Luis Peraza Parga: Juárez y la responsabilidad social de la función pública

El drama de las mal llamadas "muertas de Juárez" se mantiene en la ciudad fronteriza desde hace más de una década. Alrededor de cuatrocientas mujeres y niñas han sido brutalmente violadas y asesinadas en circunstancias similares, que suponen un reto permanente para los gobiernos federal, estatal y local.

Hace casi cuatro meses, se nombró a un personaje polémico pero comprometido con los derechos humanos para ocupar el cargo de fiscal especial para las investigaciones de las asesinadas: la señora Roccatti, quien ya había ocupado una de las más altas magistraturas en cuestión de derechos humanos, la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En tan breve espacio de tiempo, habrá visitado a las familias de la víctimas, víctimas a su vez, de una desaparición forzada, de un asesinato brutal y sin sentido; habrá llevado el consuelo de promesas de investigaciones profundas y detenciones de los culpables (autores materiales, intelectuales y encubridores); habrá revisado expedientes con la idea de encontrar errores que señalen impunidad y corrupción en la administración de justicia.

Sin embargo, el compromiso social con las víctimas juarenses ha sido destrozado por la señora Roccati al preferir un cargo mejor en el gobierno del estado de México y dejar su trabajo en manos de un anónimo sustituto. En puestos de tanta responsabilidad moral, donde impera el componente social de la función pública, se torna necesario un compromiso a largo plazo: de lo contrario, la vergüenza propia y ajena se enseñorea de quien nombró y se dejó nombrar, convirtiéndose en macabra burla para las víctimas y el para el pueblo mexicano.