Grecia: Una zona gris que conviene iluminar

El informe de Amnistía Internacional titulado Out of the spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a grey area documenta la inacción de las autoridades de Grecia a la hora de garantizar que las personas residentes en ese país que no son miembros del grupo mayoritario griego -ya se trate de solicitantes de asilo, inmigrantes o miembros de minorías- disfrutan de los derechos humanos que les asisten. El informe documenta los mecanismos que contribuyen a este fallo y formula una serie de recomendaciones encaminadas a ponerle remedio.

El documento se centra concretamente en el incumplimiento por parte del Estado de las normas internacionales de derechos humanos relativas al proceso de solicitud de asilo, la detención de inmigrantes y la protección contra la discriminación y los malos tratos. Los casos y denuncias que en él se presentan han sido señalados a la atención de Amnistía Internacional por abogados, médicos, periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales de ámbito local e internacional, así como por inmigrantes, detenidos y víctimas de violaciones de derechos humanos. Una delegación de Amnistía Internacional que visitó Grecia en 2005 recogió más información sobre estos abusos. Durante el periodo 2003-2005, la organización ha planteado a las autoridades griegas sus motivos de preocupación en esta esfera, pero en la mayoría de los casos no ha recibido respuesta alguna.

ROJO, AMARILLO (Y VERDE): ANDANDO POR EL LABERINTO DE LA INMIGRACIÓN

Durante los últimos veinte años, la rápida transformación de Grecia de un país que tradicionalmente producía emigrantes en uno que atrae la inmigración ha puesto de manifiesto la falta de un marco jurídico adecuado para la política nacional sobre inmigración. El Decreto Presidencial 61/1999 establece los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado en Grecia. El Decreto define como solicitante de asilo -y prohíbe su expulsión del país- a cualquier extranjero "que declare, en forma oral o escrita, a cualquier autoridad en los puntos de entrada o dentro del territorio griego que solicita asilo en el país o que pide de alguna manera no ser expulsado a otro país por temor a ser objeto de persecución debido a su raza, religión, origen étnico, clase social o convicciones políticas". A los solicitantes de asilo se les entrega primeramente una tarjeta roja, y después una amarilla, en la que se definen su condición y sus derechos. No obstante, las lagunas existentes en el marco jurídico dan lugar a violaciones del derecho a solicitar asilo consagrado en las normas internacionales de derechos humanos y refugiados. Concretamente, el marco jurídico no se ajusta a las normas y principios internacionales de derechos humanos en dos aspectos: i) en ninguna fase del proceso se prevé una revisión independiente, basada en el fondo de la solicitud, de una solicitud rechazada; y ii) no hay salvaguardias explícitas contra el riesgo de ser objeto de devolución (refoulement).

Las autoridades griegas no ofrecen a los inmigrantes irregulares ningún acceso al procedimiento de solicitud de asilo en el punto de entrada en el país. Según se ha afirmado, los funcionarios destacados en las zonas fronterizas, especialmente en la zona de la frontera de Grecia y Turquía, han expulsado a inmigrantes del territorio griego sin proporcionar a quienes necesitan la protección internacional la oportunidad de pedir asilo ni ofrecer a todos los inmigrantes la oportunidad de apelar contra su expulsión por otros motivos, entre ellos los relacionados con los derechos humanos.

H. B., ciudadano turco en la treintena, solicitó protección como refugiado y su solicitud fue denegada en primera instancia en febrero de 2004 sobre la base de que "ninguna de las pruebas presentadas demuestra que las autoridades de su país lo hayan sometido a persecución debido a su raza, religión, origen étnico, clase social o convicciones políticas". En julio, sin haber recibido noticia alguna sobre el resultado de su apelación contra esta decisión, viajó secretamente a Alemania y presentó una solicitud de protección en ese país. Las autoridades alemanas descubrieron que ya había pedido asilo en Grecia y lo devolvieron a Grecia. Al regresar, le informaron de que su caso había sido cerrado y que iba a ser devuelto a Turquía. H. B. es de origen étnico kurdo, y desde 1994 es miembro del DHKP/C, partido proscrito en Turquía. Estuvo encarcelado desde 1995 a 2002. Dijo haber sido torturado en varias ocasiones mientras estaba en prisión y haber iniciado una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión. Durante una protesta generalizada realizada por presos políticos en noviembre de 2002, H. B. se prendió fuego y sufrió graves quemaduras. Amnistía Internacional considera que la decisión de las autoridades de devolver a H. B. a Turquía apenas retornado de Alemania contravendría la norma internacional de no devolución, así como las obligaciones contraídas por Grecia en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y refugiados.

