-¿Cómo es el funcionamiento de IPEN y qué hace en Punta del Este?

IPEN es la Red Internacional por la Eliminación de los COP y es una organización ciudadana donde participan organizaciones de carácter ambiental, así como gente que está preocupada por encontrar alternativas a los plaguicidas: médicos, abogados ambientalistas… es muy amplia y tenemos presencia en África, Asia, Europa del Este y América Latina.

IPEN se forma en primer lugar para asegurar que el Convenio de Estocolmo se firme en buenos términos. Después se consolida buscando una activa participación ciudadana en la efectiva aplicación del Convenio. Y estamos entrando en una tercera etapa donde IPEN también está discutiendo el enfoque estratégico del Manejo de Sustancias Químicas a nivel internacional. Esto tiene como objetivo lograr que se cumpla una meta establecida en la Cumbre Mundial para el Desarrollo reunida en Johanesburgo, que implica que para el año 2020 las sustancias químicas se produzcan y se usen buscando la reducción significativa de los aspectos adversos para la salud. Esta es una meta muy ambiciosa de la cual no hubo gran difusión. Es en este marco que se incluye la discusión del enfoque estratégico y hereda un esfuerzo de reflexión sobre el tema de seguridad química del Foro Intergubernamental sobre productos Químicos (otro cuerpo internacional) que a pesar del nombre se caracterizó por ser el único foro donde la sociedad civil, la industria y los gobiernos de igual a igual generaban recomendaciones con base en consensos. No eran obligatorias, pero permitían ir construyendo conjuntamente.

Dentro de estas 350 organizaciones de IPEN, en América Latina destaca la participación de RAPAL (Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en América Latina).

-¿Cómo ha sido hasta hoy la representación y el relacionamiento de las ONG con los gobiernos?

-En este contexto global, IPEN encontró apoyos para que participen unas 50 organizaciones ciudadanas en estos dos procesos que están sucediendo en estos días en Uruguay. Por un lado, la primera consulta regional de SAICM, cuya presidencia la ejerce el anfitrión y donde encontramos una gran apertura y sensibilidad. Nosotros pudimos participar la mayor parte del tiempo aportando elementos. No es así en el ámbito de la Primera Conferencia de las Partes. El segundo día de conversaciones, de manera "extraña" a petición de Chile y secundada por Brasil y Colombia se nos coartó el uso de la palabra y desde entonces solamente se pudo estar como observadores. Es muy curioso porque son gobiernos que internamente establecen un clima de mayor cooperación con la ciudadanía, como es el caso de Lula en Brasil y Lagos en Chile.

Parece que hay una doble política. Esto está aún por aclararse; no sabemos si fue una iniciativa a título personal o responde a un cambio de política. Pensamos que es resultado de las delegaciones, que las personas que vienen tienen un esquema de pensamiento anterior, antiguo y conservador, donde no entienden el proceso de SAICM y de seguridad química en general, tema de responsabilidad común y que debe tener una participación amplia de toda la sociedad. Además en las consultas previas realizadas en África y Asia la participación ciudadana ha sido de principio a fin. Eso sentó un mal precedente a pesar del contexto favorable de la actitud de apertura del gobierno de Uruguay.

Este hecho incluso motivó que el Foro de Organizaciones Sociales de Brasil elevara una carta de extrañamiento a su gobierno. Por otro lado, junto con María Elena Rosas tendremos una reunión con las autoridades superiores de Chile, para ver si esto refleja un cambio de política o no.

Respecto al contenido de las recomendaciones estamos muy satisfechos. Yendo a la Conferencia de las Partes, IPEN ha obtenido un alto grado de interlocución con relación al Secretariado y las fuentes financieras; dado que parte de nuestro equipo estuvo participando dentro del grupo de expertos que discutió el tema de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y Mejores Prácticas Ambientales (MPA). De aquí surgieron las directrices técnicas que serán retomadas y llevadas a la práctica por los gobiernos buscando la reducción continua, y cuando sea posible la eliminación, de las fuentes generadoras de dioxinas y furanos.

Se formó un grupo de expertos gubernamentales provenientes en igual número de países en desarrollo, economías en transición y países desarrollados. Hubo lugar para cuatro posiciones: un representante de Greenpeace, otro de WWF y dos lugares para IPEN.

A lo largo de toda la negociación que concluyó en el Convenio de Estocolmo hemos estado activos. En este foro logramos un acuerdo con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para implementar un proyecto a escala global y tener pequeñas intervenciones y proyectos que fortalezcan la participación ciudadana en la aplicación del mismo. Es un acuerdo que no pasó por la aprobación de los gobiernos, los términos de referencia los elaboró IPEN, y realmente para nosotros es una buena noticia, a pesar de que el FMAM tenga muy mala reputación y haya hecho cosas horribles. En este caso, hemos tenido la posibilidad de desarrollar proyectos completos y progresistas en total libertad.

-¿Podrías darnos un ejemplo de estos proyectos que han desarrollado?

