Irak: Un gran paso hacia atrás

Amnistía Internacional deploró enérgicamente la ejecución en la horca ayer, 1 de septiembre, de tres personas en Irak, y calificó las primeras ejecuciones judiciales desde la caída de Sadam Hussein como un gran paso hacia atrás. Leith Kubba, portavoz del gobierno iraquí, comunicó que Ahmad al-Jaf, 'Uday Dawud al-Dulaimi y Jasim 'Abbas habían sido ejecutados en la horca a las 10.00 de la mañana del 1 de septiembre de 2005.

Según se afirmó, los tres eran miembros del grupo armado Ansar al-Sunna. El 22 de mayo de 2005 un tribunal de lo penal de al-Kut, sudeste de Bagdad, los había condenado a muerte por secuestro, homicidio de policías y violación de mujeres.

Al menos 50 personas han sido condenadas a muerte en Irak en los últimos meses, y Amnistía Internacional teme que a estas ejecuciones les sigan muchas más.

La organización ha condenado reiteradamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados que han perpetrado crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Irak. Sin embargo, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, que considera un castigo cruel e inhumano en cualquier circunstancia. La pena de muerte nunca ha demostrado disuadir del delito más eficazmente que cualquier otro método.

Entre 1968 y 2003, mientras estuvo en el poder el partido Baás, miles de personas fueron ejecutadas en Irak tras juicios sin garantías. En la década de los ochenta y especialmente en la de los noventa, la pena de muerte se usó ampliamente para gran cantidad de delitos, como por ejemplo la pertenencia a partidos políticos de oposición clandestinos como el partido al-Da'wa.

La Autoridad Provisional de la Coalición suspendió la pena de muerte en junio de 2003, pero el gobierno provisional iraquí, tras la transferencia de poderes que se realizó el 28 de junio de 2004, volvió a reinstaurarla el 8 de agosto.

Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí que cambie su política y no permita más ejecuciones. Como mínimo -afirma la organización- debe dictarse la suspensión de las ejecuciones. Las autoridades iraquíes deben asegurarse de que todos los presos condenados a muerte son juzgados con las debidas garantías, incluida asistencia letrada en todas las etapas del proceso y la oportunidad plena de recurrir a instancias judiciales superiores contra la declaración de culpabilidad y la condena impuesta.