DETENCIÓN Y MALTRATO DE INMIGRANTES

Según datos oficiales, durante la década de los noventa la población de extranjeros en Grecia aumentó de 167.276 a 797.091. La inmigración de personas procedentes de países europeos aumentó siete veces, mientras que la inmigración desde países asiáticos se triplicó. Una gran proporción de la población inmigrante de Grecia está compuesta por ciudadanos de países vecinos (Albania, Turquía, Chipre).

Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos que han tenido lugar como consecuencia de las condiciones en las que se recluye a los inmigrantes ilegales, el trato dispensado a detenidos especialmente expuestos -como las mujeres y los menores-, los presuntos malos tratos administrados a inmigrantes por la policía fuera de los centros de detención y la falta de un acceso adecuado a la justicia para los inmigrantes que han sufrido este tipo de malos tratos. La organización siente preocupación por la incapacidad que demuestran las autoridades griegas de abordar efectivamente las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de policía iniciando investigaciones prontas, eficaces e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos y llevando a sus presuntos autores ante la justicia.

Vullnet Bytyci, un joven de 18 años del distrito de Has, en Albania, fue abatido a tiros la noche del 23 de septiembre de 2003 cuando estaba tratando de cruzar secretamente la frontera de Albania y Grecia junto con otras cinco personas de ciudadanía albanesa, todas ellas en busca de empleo. Según informes oficiales, el grupo había sido observado por tres guardias de fronteras, que les dieron el alto. Cuatro miembros del grupo obedecieron la orden y fueron detenidos, pero Vullnet Bytyci y otro hombre huyeron. Uno de los guardias disparó contra ellos, hiriendo de muerte a Vullnet Bytyci. Inicialmente se acusó formalmente a este guardia de "homicidio por imprudencia", cargo que posteriormente fue sustituido por el cargo menos grave de "homicidio". Se le impuso una condena condicional de dos años y tres meses de cárcel.

El 13 de diciembre de 2004, un agente de policía vestido de civil entró en una casa de huéspedes de Atenas en la que se alojaban varios inmigrantes afganos y les mostró una fotografía de otro hombre que se había fugado de la custodia policial. Según informes, cuando los afganos dijeron que no sabían nada del hombre de la foto, los policías comenzaron a golpearlos. La policía regresó a la casa de huéspedes esa tarde y esa noche, y nuevamente después de la medianoche del 14 de diciembre y en la tarde del 15 de diciembre. En su última visita, los agentes llevaron a los afganos a una habitación y, según afirmaron las víctimas, comenzaron a asestarles puñetazos, puntapiés y golpes de porra. Un agente, según dijeron, sacó su pistola y amenazó a uno de ellos con la muerte. A continuación, la policía se llevó a dos de los hombres por separado a la comisaría de policía local donde, según los informes, fueron objeto de malos tratos. Uno de los afganos dijo que en la comisaría los agentes lo golpearon con un tubo de goma en las plantas de los pies, le echaron agua fría, le escupieron en la boca y le retorcieron los órganos genitales. Posteriormente se inició una investigación interna en el seno de la fuerza policial y se dictaron cargos de tortura contra dos agentes.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS ROMANÍES

En los documentos oficiales como el Plan de Acción Integrado para la InserciónSocial del Pueblo Romaní se calcula que la población romaní en Grecia es de unas 300.000 personas, aproximadamente el 3,5 por ciento del total de la población de ciudadanos griegos. Se calcula que un 15 por ciento de los romaníes (40.000) viven en tiendas de campaña, aunque este cálculo se limita a los que poseen la ciudadanía griega. La gran mayoría de la población romaní es cristiana ortodoxa, y unos 35.000 son miembros del grupo reconocido oficialmente como la "minoría musulmana" y protegido por el Tratado de Lausana, de 1923. A los romaníes cristianos se les concedió la ciudadanía griega a mediados de la década de los setenta. Antes de ello estaban clasificados como "extranjeros de ascendencia gitana".

