Consejo de Europa: Un paso contra la impunidad

Amnistía Internacional acoge con beneplácito la decisión de un grupo de especialistas gubernamentales de recomendar que el Consejo de Europa no elabore unas normas sobre el uso y contenido de garantías diplomáticas en el contexto de la expulsión, por parte de un Estado, de personas presuntamente implicadas en actividades terroristas, que enfrentan riesgo de tortura o malos tratos en los Estados receptores.

Amnistía Internacional -junto con la Asociación para la Prevención de la Tortura, la Féderation Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos, Redress Trust y la Organización Mundial contra la Tortura- había pedido al grupo de especialistas que rechazara la propuesta de redactar estas normas. Las organizaciones citadas rechazaron el uso de garantías diplomáticas contra estos riesgos y afirmaron que esta práctica debilita la prohibición absoluta del uso de la tortura y otros malos tratos y burla la prohibición de enviar a una persona a un lugar donde corre riesgo de ser sometida a tortura u otros malos tratos (la obligación de la no devolución), aunque se las complemente con mecanismos de control ad hoc posteriores a la devolución. Nuestras investigaciones indican que las personas trasladadas al amparo de garantías diplomáticas han sido torturadas. La declaración conjunta de las ONG también instaba a los Estados miembros del Consejo de Europa a rechazar terminantemente el uso de garantías diplomáticas contra el riesgo de tortura.

El llamamiento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se hace eco de los llamamientos de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y de los de algunos representantes de Estados en el grupo de especialistas mencionado. Ellos también consideran que las promesas bilaterales entre diplomáticos, hechas por Estados con un historial de torturas bien documentado, han demostrado su falta de eficacia y socavan los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar el respeto por los compromisos relativos a los derechos humanos.

En una declaración que hizo al grupo de especialistas, Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó, inter alia:

"...[l]a prohibición absoluta de la tortura es cada vez más cuestionada en el contexto del antiterrorismo. La realidad es que muchos Estados continúan aplicando torturas y otros malos tratos y lo hacen, cada vez más, en nombre de la lucha contra el terrorismo, a menudo de manera sistemática y generalizada. Otros países han devuelto a personas que presuntamente tenían participación en actividades terroristas a países en los que corrían un riesgo real de tortura, y así han violado la obligación de la no devolución. Algunos Estados se han inclinado por la dudosa práctica de la búsqueda de garantías diplomáticas de que no se aplicarán torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a personas presuntamente vinculadas al terrorismo que sean trasladadas a un Estado receptor. ...Yo comparto firmemente el punto de vista de que las garantías diplomáticas no sirven, ya que no proporcionan protección adecuada contra la tortura y los malos tratos y tampoco, en modo alguno, anulan la obligación de la no devolución. ...Los acuerdos ad hoc que se pactan por fuera del marco legal internacional de los derechos humanos amenazan debilitar este sistema y erosionan los principios de derechos humanos en los que se encuentra cimentado con firmeza. Los esfuerzos deben centrarse, por el contrario, en la aplicación exhaustiva de las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos a través de las estructuras ya existentes".

Información complementaria

El grupo de especialistas en materia de derechos humanos y la lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa se reunió en dos ocasiones, en diciembre de 2005 y en marzo de 2006, para debatir si el Consejo de Europa debía redactar unas normas sobre el uso de garantías diplomáticas en el contexto de las expulsiones de personas a lugares en los que esas personas corran riesgo real de tortura o de otros malos tratos. Las recomendaciones del grupo serán presentadas al Comité Director para los Derechos Humanos del Comité de Ministros del Consejo de Europa para su consideración durante el período de sesiones que tendrá lugar en Estrasburgo, Francia, del 4 al 7 de abril.