Colombia: HRW pide a Uribe que deje de presionar a los medios

En lugar de atacar a los medios de comunicación por informar sobre presuntas actividades criminales de una agencia de inteligencia colombiana, el presidente Álvaro Uribe debería garantizar una investigación plena de estas graves acusaciones, señaló hoy Human Rights Watch.

Durante las últimas dos semanas, importantes medios de comunicación han informado ampliamente sobre la supuesta infiltración paramilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia de la Presidencia de Colombia; ejecuciones de líderes sindicales y académicos y fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2002. El presidente Uribe ha reaccionado acusando a los medios de comunicación de ser deshonestos, maliciosos y de dañar las instituciones democráticas colombianas.

"Los periodistas tienen la obligación de cubrir estas graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del servicio de inteligencia de la Presidencia," señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "La respuesta agresiva y descalificadora del presidente Uribe genera preocupantes dudas sobre su compromiso con el esclarecimiento de la verdad. También tiene un impacto intimidatorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión," agregó.

Uribe, además, individualizó específicamente a algunos periodistas y columnistas, entre ellos Alejandro Santos, director de la prestigiosa revista Semana, y Ramiro Bejarano, destacado jurista que formó parte de la comisión de alto nivel que tuvo a su cargo examinar denuncias de corrupción en el DAS.

Las acusaciones fueron hechas por un ex-funcionario del DAS, Rafael García, quien está siendo investigado por presunto lavado de dinero y por supuestamente haber borrado los historiales criminales de varias personas de la base de datos del DAS.

Según declaraciones de García, formuladas a fiscales y periodistas, el DAS mantuvo durante unos tres años una estrecha relación con varios grupos paramilitares, especialmente el Bloque Norte liderado por el comandante "Jorge 40." García afirma que estos vínculos fueron establecidos por Jorge Noguera, el entonces director del DAS y actual Cónsul de Colombia en Milán. Algunas de las denuncias formuladas por García son:

-Ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales: García declara que el DAS suministró a los paramilitares listas de líderes sindicales y académicos, muchos de los cuales fueron posteriormente amenazados y ejecutados.

-Fraude electoral: Según García, Noguera colaboró con los paramilitares para llevar a cabo un fraude electoral masivo cuando era director de la campaña de Uribe en el departamento de Magdalena, durante las elecciones presidenciales de 2002. García alega que el fraude se saldó con 300.000 votos adicionales para Uribe. Afirma, además, que se habría implementado un plan similar en las elecciones para el Congreso en varios departamentos del norte del país. Si se comprobaran sus denuncias, estas confirmarían estudios recientes que interpretan patrones de votación altamente inusuales registrados en las elecciones al Congreso en el 2002 como el resultado de un fraude electoral.

-Ejecuciones políticas en Venezuela: García dijo recientemente en una entrevista que el DAS habría colaborado con paramilitares en una conspiración para ejecutar a varias autoridades venezolanas, entre ellas el presidente Hugo Chávez y el fiscal Danilo Anderson. Lo cierto es que más de un centenar de presuntos paramilitares fueron arrestados cerca de Caracas, la capital venezolana, y unos meses después, Anderson fue ejecutado. Sobre la base del testimonio de uno de los presuntos paramilitares detenidos, autoridades venezolanas han acusado al antiguo director del DAS, Noguera, de tener conocimiento de la presunta conspiración.

Noguera ha negado todas las acusaciones de García. Sin embargo, a principios de este mes, admitió que se había reunido con el comandante paramilitar Jorge 40 "por razones institucionales."

En respuesta a esta admisión, el Dr. Ramiro Bejarano publicó una columna en el diario El Espectador preguntándole al presidente Uribe por qué el gobierno habría autorizado reuniones de Noguera con un líder paramilitar y, en caso de que tales reuniones no hubieran sido autorizadas, si el gobierno había ordenado la investigación correspondiente.

Por su parte, el presidente Uribe sorprendentemente admitió que conoció personalmente al comandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien ha sido condenado por violaciones a los derechos humanos y cuya extradición por delitos de narcotráfico ha sido solicitada por Estados Unidos. El presidente Uribe dijo: "Y que no salga el señor Bejarano a decir: 'que mi amigo Mancuso', porque el señor Bejarano abusa de una declaración mía."

"En lugar de quejarse de las preguntas legítimas de un columnista, Uribe debería explicar mejor el conocimiento que tiene de Mancuso," señaló Vivanco.

La Fiscalía General de Colombia ha anunciado en los últimos días la conformación de un equipo especial de investigadores para verificar las denuncias hechas por García. También anunció que el despacho del fiscal general, el Dr. Mario Iguarán, tomará conocimiento directo de los casos vinculados con el DAS. Human Rights Watch subrayó la importancia de una investigación plena, eficaz e independiente por parte de esta institución.

"Hay poderosos intereses en juego en este caso, que seguramente presionarán para que la verdad no se aclare -señaló Vivanco-. Por ello, el manejo de este caso será la primera gran prueba de la independencia de la fiscalía del Dr. Mario Iguarán."

Noguera renunció como director del DAS el pasado mes de octubre, tras una serie de escándalos que involucraron a esa agencia de inteligencia en una supuesta venta de información a paramilitares. El gobierno del presidente Uribe nombró luego a Noguera como cónsul en Milán.

Después de la renuncia de Noguera, el Gobierno anunció un plan de reestructuración del DAS. Una comisión de alto nivel se encargó de investigar las denuncias de corrupción en el DAS y concluyó que esta agencia se había convertido en una entidad "vulnerable a la penetración de agentes extraños a su verdadera finalidad" y, por consiguiente, recomendó una investigación penal eficaz y una reforma radical de la institución.

El DAS depende directamente de la autoridad del presidente de Colombia. Además de sus funciones de inteligencia, está encargado de ofrecer seguridad a funcionarios del gobierno y personas en situación de riesgo, como sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.

"Estas acusaciones, y particularmente aquellas según las cuales el DAS habría compartido información confidencial con los 'paras' sobre personas en situación de riesgo, a las que más bien tenía la obligación de proteger, son de extrema gravedad", dijo Vivanco. "El gobierno de Uribe debe implementar las recomendaciones de la comisión de alto nivel y reformar al DAS en su totalidad," agregó.