equilibrio entre la capacidad de trabajo potencial de la sociedad y el empleo efectivo. Para el gobierno del PSOE, para el Partido Popular, para la Comisión Europea, para el FMI y para todos los que piensan en la economía desde los intereses de la acumulación capitalista, la macroeconomía se reduce a los equilibrios en el sistema de precios (inflación) y en las cuentas publicas.

Ya señalamos que el desequilibrio exterior no es preocupación prioritaria del gobierno. Pero lo que resulta excesivo es que a continuación de la frase entrecomillada anterior, el PNR reduzca la "estabilidad macroeconómica" al equilibrio presupuestario.

No contentos con esta lógica monoequilibrista, a continuación se sienta otro axioma: "La estabilidad presupuestaria debe conseguirse sin elevar de forma permanente la presión fiscal." (PNR p. 56). Debe hacerse notar que esta afirmación no se corresponde con ninguna conclusión de la teoría económica. Es más, lo que está ocurriendo en España en los últimos años es precisamente lo contrario, una reducción permanente de la presión fiscal. Y si hay una correlación difícilmente refutable, es la que relaciona los mayores niveles de bienestar bajo el capitalismo con niveles de gasto público superiores al 40% del PIB, nivel que se encuentra un 5% por encima del nivel español, y si tomamos en cuenta la economía sumergida, que las estimaciones más conservadoras cifran en un 20% del PIB, el nivel de recaudación fiscal efectivo no alcanza ni un tercio del PIB español real.

En fin: si echamos un vistazo a las medidas propuestas, aparte de apuntarse a la "doctrina Prodi" que afirma que el respeto a las reglas de la convergencia monetarista hay que medirlo a lo largo del ciclo económico, y no año por año, y de las conocidas porpouesats de desfiscalización de los beneficios y las rentas altas (reducción de tipos y de tramos), la demás medidas se orientan a satisfacer las exigencias del territorio donde se deciden las principales alianzas políticas del PSOE (Cataluña), en materia de reforma de la financiación de las comunidades autónomas:

-Garantía de que los esfuerzos fiscales adicionales de las CC.AA. se destinen a financiar servicios en la CC.AA. correspondiente.
-Mayor asociación de la evolución de los recursos a la de la población.
-Refuerzo de la presencia de las CC.AA. en las instituciones para favorecer conjuntamente la autonomía financiera de las distintas Administraciones y la gestión eficiente de los recursos tributarios de ámbito estatal.

Y por supuesto, acorde con el objetivo de "reorientación del gasto público hacia el gasto productivo", el programa no se olvida de los trabajadores y del esfuerzo especial que se les va a pedir para financiar tan maravilloso plan: un apartado dedicado a reducir las prestaciones sociales, con medidas -ya aplicadas en la reforma del sistema de pensiones- tan "progresistas" como reducir el número de viudas con derecho a pensión y el número de ciudadanos con derecho a cobrar las pensiones mínimas. Y como el esfuerzo es poco, ya nos anuncian la que será la reforma del próximo curso: la "racionalización" del gasto sanitario que va a consistir en reducir las prestaciones farmacéuticas, los servicios médicos tecnológicos (diagnósticos y terapias) y un aumento de la productividad de los empleados del sistema nacional de salud ("incentivos a los profesionales sanitarios" lo denominan, PNR p.64).

En materia de inversiones en infraestructuras, pocas novedades: del 1,5% del PIB que se piensa dedicar a infraestructuras de transporte entre 2005-2020 el 48% irá al ferrocarril. Sin embargo, el elevado coste de las líneas de alta velocidad absorbe casi todos los recursos, en consecuencia, no parece que se vaya a producir un cambio cualitativo en las modalidades de trasporte en España. Basta comparar los huecos del mapa de ferrocarriles con la estrecha malla del mapa de carreteras nacionales que ha planificado el gobierno. Probablemente los estrategas gubernamentales estén pensando en el efecto sustitución que puede suponer el plan de infraestructuras respecto a la construcción de viviendas, en el "modelo de crecimiento cementero" implantado en España. Que todo apunta va a seguir por muchos años.

