África y los desalojos forzados

En el Día Mundial del Hábitat (3 de octubre), Amnistía Internacional y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos han desafiado a los gobiernos africanos a que pongan fin a la práctica de los desalojos forzados, calificándola como una de las violaciones de derechos humanos más extendida y menos reconocida del continente.

Los desalojos forzados vulneran el derecho internacional, y sin embargo numerosos gobiernos africanos justifican su práctica con el argumento de que es indispensable para el desarrollo de infraestructuras, viviendas y oficinas, o para preparar la celebración de actos internacionales. El trágico resultado en la mayoría de estos casos es que los miembros más pobres y desprotegidos de la sociedad quedan más expuestos si cabe: cuando los desalojados se quedan sin hogar o son reasentados en otro lugar.

Cada año son desalojadas a la fuerza cientos de miles de personas en todo el continente africano; en muchos casos estas personas se quedan sin hogar, pierden sus bienes o son reasentados lejos de sus medios de subsistencia, sus centros educativos o de trabajo. Los ejemplos en todo el continente son tan numerosos como angustiosos.

En Nigeria más de un millón de personas han sido desalojadas a la fuerza desde el 2000. En abril de 2005, unos 3.000 habitantes de la zona de Makoko, Lagos, fueron desalojados a la fuerza de sus hogares en aplicación de una orden judicial cursada en el 2000, que adjudicaba la propiedad del terreno a una familia particular. Viviendas, iglesias y centros médicos fueron demolidos como parte de la operación de desalojo, y los funcionarios que participaron dieron golpes y patadas a los residentes, entre ellos cinco niños pequeños.

En mayo de 2005, el gobierno de Zimbabue puso en marcha un programa de desalojos forzados masivos, demolición de viviendas y destrucción de medios de vida que ha afectado directamente a 700.000 personas al menos, e indirectamente a más de dos millones. Se han derribado e incendiado viviendas, escuelas y clínicas, y comunidades enteras se han visto desplazadas. El gobierno ha intentado reasentar a la población en zonas rurales, donde la escasez de alimentos está causando mucho sufrimiento. Cientos de miles de desplazados internos se enfrentan ahora a una crisis humanitaria.

En la capital de Sudán, Jartum, y sus alrededores residen alrededor de 1,8 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus hogares huyendo de un conflicto prolongado y de la marginación. A pesar de las fuertes objeciones expresadas por la comunidad internacional, el gobierno sigue reasentando a la fuerza y de manera arbitraria a estos desplazados internos en lugares que carecen hasta de los servicios más elementales. Para justificar tales actos se esgrimen argumentos como la actividad delictiva y los esfuerzos para acabar con ella. El caso más reciente, del 17 de agosto de 2005, tuvo lugar cuando agentes de policía armados rodearon el campo de desplazados internos de Shikan, situado en Omdurman, Jartum, y sin previa consulta cargaron a más de 700 familias en camiones y las trasladaron a zonas remotas donde los servicios básicos escasean o no existen.

A principios de 2005, en medio de las protestas internacionales, el gobierno de Kenia amenazó con desalojar a más de 3.000 familias del bosque de Mau. En mayo de 2005, a pesar de que una orden judicial suspendía provisionalmente el desalojo, el gobierno desalojó a más de 300 de estas familias, todas las cuales afirmaron poseer títulos de propiedad. A partir del 13 de junio de 2005, más de 50.000 personas fueron desalojadas y sus viviendas, así como varios graneros, fueron destruidos.

Desde que en el 2001 comenzaron los desalojos forzados en Luanda, Angola, miles de familias se han visto desalojadas por la fuerza de sus hogares. A unas las han reasentado en zonas situadas a 40 kilómetros de distancia, donde no tienen acceso a escuelas, centros médicos o lugares de trabajo. En los últimos desalojos efectuados, los días 28 y 29 de septiembre de 2005 en Bairro Cidadania, 200 familias se quedaron sin hogar cuando la policía nacional las desalojó a la fuerza y a continuación demolió sus viviendas.

En Ghana, unas 30.000 personas siguen enfrentándose a su desalojo forzado de la comunidad de Agbogbloshie en Accra.

Pero también ha habido acontecimientos positivos en África.

Una decisión histórica de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los desalojos forzados en Nigeria, adoptada en octubre de 2001, contribuyó a sentar jurisprudencia internacional en relación con el derecho a una vivienda adecuada. La Comisión declaró que, al llevar a cabo los desalojos forzados, el gobierno nigeriano había violado la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En algunos países, comunidades y grupos están uniendo sus fuerzas para tomar medidas. Por ejemplo, varios grupos en Kenia lograron un importante triunfo en el primer semestre de 2004 al convencer al gobierno de la Coalición Nacional Arco Iris (NARC) de que aparcara sus planes de desalojar a cientos de personas residentes en chozas ubicadas en terrenos reservados a nuevas carreteras o demasiado próximos a vías de ferrocarril, autopistas y tendidos eléctricos en los asentamientos provisionales de Nairobi. Desde entonces, grupos comunitarios de Nairobi y las organizaciones nacionales e internacionales que los apoyan han formulado planes alternativos al desalojo para algunas de las zonas afectadas, y en algunos casos, de poca gravedad pero no por ello menos significativos, ya se han empezado a aplicar.

Los dirigentes africanos deben trabajar a partir de estos positivos avances para lograr el fin de los desalojos forzados en todo África.

Amnistía Internacional y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos piden a los gobiernos africanos que:

Reconozcan públicamente que el derecho a un nivel de vida digno, incluido el derecho a una vivienda adecuada, es un derecho humano.

Se comprometan públicamente a parar de inmediato los desalojos forzados mientras se adopta legislación pertinente para prohibirlos. Mientras, solo se podrán llevar a cabo desalojos forzados en circunstancias sumamente excepcionales, y solo si ya se han probado todas las alternativas factibles. Más aún, los desalojos deben apoyarse en una orden judicial y llevarse a cabo tras un verdadero proceso de consulta con los afectados. Finalmente, se procurará a todas las personas afectadas una vivienda y un terreno alternativo adecuados.

Den instrucciones a todas las autoridades pertinentes para que sólo se efectúen aquellos desalojos que se ajusten plenamente a las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

Scott Leckie, director ejecutivo del Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE).
Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.