Actualmente, el Plan de Acción Integrado para la InserciónSocial del Pueblo Romaní es el principal documento político de referencia en relación con el trato que dispensan las autoridades a los romaníes. El Plan incluye directrices concretas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los romaníes que viven en tiendas de campaña. No obstante, destaca en este Plan la falta de énfasis en la creación de lugares de parada para los nómadas romaníes. También se ha informado de que algunas familias romaníes han sido desalojadas, y ha empezado a trascender la existencia de una práctica de demolición de viviendas de romaníes de origen albanés. Según informes, en una serie de casos los residentes de zonas adyacentes a lugares propuestos para la construcción de asentamientos permanentes para los romaníes han ejercido presión sobre las autoridades locales para que revoquen la decisión de asentar a los romaníes en la zona y, a menudo, han hecho declaraciones públicas que han suscitado preocupación en torno a la cuestión de la incitación al racismo. También se han planteado motivos de preocupación relativos a la claudicación de las autoridades ante estas presiones, que ha tenido como resultado que las comunidades romaníes hayan quedado abandonadas en alojamientos temporarios e inadecuados y, a veces, hayan tenido que sufragar ellas mismas el coste de su reasentamiento. Según se ha afirmado, las autoridades policiales y judiciales han hecho observaciones de índole racista sobre los romaníes en el proceso de examen de sus quejas.

Los romaníes que viven en tiendas de campaña en Patrás constituyen la tercera comunidad urbana más grande de romaníes en Grecia. Algunas familias estaban asentadas allí desde hacía muchos años, y otras estaban de paso. Entre 15 y 20 familias de romaníes de origen albanés se habían asentado en la zona en distintas fechas desde 1999. El primer desalojo de romaníes del que se tiene conocimiento en esta zona tuvo lugar el 29 de agosto de 2001, cuando se destruyeron dos cabañas habitadas. Sus ocupantes no habían sido informados de la medida y, en consecuencia, no pudieron detener el desalojo. Poco después, un romaní murió de un paro cardiaco a consecuencia, según parece, de la conmoción que le causó ver destruida la cabaña de su familia. El 17 de agosto de 2004 se produjo un segundo desalojo, en este caso de romaníes de origen albanés. En esa fecha los residentes estaban trabajando como temporeros en otras regiones del país. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, no se les ofreció alojamiento en otro sitio. De acuerdo con los informes, desde que las familias romaníes de origen albanés se asentaron en la zona, la policía ha venido presionándolas para que abandonen el lugar. Lo mismo ha ocurrido con los residentes romaníes griegos.

ENTRE LA EXISTENCIA Y LA ELIMINACIÓN: LA (IN)VISIBILIDAD DE LAS MINORÍAS

La "minoría musulmana de Tracia" constituye el único grupo de ciudadanos griegos a los que se les reconocen derechos específicos como miembros de una minoría. Estos derechos fueron reconocidos en el Tratado de Lausana, de 1923. Desde entonces, otros grupos de ciudadanos griegos han reclamado el derecho a ser protegidos como minorías: grupos de la región de Florina reclaman el derecho a identificarse como "macedonios", y miembros de la "minoría musulmana de Tracia" reclaman el derecho a identificarse como "turcos". Esta disputa ha dado lugar a una serie de violaciones de derechos humanos relacionadas con los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

En 1998, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Grecia había violado el derecho a la libertad de asociación en el caso Sidiropoulos and Others v. Greece sobre la base de que los tribunales griegos habían rechazado la solicitud de los demandantes para inscribir al Hogar de la Cultura Macedonia como organización no gubernamental. Al contrario de la opinión de los tribunales nacionales de que los propósitos declarados de esta asociación representaban una amenaza para el orden público, el Tribunal Europeo llegó a la conclusión de que "la negativa a autorizar la inscripción de la asociación de los peticionantes no guardaba proporción con los objetivos perseguidos". Tras esta decisión, los peticionantes volvieron a tratar de inscribir su asociación mediante una solicitud presentada ante el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Florina en junio de 2003. Este tribunal rechazó la petición el 19 de diciembre de 2003.