En todo caso, hay que resaltar el sistema de financiación previsto, que supone recaudar el 40% del gasto previsto mediante el aumento de las tasas y tarifas, es decir, la financiación mercantilizada de las infraestructuras, mediante la profundización en un sistema fiscal regresivo, pero que se convierten en un mecanismo privilegiado de acumulación privada de capital.

Respecto al programa AGUA, que ocupa 22 líneas en un programa de 157 páginas, es un claro exponente de la importancia que tiene en la estrategia gubernamental uno de los problemas mundiales más graves del siglo XXI. La retórica vacía dela sostenibilidad tiene aquí uno de sus más claros exponentes.

La educación y la enseñanza como mecanismo de socialización y civilización han sido sustituidos en la ideología del PSOE por el "capital humano", es decir por la formación de la fuerza de trabajo "el capital humano es un recurso productivo" (PNR p. 75). Analiza el PNR la calidad del sistema, el fracaso escolar y el bajo nivel de participación en la formación continua como preocupaciones centrales. Pero olvida señalar que las principales causa de las limitaciones del sistema escolar y formativo español son, en primer lugar, el bajo nivel de inversión pública en el mismo -siempre en comparación con la UE, España dedica un 1% del PIB menos que la media comunitaria a inversión educativa. Y al respecto, no existe ningún compromiso cuantitativo en el programa, lo cual dice mucho del alcance real de las medidas. Y por otro lado, el nivel de renta y las expectativas de la población (Felipe Romero: el informe PISA 2003). Si las perspectivas de trabajo de los jóvenes escolares son el empleo precarizado y temporal, sus expectativas sociales y escolares se adaptan a esas condiciones; empleo precario, cultura precaria, formación precaria, vida precaria... son las constates vitales de una sociedad que el Programa Nacional de reformas entiende tan mal.

El eje estrella del PNR es el dedicado a la I+D+i. Incluso se han inventado un nombre, el Programa Ingenio 2010, destinado a lograr una orientación más mercantil de la investigación, y aunque no se explicita claramente, a que España compense parte de la pérdida de ingresos en forma de fondos estructurales por un aumento dela captación de recursos en el programa comunitario de I+D. Cuyos fondos van a pasar de 17.500 millones en 2000-2006 a más de 70.000 millones de euros en 2007-2013. Pero el cambio no es fácil; se trata de pasar de recibir fondos de cohesión, en competencia con países como Portugal o Grecia, a competir por captar fondos de investigación con Alemania, Francia o Finlandia. Como ya señalamos en un artículo anterior ("Vacas o Algoritmos"), la estructura del capital en España -tamaño micro de las empresas, especialización productiva, subordinación en las cadenas productivas a multinacionales extranjeras- es refractaria a la innovación y al uso productivo de la ciencia, problema que no se resuelve con recursos financieros a la investigación. Siendo este el eje más detallado y cuantificado, sin embargo da por supuesto algo que no está claro en realidad, y es que la mejora del bienestar social no depende de que las empresas hagan más investigación y desarrollo, sino de la orientación democrática de la ciencia y la tecnología. La privatización de los fines de la ciencia, por tanto, va en contra del objetivo ético perseguido, y será de dudoso éxito en el objetivo mercantil para el cual se ha diseñado el programa.

El programa habla de una "nueva política industrial", sin acordarse que en todo caso es nueva porque hasta ahora nunca ha habido una política industrial real, desde que Felipe González optara por otorgar todo el poder sobre la política económica al sector financiero español.

