Guinea Ecuatorial: 300 familias desalojadas y sin techo

Amnistía Internacional expresa su preocupación por los informes recibidos sobre los recientes desalojos forzosos ejecutados en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, que han dejado a unas 300 familias sin hogar. Las autoridades deben poner fin a la práctica sistemática de los desalojos forzosos masivos.

Socavando el Estado de derecho y el debido proceso, las autoridades no consultaron a los residentes, no les avisaron con antelación, ni les entregaron órdenes de desalojo, garantías de una vivienda alternativa adecuada ni la oportunidad de impugnar los desalojos.

Los desalojos forzosos, acompañados de la destrucción indiscriminada de casas y pertenencias de los residentes, se llevaron a cabo en los barrios de Atepa y Camaremy, en el distrito de Banapa de Malabo, los días 22 y 23 de julio de 2006. En ambas ocasiones los residentes que protestaron por la demolición de sus casas fueron empujados, abofeteados e intimidados por los soldados que acompañaban al equipo de demolición. Un residente de Camaremy, Santiago Obama, fue detenido y permaneció recluido brevemente en la comisaría central de policía de Malabo por protestar por la demolición de su casa el 22 de julio.

El entonces primer ministro, otros ministros del gobierno, autoridades civiles, soldados armados y agentes de policía estuvieron presentes en las demoliciones, que comenzaron a las 8:30 de la mañana. Algunos de los residentes no estaban en sus casas cuando comenzaron las demoliciones pues ya habían salido a trabajar. En consecuencia, no pudieron rescatar sus pertenencias. Las familias desalojadas se quedaron sin techo, pues no se les ofreció un alojamiento alternativo adecuado.

A Amnistía Internacional le preocupa que se sigan realizando desalojos en Guinea Ecuatorial sin respeto al debido proceso, tal como exigen las propias leyes del país y las normas internacionales contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es parte Guinea Ecuatorial. La necesidad de desalojar a los residentes por razones de seguridad pública, proyectos de urbanización o la necesidad de regular el desarrollo urbano a fin de mejorar el acceso seguro a una vivienda adecuada no concede licencia a las autoridades para hacer caso omiso de la salud, el bienestar y los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos.

También preocupa a Amnistía Internacional la ausencia de seguridad de tenencia de quienes viven en asentamientos informales, pues eso hace que miles de familias más de Malabo y Bata, la principal ciudad de la región continental, corran el riesgo de ser desalojadas por la fuerza de sus casas. Según los informes, a finales de abril, a los residentes de Comandachina, el barrio más poblado de Bata, les dieron tres meses para demoler sus casas y construir en su lugar edificios de entre dos y tres plantas, o marcharse de la zona. Los informes indican que a otros les ordenaron marcharse de la zona, aparentemente necesaria para construir un supermercado.

Amnistía Internacional pide a las autoridades ecuatoguineanas que pongan fin a los desalojos forzosos y aseguren de que todas las personas tienen un grado de seguridad de tenencia garantizado sobre la tierra que poseen o que ocupan. La organización pide también a las autoridades que presten asistencia a las víctimas de los desalojos forzosos que siguen sin vivienda y que garanticen que tienen acceso a recursos efectivos, incluida una indemnización por la pérdida de sus casas y sus propiedades.

Asimismo, las autoridades de Guinea Ecuatorial deben investigar de forma exhaustiva e imparcial los informes sobre palizas a residentes a manos de los soldados, a fin de hacer comparecer ante la justicia a todos los sospechosos de haber cometido actos indebidos.

Información complementaria

"Desalojo forzoso" es la expresión que se emplea en el ámbito internacional para calificar los desalojos que se llevan a cabo sin el debido proceso y sin respetar las normas internacionales. Los desalojos forzosos afectan invariablemente a los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad, aumentan la desigualdad y la pobreza y a menudo desembocan en conflictos sociales.

Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo de África, con una producción de alrededor de 400.000 barriles al día. La nueva riqueza que ha traído el petróleo ha provocado presiones sobre las tierras con fines comerciales, así como para la construcción de viviendas de lujo. Las autoridades se han embarcado en un programa de rehabilitación de las principales ciudades e infraestructuras del país. Según los informes, las autoridades han expresado públicamente en varias ocasiones su intención de poner fin al "chabolismo". Sin embargo, los informes indican que muchas de las casas derribadas en los últimos dos o tres años eran estructuras sólidas en barrios reconocidos y que la inmensa mayoría de los ocupantes tenían títulos sobre las tierras.

Los barrios de Atepa y Camaremy están situados junto a la carretera que une el aeropuerto de Malabo con el municipio de Ela Nguema. En abril del 2006, funcionarios del gobierno comenzaron a señalar las casas que iban a ser demolidas en ambos barrios. Al parecer, cuando los residentes les preguntaron por el propósito de las señales, respondieron que se iba a demoler las casas para construir una carretera. Sin embargo, ese tramo de la carretera ya se ha construido y sólo le falta el asfaltado. Además, las casas están situadas a 80-90 metros de la carretera. No se avisó ni se consultó a los residentes antes de los desalojos y éstos no tuvieron la oportunidad de impugnar la decisión de las autoridades ante un tribunal. Tampoco se les ha indemnizado por la pérdida de sus viviendas y otras pertenencias destruidas deliberadamente durante los desalojos. Según los informes, todas las familias tenían títulos sobre la tierra.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que los desalojos forzosos son una violación grave de varios derechos humanos y, en concreto, del derecho a una vivienda adecuada. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha definido los desalojos forzosos como "el hecho de hacer salir contra su voluntad a personas, familias y/o comunidades de los hogares o tierras que ocupan, en forma permanente o temporal y sin poner a su disposición medios apropiados de protección legal o de otra índole."