Las conclusiones del Consejo también inciden en que no será suficiente con esta prohibición, y que en el futuro serán fundamentales mayores esfuerzos, a nivel internacional, para lograr un acuerdo más allá de la Unión Europea, que sea vinculante. Este acuerdo debe llevar al objetivo final de reducir las emisiones y exposición al mercurio a escala global, acabar totalmente con la producción primaria de mercurio, con su uso y su comercio, así como incentivar las alternativas.

Los ministros de medio ambiente europeos consideran necesario que se proceda a un almacenamiento seguro del mercurio desmantelado según el principio de "quien contamina paga". Este principio, cuya aplicación para los residuos de mercurio también había sido solicitado por los grupos ecologistas, pretende responsabilizar a la industria usuaria de la gestión de un contaminante con el que se ha lucrado. Ecologistas en Acción espera que para la gestión de estos residuos se tenga en cuenta también el "principio de proximidad", para evitar que las minas españolas de Almadén, se conviertan en el vertedero de mercurio de Europa, y evitar así los peligrosos transportes a largas distancias.