Colombia: Peligrosa parodia

Un nuevo informe de Amnistía Internacional muestra cómo la estrategia de desmovilización de Colombia amenaza con consolidar el paramilitarismo y garantizar que los responsables de algunas de las peores atrocidades contra los derechos humanos siguen matando, haciendo "desaparecer" y torturando casi con total impunidad.

El informe documenta cómo la "desmovilización" del temido Bloque Cacique Nutibara (BCN) de Medellín en noviembre de 2003 ha puesto de manifiesto la peligrosa parodia que constituye la estrategia de desmovilización paramilitar.

Más que un escaparate de la estrategia nacional de desmovilización del gobierno, la desmovilización del BCN ha demostrado ser una mortal ilusión, conforme se expone en el informe Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?

En Medellín, los paramilitares siguen actuando como una fuerza militar, matando y amenazando a los defensores de los derechos humanos y a los activistas comunitarios locales, reclutando a miembros y actuando conjuntamente con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en lugar de actuar en grupos grandes, fuertemente armados y uniformados, como hacían en el pasado, ahora encubren cada vez con más frecuencia sus actividades fingiendo ser miembros de empresas privadas de seguridad o actuando como informantes para las fuerzas de seguridad.

Aunque en los últimos años el número de homicidios en Medellín se ha reducido, los paramilitares siguen controlando muchas partes de la ciudad, especialmente los barrios pobres, por lo que la seguridad de la población civil sigue dependiendo con frecuencia de los antojos de los comandantes paramilitares locales.

"No puede garantizarse el Estado de derecho en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener, y tiene, como respuesta la violencia política", ha declarado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

Según el informe publicado por Amnistía Internacional, el punto más débil del proceso de desmovilización paramilitar es la recién aprobada Ley de Justicia y Paz y el Decreto 128, que otorgan el marco legal al proceso.

Esta legislación tiene como objetivo regular la desmovilización concediendo a los miembros "desmovilizados" de los grupos armados ilegales penas de prisión notablemente reducidas. Pero la ley no pide nada a cambio a los paramilitares: aquellos que se nieguen a decir toda la verdad sobre las violaciones de derechos humanos que hayan cometido pueden seguir disfrutando de todos los beneficios que les otorga la ley.

"La Ley de Justicia y Paz abrirá la puerta al reciclaje de los miembros de grupos paramilitares, incluso de aquellos que sean responsables de homicidios, secuestros, 'desapariciones' y torturas, convirtiéndolos en guardias de seguridad, policías civiles e informantes. Además, en el futuro, la ley podría aplicarse también a los miembros de grupos guerrilleros que han sido asimismo responsables de abusos graves y reiterados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", ha manifestado Marcelo Pollack.

Miles de posibles autores de abusos contra los derechos humanos se han beneficiado ya de amnistías de facto en virtud de esta ley, mientras que existen pocas probabilidades de que los responsables de respaldar y financiar el paramilitarismo, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, salgan alguna vez a la luz y sean procesados.

"Al garantizar que los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no rinden cuentas adecuadamente de sus actos, y al alentar el 'reciclaje' de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos, el gobierno no está apartando a los combatientes del conflicto, sino que parece estar negociando contratos de impunidad", ha declarado Marcelo Pollack.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Colombia que revise el actual marco jurídico para la desmovilización de los miembros de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar que la ley:

-garantiza el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, asegurando que todos los autores de abusos, y quienes los han respaldado militar y económicamente, rinden cuentas de sus actos;

-introduce medidas concretas y efectivas para garantizar que las víctimas y sus familiares, incluidas las mujeres y niñas que han sufrido abusos sexuales y de otra índole en el contexto del conflicto armado, reciben una reparación plena, conforme establecen las normas internacionales;

-condiciona todo beneficio procesal, como penas de prisión reducidas, a la plena colaboración de los combatientes con las autoridades judiciales, y excluye de los beneficios otorgados por la ley a todos los autores de violaciones de derechos humanos;

-incluye medidas para garantizar que los combatientes desmovilizados no son "reciclados" en el conflicto, lo cual incluye prohibir que usen armas o que se conviertan en empleados de las fuerzas de seguridad y empresas de seguridad privadas, e impedir que realicen actividades de inteligencia durante un periodo suficiente como para asegurar que aquellos que puedan ser responsables de violaciones graves de derechos humanos no se "reciclan" por esta vía.

Amnistía Internacional pide asimismo a la comunidad internacional que no respalde ni política ni económicamente el proceso de desmovilización hasta que el gobierno colombiano ponga en práctica un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales que sea plenamente conforme con las normas internacionales del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;

Información complementaria

En los últimos 20 años, el conflicto armado de Colombia se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate, mientras que más de tres millones de personas se han convertido en desplazadas internas desde 1985. Decenas de miles de civiles han sido torturados o secuestrados o han "desaparecido". La gran mayoría de los homicidios de motivación política, las "desapariciones" y las torturas perpetrados fuera de combate han sido obra de paramilitares respaldados por el ejército.

El gobierno inició las conversaciones sobre desmovilización con la agrupación de organizaciones paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) poco después de que las AUC anunciaran un cese de hostilidades en diciembre de 2002. Según el acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado en julio de 2003, las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus combatientes antes de que terminara el año 2005. Hasta el momento, según los informes, se han desmovilizado más de 8.000 paramilitares.

Sin embargo, las cifras más recientes sugieren que los paramilitares han sido responsables de al menos 2.300 homicidios y "desapariciones" desde que declararon su cese de hostilidades unilateral.