Pero si alguien se piensa que este gobierno ha aprendido de las omisiones del pasado que deje toda esperanza; en el PNR la "política económica" se limita a buscar una mayor competencia entre operadores en sectores como la energía, las telecomunicaciones o la distribución comercial, privatizar el transporte ferroviario, suprimir definitivamente el carácter de servicio público de Correos, reducir el poder de los sindicatos de estibadores y aumentar las tarifas eléctricas y el precio del agua.

Un pan de este tipo necesariamente tiene que contemplar actuaciones directas sobre la fuerza de trabajo. Las reformas recientes apuntan en el sentido señalado en el PNR: reducción del coste de la fuerza de trabajo para las empresas por la vía de reducir las cuotas patronales y las indemnizaciones por despido, reforzando estas medidas para colectivos específicos (jóvenes, mujeres, discapacitados). Una vuelta de tuerca más en el desmantelamiento de los servicios públicos de empleo favoreciendo las agencias privadas de contratación -ya tenemos una nueva mercancía: los servicios de intermediación entre oferta y demanda de empleo; todo es poco para favorecerla acumulación de capital.

¿Y que hay de uno de los principales problemas de los trabajadores, la enorme tasa de temporalidad en el empleo que supone un incremento inmenso del poder contractual del capital? No me resisto a reproducir lo que dice el PNR al respecto:

"El objetivo es mejorar el funcionamiento del modelo existente, configurando un nuevo escenario legislativo que sea general, compensado, realista, que no comporte la introducción de rigideces adicionales a las hoy existentes y que permita una transición paulatina hacia un nuevo escenario que fomente la estabilidad en el empleo, pero cuidando que no conlleve peligros para la creación de empleo. Se trata de no crear descompensaciones o incertidumbres que puedan afectar al nivel de creación de empleo, compaginando flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores." (PNR p.130).

Más claro, agua: según el gobierno, la temporalidad es un factor que genera más puestos de trabajo. Y si se quiere menos temporalidad, habrá que aumentar la flexibilidad por otro lado. Y aquí radica uno de los objetivos estratégicos reales del neoliberalismo europeo: sustituir la flexibilidad en términos de volumen de empleo por flexibilidad en términos de volumen de salarios. Mientras esa transmutación no se complete, la temporalidad seguirá vigente como norma de contratación prioritaria.

¿Para cuando una alternativa?

Es increíble que un programa de este calado haya pasado desapercibido a la izquierda sindical y política que apoya al gobierno, bajo el increíble argumento de que un gobierno del PP lo haría peor. Tal actitud solo se explica por una cierta tradición existente en el movimiento sindical oficial que considera que en las políticas diseñadas por los gobiernos del PSOE, del dicho al hecho hay un gran trecho. Sin embargo, las reformas aplicadas en 2006 nos indican que al gobierno está dispuesto a cumplir su programa neoliberal rajatabla. Y para facilitar el objetivo, va a modificar las alianzas en Cataluña, reforzando el flanco neoliberal con Convergencia y Unió, y desembarcando de la tripulación al sector populista de ERC e ICV (al menos a los primeros, que son los que cuentan).

La mayor debilidad ante esta orientación neoliberal del programa real del gobierno, sin embargo, estriba en la ausencia de alternativa por parte de la izquierda. Una alternativa que para ser tal debiera ser creíble, en una doble dimensión: técnica -es decir, basada en un conocimiento real de los problemas de los trabajadores, de la economía española, del margen de maniobra actual y potencial, esto es, del existente y del que se puede lograr "empujando"- pero también política, es decir, que concite una alianza de fuerzas suficientemente sólida como para que haya visos de que el programa alternativo puede llegar a convertirse en política de gobierno.

Mientras tanto, la pobreza masiva entre jóvenes y ancianos, la especulación inmobiliaria, el control parasitario de las rentas salariales por la banca, la incertidumbre y el riesgo creciente sobre los ciclos de vida de las familias trabajadoras, la pérdida de tejido y cultura industrial, la desamortización del sector público y la falta de participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, seguirán campando por sus respetos.