EEUU: Suspenso en derechos humanos

En respuesta a las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto al cumplimiento por parte de Estados Unidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Amnistía Internacional afirmó que el gobierno estadounidense debe reconocer que no cumple una serie de obligaciones fundamentales en el ámbito de los derechos humanos ni dentro ni fuera de sus fronteras.

Amnistía Internacional ha afirmado que, mientras Estados Unidos sigue declarándose paladín de los derechos humanos en el mundo, las deficiencias señaladas por el Comité de Derechos Humanos muestran lo injustificado de este título a juzgar por su forma de actuar. Al mismo tiempo, Estados Unidos tiene ahora la oportunidad de mostrarse a la altura de sus afirmaciones aplicando plenamente y de buena fe las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos.

El Comité expresó su preocupación por una amplia gama de prácticas de Estados Unidos, como las detenciones secretas y en régimen de incomunicación, el uso de métodos de interrogatorio que violan la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las políticas de "entregas extraordinarias", la brutalidad policial, la discriminación por motivos de género y el uso de armas de electrochoque, como las pistolas Taser.

Amnistía Internacional ha declarado que, una vez más, un órgano de expertos de la ONU ha encontrado graves y profundas deficiencias en el expediente de derechos humanos de Estados Unidos, tanto dentro de sus fronteras como en el marco de la "guerra contra el terror". La organización también ha pedido a las autoridades estadounidenses que consideren seriamente las observaciones del Comité y se decidan a aplicar sus recomendaciones con carácter prioritario.

El Comité de Derechos Humanos estudió los informes periódicos de Estados Unidos los días 17 y 18 de julio en Ginebra. Era sólo la segunda vez que Estados Unidos informaba al Comité, y la primera desde que lanzó la "guerra contra el terror" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha dicho que, a pesar de las reiteradas afirmaciones del presidente Bush sobre el compromiso de Estados Unidos con "las demandas no negociables de la dignidad humana", el mundo ha visto con frecuencia la vaciedad de esta retórica. Observando los abusos que sufren los detenidos en Guantánamo, Afganistán e Irak, el uso de la detención secreta en régimen de incomunicación en la "guerra contra el terror", la ejecución de enfermos mentales condenados a muerte, el abuso de las armas de electrochoque; la condena de menores a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; los largos periodos de aislamiento de los presos en las cárceles de máxima seguridad o el encadenamiento con grilletes de las mujeres mientras dan a luz, está claro que hay mucho por hacer para asegurarse de que el respeto a la dignidad inherente al ser humano que garantiza el PIDCP se convierte en una realidad para los hombres y las mujeres que están bajo la custodia de Estados Unidos.

Un tema fundamental discusión entre el Comité de Derechos Humanos y Estados Unidos en este periodo de sesiones es el punto de vista del gobierno estadounidense de que el PICDCP no es aplicable extraterritorialmente, es decir, que el tratado no se aplica a las personas recluidas por Estados Unidos fuera de su territorio, lo que en la actualidad incluye a miles de detenidos en Irak, Afganistán, Guantánamo y lugares secretos. El Comité, como otros órganos y expertos internacionales, rechaza esta interpretación de Estados Unidos de sus obligaciones en virtud del Pacto, y concluyó que el país aplica una inaceptable interpretación restrictiva de sus obligaciones, que incluye su negación a aceptar que el tratado es aplicable a sus operaciones en el extranjero. "Es lamentable que las autoridades estadounidenses se nieguen a aplicar salvaguardias fundamentales de derechos humanos del Pacto a las personas recluidas fuera de sus fronteras", ha dicho Amnistía Internacional, que ha añadido: "Tras más de cuatro años de "guerra contra el terror", las violaciones de derechos humanos sistémicas por parte de las fuerzas estadounidenses demuestran claramente la necesidad de poner fin a esta inaceptable faceta de excepcionalidad estadounidense".

Además de reafirmar su postura sobre la extraterritorialidad y pedir a las autoridades estadounidenses que revisen su enfoque e interpreten de buena fe el PIDCP, el Comité formuló recomendaciones sobre una serie de cuestiones; en concreto recomendó que Estados Unidos:

- suprima todos los centros de detención secreta, permitiera acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja a cualquier persona detenida en relación con un conflicto armado y recluya a los detenidos sólo en lugares en los que puedan disfrutar de toda la protección de la ley;

- lleve a cabo sin demora investigaciones independientes sobre todas las denuncias de muertes sospechosas y de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de sus agentes en centros de detención de Guantánamo, Afganistán, Irak y otros lugares del extranjero, y proporcione reparación a las víctimas de estas prácticas;

- tome todas las medidas necesarias para garantizar que no se devuelve a nadie a otro país si hay motivos de peso para creer que esa persona corre peligro de ser sometida a torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;

- garantice que los detenidos de Guantánamo tienen derecho a que un tribunal determine sin demora la legalidad de su detención u ordene su puesta en libertad si la detención no es legal;

- revise las leyes federales y estatales con vistas a reducir el número de delitos punibles con la muerte, evalúe hasta qué punto la pena capital se impone desproporcionadamente a minorías étnicas y grupos de población de baja renta y adopte medidas para resolver este problema. El Comité también subrayó que las autoridades estadounidenses deben ordenar la suspensión de las condenas a muerte teniendo en cuenta la conveniencia de abolir la pena capital;

- aumente los esfuerzos conducentes a eliminar la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y garantice que los dispositivos de inmovilización y las armas de electrochoque sólo se utilizan en situaciones en las que habría estado justificado el uso de más fuerza o medios letales;

- observe las condiciones de detención en las cárceles, en particular en las de máxima seguridad;

- prohíba el encadenamiento con grilletes de las detenidas durante el parto;

- se asegure de que ningún menor es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y adopte todas las medidas adecuadas para revisar la situación de todas las personas que ya están cumpliendo este tipo de condenas;

- garantice que todas las personas gozan de los derechos y la protección ante la ley que brinda el IPDCP sin discriminación por su orientación sexual.

Información complementaria

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el órgano de expertos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para vigilar el cumplimiento de este tratado por parte de los países. El Pacto, ratificado por Estados Unidos en 1992, protege derechos fundamentales, como el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, discriminación o tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El tratado protege el derecho a la vida y a un juicio justo.

Amnistía Internacional informó al Comité de Derechos Humanos sobre una serie de motivos de preocupación de la organización respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a las políticas y prácticas de Estados Unidos dentro y fuera de su territorio (véase http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511112006, disponible sólo en inglés). Además, la organización asistió en Ginebra al periodo de sesiones de los días 17 y 18 de julio. Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña para que Estados Unidos ajuste plenamente su conducta a las leyes y normas internacionales. En este periodo de sesiones, Amnistía Internacional proporcionó también información al Comité de Derechos Humanos sobre la aplicación del PIDCP por la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo).

En mayo de 2006, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas criticó duramente en unas conclusiones la falta de cumplimiento por parte de Estados Unidos de sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Inicialmente, el gobierno estadounidense restó importancia a estas críticas. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que se aseguren de que su respuesta definitiva será más constructiva y aplicarán plenamente las recomendaciones del Comité (véase http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510932006, sólo disponible en inglés).