Pakistán: Discriminación religiosa y violencia sectaria

Amnistía Internacional condena enérgicamente el atentado suicida con explosivos cometido en Karachi el 11 de abril, en el que murieron al menos 57 personas y resultaron heridas varios centenares más. Según informes, una persona o, posiblemente, dos hombres subieron a un escenario de madera, en el parque Nishtar Park, en el que se hallaban sentados varios líderes religiosos e hicieron explotar sus bombas. Decenas de miles de musulmanes suníes se habían congregado allí para la oración de la tarde y para celebrar el nacimiento del profeta Mahoma. Entre los muertos hubo tres destacados líderes religiosos, así como numerosos hombres, mujeres y niños. Decenas de personas más resultaron heridas en los momentos de pánico que siguieron a las explosiones. Grupos de jóvenes airados recorrieron después la ciudad incendiando automóviles y gasolineras y atacando a la policía.

Las personas congregadas en el parque Nishtar eran miembros del grupo musulmán suní moderado Jamaat e Ahle Sunnat, perteneciente a la secta suní barelvi, que ensalza a los sufíes y el misticismo y celebra actos religiosos con gran fervor. Esta secta es contraria a los sunníes deobandíes, que detestan el misticismo, consideran a los barelvíes y a los chiíes herejes y propugnan una interpretación muy estricta del islam. Históricamente ha habido pocos conflictos entres los chiíes y los barelvíes, siendo la mayoría de los casos de violencia de que se tiene noticia enfrentamientos entre chiíes y deobandíes. Ningún grupo se ha responsabilizado del atentado del 11 de abril.

Este ultimo atentado forma parte de una larga sucesión de ataques y actos de represalia entre grupos chiíes y sunníes, entre distintos grupos suníes y contra minorías religiosas. Tales ataques se han producido en un ambiente de discriminación religiosa, caracterizado por los llamamientos al uso de la violencia contra los infieles y los miembros de otros grupos religiosos.

Amnistía Internacional cree que nada puede justificar jamás los ataques deliberados ni los homicidios como el atentado suicida del parque Nishtar Park. La organización pide al gobierno de Pakistán que investigue urgentemente lo sucedido y ponga a disposición judicial a los responsables, para que sean juzgados de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo y en el que no se imponga la pena de muerte. Pide también al gobierno que, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, tome medidas para impedir la apología del odio de índole religiosa, que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia.

Asimismo, se deben tomar de inmediato medidas para impedir nuevos actos de violencia y represalia entre sectas. Los atentados cometidos como represalia por actos de violencia sectaria han conducido en el pasado a una espiral de nuevas muertes y destrucción. La violencia de motivación religiosa suele estallar durante las procesiones organizadas para conmemorar a las víctimas de la violencia sectaria. En febrero de 2006, tras un atentado suicida con explosivos que mató al menos a 40 personas de la comunidad chií de Hangu, provincia de la Frontera Noroeste, se produjo un estallido de violencia entre chiíes y sunníes que duró varios días y se cobró al menos tres vidas más.

En los últimos años, centenares de personas han muerto en ataques entre distintos grupos y sectas musulmanes o cometidos por la mayoría musulmana contra miembros de minorías religiosas. Amnistía Internacional señala que el gobierno de Pakistán no ha hecho nada para impedir la violencia sectaria, pese a haber prometido reiteradamente a la comunidad internacional y a las minorías del país que iba a tomar medidas para poner fin a la discriminación religiosa y a la violencia de motivación religiosa. Y tampoco ha hecho nada para garantizar que los responsables de tales delitos son puestos a disposición judicial.

El gobierno de Pakistán ha anunciado en varias ocasiones que iba a tomar medidas para poner fin a la discriminación religiosa y a la violencia sectaria, pero casi siempre se ha echado atrás debido a las protestas de grupos religiosos. Por ejemplo, se ha prohibido el uso de altavoces en las mezquitas para incitar a la violencia contra otros grupos religiosos o personas de distinta religión, pero la prohibición no se ha hecho cumplir, permitiéndose así que la violencia continúe. Asimismo, el gobierno prohibió en 2002 varios grupos religiosos que se sabía que habían participado en actos de violencia contra miembros de otros grupos e incitado a otros a cometer tales actos, pero tampoco esta prohibición se ha hecho cumplir. La organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha expresado su preocupación por el hecho de que el 8 de abril de 2006 el gobierno permitiera una concentración en Islamabad del grupo prohibido Sipah e Sahaba Pakistán, durante la cual se propugnó la violencia contra los infieles y se vendieron sin ningún reparo vídeos de actos violentos. Según informes, los organizadores expresaron su agradecimiento a la administración municipal de Islamabad por haber permitido la concentración en un lugar público. Hubo agentes de policía presentes, pero no tomaron ninguna medida contra quienes propugnaron el uso de la violencia.

Las minorías religiosas de Pakistán, incluidos los ahmadíes, los cristianos y los hindúes, también siguen siendo víctimas de violencia de motivación religiosa. La discriminatoria legislación sobre la blasfemia, que trata como delito la predicación y las prácticas religiosas de los ahmadíes, ha intensificado la atmósfera de intolerancia imperante. Cuando el gobierno retiró su promesa de reformar esta legislación, muchas personas vieron en ello una señal de que no iba a tomarse en serio la protección de las minorías religiosas. En marzo de 2005, el gobierno retiró su promesa de eliminar del pasaporte y otros documentos oficiales la información relativa a la filiación religiosa.