Brasil: Sentencia condenatoria en el caso de la matanza de Baixada Fluminense

"La sentencia condenatoria dictada contra Carlos Jorge Carvalho, agente de la policía militar de Río de Janeiro, por su participación en el homicidio indiscriminado de 29 civiles en la zona de Baixada Fluminense de Río de Janeiro, el 31 de marzo de 2005, es un paso importante en la lucha contra la impunidad de los violadores de los derechos humanos", ha afirmado Amnistía Internacional hoy, 24 de agosto de 2006.

Como han demostrado los juicios celebrados en relación con matanzas anteriores, estas sentencias condenatorias constituyen una victoria importante para quienes luchan por la justicia y los derechos humanos de las comunidades menos protegidas por el estado.

Sin embargo, las declaraciones de culpabilidad, que han recaído únicamente en agentes de policía de baja graduación, no han sido suficientes para poner freno al incesante aumento de los homicidios relacionados con la policía y con los "escuadrones de la muerte" en el estado de Río de Janeiro.

Mientras tanto, los homicidios continúan. En el último año, en medio de un alto grado de violencia armada, estadísticas oficiales revelaron que las fuerzas policiales de Río de Janeiro mataron a más de 1.000 civiles en situaciones calificadas de "resistencia seguida de muerte", y que se realizaron escasas investigaciones sobre las circunstancias que concurrieron en los hechos. Estas cifras no incluyen a las personas muertas a manos de la policía que estaban implicadas en actividades delictivas o en "escuadrones de la muerte".

Muchas infracciones graves en relación con la investigación y con los procedimientos que concurrieron en los homicidios de Baixada Fluminense han reiterado los motivos de preocupación planteados por Amnistía Internacional con ocasión de matanzas anteriores a manos de las fuerzas policiales de Río de Janeiro, 13 años antes. La falta de atención a estos problemas sistémicos ha permitido que persistieran las condiciones que desembocaron en los 29 homicidios del mes de marzo pasado.

Amnistía Internacional ha recibido información según la cual las investigaciones policiales y forenses fueron, en le mejor de los casos, incompletas o deficientes, lo cual pudo contribuir a la excarcelación, debido a la falta de pruebas, de cuatro de los siete sospechosos iniciales en el caso de Baixada Fluminense.

Asimismo, no parece que se hayan abierto investigaciones sobre las responsabilidades de la cadena de mando, pese a que en un principio se dio a entender que existía relación entre los homicidios y una campaña de represión contra los "escuadrones de la muerte" y los responsables de otras actividades delictivas por parte de la policía militar en la Baixada Fluminense.

Así pues, una vez más, no se considera responsable a ningún funcionario de alta graduación ni a ningún miembro del gobierno estatal de la persistencia del uso de fuerza excesiva y de la violencia delictiva por parte de elementos de las fuerzas policiales de Río de Janeiro.

Al mismo tiempo, un año y cinco meses después de los homicidios los familiares siguen esperando las indemnizaciones prometidas por el estado.

Una y otra vez, se ha constatado que la actuación policial violenta y represiva no proporciona una seguridad efectiva, sobre todo en las comunidades más pobres, que son las más afectadas por la violencia delictiva y policial. Ha llegado la hora de que las autoridades pongan fin a todos los homicidios, introduciendo las reformas profundas del sistema de seguridad pública que permitan poner fin al uso de la violencia y de la ineficacia de la actuación policial y aborden los problemas sociales subyacentes que las sustentan.

Información complementaria

El homicidio de 29 civiles en Baixada Fluminese tuvo lugar 12 años después de las matanzas de Candelária y Vigário Geral que conmocionaron al mundo. Sin embargo, las personas que perdieron a sus seres queridos en el homicidio de nueve niños de la calle en el exterior de la catedral principal de Río de Janeiro, en la plaza de la Candelária, a manos de la policía militar, y en el homicidio de 21 personas residentes en Vigário Geral a manos de miembros de un "escuadrón de la muerte" policial, siguen hoy luchando para que se haga justicia.