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| 2 de septiembre del 2005 |
Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? Amnistía Internacional, agosto del 2005.
40 años de conflicto armado
El conflicto armado interno de Colombia enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares respaldados por el ejército, por una parte, con los grupos guerrilleros por otra, en una lucha por el territorio y los recursos económicos. Las partes del conflicto atacan de forma habitual, directa y deliberada a la población civil. Entre las violaciones y abusos cometidos contra los civiles figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, "desapariciones", secuestros, desplazamientos forzados y abusos sexuales. Los civiles han sufrido ataques, por ejemplo, para eliminar a las personas de quienes se considera que apoyan al "enemigo" o para sembrar el terror a fin de "limpiar" territorios de interés económico o estratégico para los grupos armados y quienes los respaldan. Las partes del conflicto Las fuerzas armadas y los grupos paramilitares Los paramilitares tienen su origen en los grupos de "autodefensa" civiles, legales, creados por el ejército en los años setenta y ochenta para que actuaran como fuerzas auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su fundamento legal quedó eliminado en 1989, se ha hecho muy poco para disolverlos. Se cree que las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el principal grupo paramilitar, al que pertenecen la mayoría de los grupos paramilitares, tenía entre 10.000 y 20.000 combatientes antes del proceso de desmovilización. Su función principal viene siendo llevar a cabo las tácticas de "guerra sucia" de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, caracterizadas por la violación sistemática y generalizada de derechos humanos. El uso de los paramilitares ha ayudado a las fuerzas armadas a eludir la creciente presión internacional para que respeten los derechos humanos. Las fuerzas armadas siguen coordinando y respaldando estructuras paramilitares como parte de su estrategia contrainsurgencia. Amnistía Internacional continúa documentando violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares con el apoyo o la aquiescencia de las fuerzas armadas. Aunque los paramilitares anunciaron un alto el fuego unilateral a finales de 2002 y participan en "conversaciones de paz" con el gobierno, siguen cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra la población civil. La guerrilla Existen dos grupos guerrilleros principales en Colombia: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que cuentan con alrededor de 20.000 combatientes, y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), con cerca de 4.000 combatientes. En los últimos 40 años, la guerrilla ha creado amplios bastiones en numerosas zonas rurales del país donde determina de hecho las políticas gubernamentales locales y ejerce un control significativo sobre la población local. Desde los años noventa, las FARC intentan aumentar de forma significativa los ataques en zonas urbanas, y los civiles sufren cada vez más la peor parte de los ataques guerrilleros en estas zonas. Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones reiteradas y graves del derecho internacional humanitario, que incluyen tomas de rehenes y secuestros y homicidios de civiles. También han realizado ataques en los que han empleado armas desproporcionadas e indiscriminadas que han causado la muerte de numerosos civiles. El gobierno El presidente Álvaro Uribe Vélez tomó posesión de su cargo el 7 de agosto de 2002. Al asumir el poder, introdujo una serie de duras medidas de seguridad condensadas en lo que se conoce como doctrina de Seguridad Democrática, con la que intenta "consolidar" y "recuperar" territorio de manos de la guerrilla. No obstante, en lugar de promover la seguridad de la población civil, la estrategia de Seguridad Democrática la ha hecho más vulnerable que nunca a los abusos de los grupos armados ilegales y de las fuerzas de seguridad. El gobierno persigue políticas contrarias a sus obligaciones contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y a las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos. Estas políticas arrastran a los civiles aún más al conflicto y refuerzan la impunidad. Abusos contra los derechos humanos Todas las partes del conflicto armado de Colombia -las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla- cometen de forma habitual abusos contra los derechos humanos. En los últimos 20 años, el conflicto ha costado la vida de al menos 70.000 personas, en su mayoría civiles que han fallecido fuera de combate, y miles de personas más han sido víctimas de "desapariciones", secuestros y torturas. Desde 1985 más de tres millones de personas se han convertido en desplazados internos, más de 280.000 sólo en el 2004. Pese a la disminución de ciertos indicadores de violencia política, como secuestros y matanzas, en el 2004 aumentaron los informes de ejecuciones extrajudiciales realizadas directamente por las fuerzas armadas. También seguían siendo numerosos los casos de "desaparición" y tortura. Los paramilitares, que actúan a menudo en combinación con las fuerzas armadas, son responsables de la mayoría de los homicidios, "desapariciones" y casos de tortura, mientras que la guerrilla es responsable de la mayor parte de los secuestros "por motivos políticos". Medellín Medellín, capital del departamento de Antioquia, está en el noroeste de Colombia. Con una población de más de dos millones de habitantes, es la segunda ciudad del país y un importante centro comercial e industrial. Algunos de los propietarios de tierras e industriales más acaudalados de Colomba viven en la ciudad y los municipios circundantes. La ciudad está rodeada de barriadas pobres ubicadas en las laderas de la periferia. Gran parte de estos suburbios carecen de servicios públicos básicos, como agua, electricidad y alcantarillado. En los años ochenta, Medellín se convirtió en sinónimo de tráfico de cocaína, y la violencia subsiguiente hizo que la ciudad tuviera el índice de asesinatos per cápita más alto del mundo. La presencia de bandas criminales armadas, muchas de las cuales fueron captadas por los narcotraficantes y los grupos paramilitares respaldados por el ejército que actuaban en la ciudad, y de milicias guerrilleras hace que, aunque los homicidios hayan disminuido desde los años ochenta, la violencia siga constituyendo un problema grave en Medellín. Las primeras milicias de la guerrilla surgieron en Medellín en los años ochenta. Estas milicias -integradas en su mayor parte por jóvenes, menores incluidos- impartían "justicia" en las barriadas pobres mediante operaciones de "limpieza social" contra pequeños delincuentes, drogadictos y miembros de bandas criminales. Quienes se negaban a cesar sus actividades eran obligados a abandonar el barrio o asesinados. Las milicias también recaudaban "impuestos" a las empresas locales a cambio de "protección" y secuestraban a empresarios ricos para financiar sus actividades. El grupo paramilitar respaldado por el ejército Bloque Metro surgió como una fuerte presencia militar en Medellín a partir de 1998. Para el año 2000, había captado a muchas de las bandas criminales de la ciudad y para el 2001 era el grupo paramilitar dominante de la ciudad. El grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara surgió poco después, y tras una sangrienta disputa con el Bloque Metro se convirtió en el grupo paramilitar dominante de Medellín. Junto con las fuerzas armadas, los paramilitares son responsables de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El proceso de desmovilización paramilitar El gobierno de Colombia ha afirmado que se ha retirado del conflicto a más de 8.000 paramilitares -de un total de entre 10.000 y 20.000, dependiendo de las fuentes - y que todos los combatientes paramilitares restantes estarán desmovilizados a finales de 2005. Legislación Los miembros de grupos paramilitares y guerrilleros que están sometidos a investigación o han sido condenados en ausencia por violaciones de derechos humanos, y que deciden desmovilizarse, podrán beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, en cuya virtud recibirán condenas significativamente reducidas. Los miembros de grupos armados ilegales que no están sometidos a investigación por abusos contra los derechos humanos -que son la mayoría- ya se han beneficiado o van a beneficiarse del Decreto 128, que les concede indultos de hecho. |
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