-Uno de esos proyectos importantes fue la semana de nuestra campaña "Cumplan la Promesa: Eliminen los COP". Durante la misma se analizaron dioxinas, furanos, hexaclorobencenos (HCB), bifenilos policlorados (PCB), lindano y retardatos de flama en huevos de granja (traspatio) ubicados cerca de "fuentes" (fuentes emisoras de dioxinas). Este proyecto midió la composición química de los huevos a lo largo del mundo, especialmente en países en desarrollo, en economías en transición. En América Latina hubo medición en México y en Uruguay.

-¿Cuáles fueron los resultados?

-Hay un informe global. Pero lo que se hizo concretamente en el caso de Uruguay fue analizar la composición de huevos de gallinas criadas cerca de dos cementeras distintas. Cuando una cementera comienza a quemar residuos clorados se generan dioxinas y flurados. En este caso, las cementeras decían que quemaban combustibles convencionales, que no quemaban residuos peligrosos, pero con los resultados en la mano, que dicen que los niveles de químicos están muy altos, por encima de los estándares permitidos para operar, la conclusión lógica es que sí están quemando otras cosas.

El otro estudio se hizo en México; se midieron dioxinas cerca del Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalco (Veracruz). Igualmente, se encontraron altísimos niveles de químicos, porque en ese complejo se produce la materia prima principal para el plástico conocido como PVC, donde además se incineran residuos clorados, como otras tantas irregularidades que caracterizan a PEMEX (Petróleo Mexicano).

La importancia de esta experiencia es que las ONG de manera organizada y con el apoyo de laboratorios certificados pueden proporcionar información científica que fortalezca el debate sobre las "fuentes" y colabora a la difusión de las alternativas.

-Después de estos resultados, ¿se toman medidas para invocar a la responsabilidad de los estados que no controlan estas agresiones que cometen las empresas contra la salud pública?

-Sí, se lleva a cabo un trabajo nacional. El caso concreto de Uruguay, quienes lo realizaron fueron Redes y RAPAL Uruguay. Ellos fueron los encargados de difundir los resultados y generar instancias con el gobierno.

-¿Están satisfechos con la participación de IPEN en esta Primera Asamblea de las Partes?

-Todavía falta un día para tener el resultado de las reuniones, pero creo que hubo un avance en temas que nos preocupaban, respecto a las nuevas directrices, como las MTD y MPA, cuyas recomendaciones habían sido deficientes. Creemos que se va a construir un nuevo grupo, con 5 posiciones para América Latina, donde estarán Argentina, Chile, México, Venezuela, y la última se decidirá entre Brasil y Uruguay. Aquí se tratará no sólo de mejorar aquellos procesos que generan dioxinas, sino que se cumpla el objetivo de reducirlos hasta su eliminación, encontrando alternativas. Esta es la parte que hay que fortalecer: las alternativas.

-Regresando brevemente ¿es después de tu presentación en el GRULAC (Grupo de Trabajo de América Latina y El Caribe), donde hiciste referencia al desacuerdo con la forma de caracterizar las dioxinas, que Brasil toma la postura anteriormente mencionada respecto a las ONG?

-En el asunto del manual para caracterizar dioxinas veremos qué resultados hay, porque efectivamente las cifras están manipuladas. Respecto de la postura de Brasil yo creo que está tomada desde antes y no es necesariamente producto de nuestro planteo. De todas formas, cabe aclarar que es la primera vez que nos permiten hablar en todo el proceso que ha llevado a la ratificación del Convenio de Estocolmo. Nunca en todo el transcurso de las negociaciones nos han permitido estar siquiera como observadores.

Creo que esto ha sido un avance en los logros de IPEN y además repito la importancia de la apertura del gobierno de Uruguay. También existe mayor soltura de otros delegados que es resultado de las actividades de IPEN y asimismo de las reuniones anuales de diálogo con los gobiernos que ha impulsado RAPAL. Desde hace dos o tres años y a nivel subregional, aquí en el Cono Sur, RAPAL invita a los gobiernos a discutir los avances de las convenciones. Esto revaloriza el papel de las ONG, además de tener capacidad de movilización ciudadana y respuesta, podemos demostrar nuestra habilidad para dialogar de manera razonada e ir ganando espacios de discusión. Por ese lado, nos sentimos satisfechos, pero esto se tiene que ver reflejado en un espacio de consulta nacional. La clave es que estos Planes Nacionales de Implementación (PNI) del Convenio tengan mecanismos amplios de participación ciudadana y de consulta.

De hecho, incluso dentro de las recomendaciones del propio Convenio está desarrollar programas de capacitación, de difusión amplia sobre los impactos a la salud y al ambiente, presentar las alternativas, etc. La intención de IPEN es catalizar la participación a nivel nacional. De nada sirve que aquí podamos participar brevemente de reuniones si no hay un trabajo previo, amplio, plural que invite a la participación. En este horizonte de construir una política pública participativa, preventiva, democrática, eso es indispensable.

(*) P. Gainza es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).