Nepal: AI, HRW y la Comisión Internacional de Juristas piden sanciones contra el rey

Debe negarse al rey Gyanendra, de Nepal, y a sus altos cargos civiles y militares la entrada en otros países, y deben congelarse todos sus bienes personales fuera de Nepal. Así lo han pedido Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas. Las tres organizaciones han realizado su llamamiento durante una reunión internacional convocada en Ginebra por el gobierno de Suiza para revisar el historial de derechos humanos de Nepal.

El rey Gyanendra asumió la autoridad ejecutiva total y directa el 1 de febrero de 2005. Desde entonces, él y sus altos cargos han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos, como la detención y reclusión arbitrarias de miles de personas que lo criticaban, la tortura y los malos tratos a detenidos y las severas restricciones a la libertad de expresión y reunión. El ejército sigue violando el derecho internacional humanitario y de derechos humanos en su guerra contra los insurgentes maoístas.

Las organizaciones afirman que las sanciones deberían ir contra los responsables directos de establecer o aplicar políticas abusivas, como el rey Gyanendra, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Tulsi Giri, el ministro del Interior, Niranjan Thapa, y el ministro de Información, Srish Shamsher Rana. También deben alcanzar a los altos mandos de las fuerzas de seguridad, como el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Pyar Jung Thapa, el director general de la Policía, Shyam Bhakta Thapa, y el director general de la Fuerza de Policía Armada, Shahabir Thapa.

"El coste humano del conflicto de Nepal ha sido catastrófico, ha habido homicidios o 'desapariciones' de personas, se ha atacado y violado a mujeres, se ha secuestrado a menores para que combatan como soldados y se ha encarcelado a personas que criticaban al gobierno", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan. "El gobierno del rey Gyanendra parece inmune al sufrimiento de su pueblo. Ahora la comunidad internacional debe ejercer presión mediante sanciones específicas que tengan un impacto directo en el rey y sus adláteres."

Las tres organizaciones de derechos humanos han dicho que estas sanciones específicas sólo deben levantarse cuando haya pruebas claras de que el gobierno de Nepal está cumpliendo las exigencias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, establecidas en la resolución de 2005 sobre Nepal.

Los principales suministradores de ayuda militar a Nepal (India, Estados Unidos y Reino Unido) ya han suspendido la transferencia de material militar letal al gobierno de Nepal. Los militares extranjeros, especialmente los de India, Estados Unidos y Reino Unido, deben dejar claro que no tendrán tratos normales con el Real Ejército de Nepal hasta que haya una mejora espectacular de su historial de derechos humanos.

"Las sanciones contra el rey y los altos cargos responsables de tan graves violaciones de derechos humanos son necesarias para hacer cambiar su comportamiento abusivo", ha manifestado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "El gobierno del rey Gyanendra ha demostrado que sólo responderá a la presión internacional cuando sus intereses estén en peligro."

Los abusos perpetrados por el gobierno a lo largo del último año tuvieron lugar en medio de los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nepal y desafiando la enérgica resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 20 de abril de 2005, en la que se instaba al gobierno de Nepal a cesar las detenciones arbitrarias y los homicidios extrajudiciales, poner fin al uso de la tortura y los malos tratos y terminar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.

El abusivo comportamiento del gobierno nepalí dio un giro a peor en vísperas de las manifestaciones en favor de la democracia convocadas del 6 al 9 de abril. Miembros de la policía y el ejército, bajo mando directo del rey, hicieron uso de fuerza excesiva para responder a las manifestaciones convocadas en todo el país, y mataron al menos a seis personas e hirieron a centenares más. Además, las autoridades detuvieron a miles de manifestantes, de los que más de 800 continúan recluidos en virtud de la Ley de Seguridad Pública, muchos de ellos sin acceso a abogados o a sus familias.

"Nepal se encuentra en una doble crisis: el conflicto armado y el conflicto por la democracia", ha declarado Nicholas Howen, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. "Al eliminar la democracia y sofocar las protestas y la disidencia legítimas, el rey niega a su pueblo el espacio democrático que éste necesita para decidir su futuro y resolver pacíficamente el conflicto. Es hora de que la comunidad internacional intensifique su respuesta."

Esta última represión política ha agravado una situación de derechos humanos ya de por sí grave. Los diez años de guerra civil de Nepal se han cobrado la vida de miles de civiles, han obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares y han limitado el acceso a la comida, la atención médica y la educación. Ambas partes del conflicto han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Las organizaciones han reiterado sus repetidos llamamientos al Partido Comunista de Nepal (Maoísta) para que ponga fin a las prácticas condenadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2005. También han advertido de que una crisis combinada humanitaria y de derechos humanos en Nepal tendría consecuencias para la seguridad regional.

Los grupos de derechos humanos han pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que incluya la crisis de derechos humanos de Nepal en su agenda, y que imponga un régimen global de sanciones específicas contra los altos cargos nepalíes. Además han invitado a los países vecinos de Nepal y a los principales donantes, como India, China, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, a trabajar juntos para aplicar las sanciones de inmediato.

Las organizaciones han recordado que los responsables de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos deben rendir cuentas de sus actos, a título personal y ante el sistema de justicia penal.