México: AI exige que el Gobierno federal se ocupe de la crisis de Oaxaca

Amnistía Internacional ha instado hoy, 25 de agosto de 2006, al gobierno federal de México a garantizar que las autoridades de Oaxaca impiden que se cometan nuevos actos de violencia en el estado e investigan las violaciones de derechos humanos perpetradas por milicias locales respaldadas, según informes, por las fuerzas de seguridad.

Las protestas para pedir la dimisión del gobernado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se intensificaron en junio de 2006. Desde el 10 de agosto han muerto dos personas y han resultado heridas muchas más. Al menos siete se encuentran actualmente detenidas, y, según informes, siete han sufrido tortura u otros malos tratos.

La información recibida por Amnistía Internacional aporta indicios claros de violaciones de derechos humanos cometidas por milicias activas en Oaxaca en conjunción con las fuerzas de seguridad del estado.

El 22 de agosto, Lorenzo San Pablo, manifestante que formaba parte de un piquete en una emisora de radio, recibió un disparo en la espalda, efectuado por unos desconocidos que, según testigos, iban acompañando a un convoy policial. Murió a las pocas horas.

El 10 de agosto, Ramiro Aragón Pérez, biólogo, fue detenido, junto con otros dos activistas, y sometido a una paliza por unos desconocidos que viajaban en vehículos sin placa de matrícula. Según los informes, los tres fueron conducidos posteriormente a un lugar secreto donde los torturaron y fueron entregados al Ministerio Público de Oaxaca. Ramiro continúa detenido y expuesto a sufrir tortura.

"En Oaxaca hay milicias ilegales que participan en el 'trabajo sucio' de las fuerzas de seguridad -ha manifestado Javier Zúñiga, director del Programa Regional para América de Amnistía Internacional-. Es necesario investigar con urgencia esta situación, desarmar y disolver las milicias y poner a disposición judicial a los responsables de abusos contra los derechos humanos."

"Se deben tomar con urgencia medidas concretas para investigar los recientes abusos contra manifestantes e impedir que se produzcan sucesos similares. El gobierno federal tiene la obligación de garantizar que las autoridades de Oaxaca actúan de acuerdo con la ley", ha añadido Javier Zúñiga.

Amnistía Internacional ha reconocido el deber de las autoridades de garantizar la seguridad de todas las personas en Oaxaca, pero ha insistido en que deben hacerlo de acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos a fin de garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de reunión y de expresión. Lamentablemente, las autoridades de Oaxaca han hecho caso omiso de los reiterados llamamientos que se les han dirigido para que protejan este derecho.

"La actual crisis de Oaxaca es consecuencia de deficiencias sistémicas y de falta de voluntad para abordar los problemas subyacentes del estado y proteger los derechos humanos más básicos de las personas".