El 11 de mayo de 2004, el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Aridea declaró al archimandrita Nikodimos Tsarknias culpable de establecer y dirigir un centro de culto sin la autorización de la autoridad religiosa y educativa local y lo condenó a tres meses de prisión. El tribunal rechazó el argumento de la defensa de que la ley invocada para acusar al archimandrita Nikodimos Tsarknias, que exige que los centros de culto se inscriban ante las autoridades para recibir su autorización, contravenía el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El 7 de febrero de 2005, el Tribunal Supremo proscribió la organización Unión Turca de Xanthe por considerar que su "propósito es ilegal y contrario al orden público griego". La Unión Turca de Xanthe fue fundada en 1946 y disuelta en 1984 por considerarse que representaba una amenaza para la seguridad nacional; los tribunales hanestado examinando el caso desde entonces.

Aunque no existe una definición reconocida internacionalmente de qué constituye una minoría, las distinciones arbitrarias basadas en el reconocimiento o el no reconocimiento son discriminatorias. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que "[l]a existencia de una minoría étnica, religiosa o lingüística en un determinado Estado Parte exige que esos derechos se establezcan en función de criterios objetivos y no por decisión unilateral del Estado Parte". La pertenencia a una minoría debería ser producto de una elección, y debería retenerse el elemento subjetivo a fin de evitar la asimilación forzada de personas a grupos. En ausencia de otros criterios, la existencia de una minoría debería ser determinada por la autoidentificación.

Asimismo, las autoridades griegas han sido incapaces de proporcionar reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en aplicación de leyes a las que posteriormente se ha considerado no compatibles tanto con las normas y principios internacionales de derechos humanos como con la legislación nacional sobre la no discriminación. Las autoridades siguen negándose a volver a expedir certificados de ciudadanía a los miembros de la población musulmana de Tracia occidental. Según el artículo 19 del Código de CiudadaníaGriego, derogado en 1998, podía retirarse la ciudadanía a los ciudadanos griegos que no eran de origen étnico griego cuando las autoridades creían que esas personas habían emigrado a otro país. Los miembros de la minoría musulmana de Tracia occidental fueron clasificados como "no ciudadanos". Algunos perdieron su ciudadanía porque en algún momento de su vida salieron del país, y hasta la fecha no han podido recuperarla. En la mayoría de los casos, las autoridades no seadoptaron medidas adecuadas para asegurar que las personas afectadas fueran informadas de la decisión de retirarles la ciudadanía con suficiente antelación como para que pudieran apelar. A estas personas también se les niega el acceso a instituciones y prestaciones sociales como la seguridad social, servicios de salud específicos, pensiones, documentos de identidad, etc.

RECOMENDACIONES

Actualmente, el gobierno griego está embarcado en el proceso de revisión de su política sobre inmigración. Esta revisión podría tener un profundo impacto no sólo sobre los derechos de los inmigrantes en general sino también sobre los derechos de los refugiados en particular. Amnistía Internacional recomienda que en esta revisión se incluya un examen de la legislación sobre protección de los refugiados. Las leyes deben aplicarse de una manera que garantice la protección de los derechos humanos de los refugiados, incluido el acceso a una revisión independiente de las solicitudes de asilo denegadas y el respeto al principio fundamental de no devolución. Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a revisar su política sobre la detención de inmigrantes. La organización recomienda encarecidamente que se aborde la cuestión de las violaciones de derechos humanos sufridas por miembros de minorías como resultado de leyes discriminatorias. Asimismo, exhorta a las autoridades a revisar la política relativa al reconocimiento de las minorías con miras a poner fin a la práctica de mantener listas de minorías reconocidas.