Hoy en día la realidad aparece mucho más complicada. Hay indicaciones de estancamiento, no se logran generar las medidas necesarias para detener el deterioro ambiental y se siguen sumando los problemas. Tenemos las leyes pero en muchos casos su aplicación es muy débil o intermitente; están los ministerios, pero se suman los problemas en asegurar una fiscalización adecuada; la vía judicial sigue siendo complicada y lenta. En suma: el marco institucional ha mejorado sustancialmente, pero la aplicación de las normas todavía es inadecuada. La meta de años atrás que aludía a generar nuevas leyes para llenar los vacíos legales ha dejado de ser una urgencia, y en estos momentos el objetivo está en lograr que efectivamente se cumplan las normas actualmente vigentes.

Hay muchas explicaciones de este bajo cumplimiento de la normativa ambiental. Algunas de ellas se basan en la falta de recursos humanos y financieros en varias agencias ambientales de los gobiernos. Para resolver este problema es necesario jerarquizar la función estatal en temas ambientales y redistribuir los dineros presupuestales. Otras explicaciones no pueden ser aceptadas, y en especial cierta complicidad en dejar languidecer las oficinas ambientales para así dar la vía libre a emprendimientos productivos tales como mineras, extracción de petróleo o al deforestación. Otra manera de debilitar la gestión ambiental ha sido apostar a las interpretaciones más flexibles y permisivas de las normas, llevándolas a sus límites. Hay más de una historia donde un técnico intenta aplicarlas con rigurosidad, y termina cesado en su cargo, reemplazado por algún otro profesional más "comprensivo".

Corrupción y judicialización

La situación actual se hace más complicada por el avance de la corrupción en la gestión ambiental. Desde hace décadas se sabe que el tráfico ilegal en fauna y flora mueve millones (según un informe de INTERPOL de 2004, ese comercio ilegal alcanzaba los 17 mil millones de dólares al año). También desde hace tiempo se repiten las denuncias sobre la entrega de certificados ambientales falsos y sobornos de variados tipos ante distintas agencias ambientales.

Este problema se ilustra con el reciente y dramático caso del descubrimiento de una organización que promovía la tala ilegal de árboles en la Amazonia de Brasil. La justicia de ese país detuvo el pasado 2 de junio a más de 80 personas envueltas en ese esquema que se indica como responsable de la pérdida de casi dos millones de metros cúbicos de maderas. No sólo es impactante el volumen de madera talado, sino también la participación de muy altos jerarcas de agencias ambientales así como el descubrimiento que la gavilla venía actuando por lo menos desde hace 14 años. De esta manera queda en claro que durante los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, e incluso sus antecesores, no generaron mecanismos suficientes para evitar esa extendida corrupción.

En este caso estaban envueltos el secretario de Medio Ambiente del gobierno del estado de Mato Grosso, el director del área forestal del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (IBAMA), y gerentes de algunas de sus oficinas locales, junto a casi 40 de funcionarios estatales y decenas de empresarios. El esquema envolvía no sólo los controles del gobierno federal sino también a los fiscalizadores del gobierna del estado de Mato Grosso, una de las áreas donde más rápidamente ha avanzado la deforestación.

Sin duda hay que felicitar a las autoridades brasileñas, en especial a la actual ministra del ambiente de Brasil, Marina Silva, por haber logrado instalar las condiciones que permitieron dar este golpe a una "mafia" forestal. Pero no debemos olvidar que este tipo de medidas se deben profundizar todavía más. Muchos otros casos de corrupción de alto impacto ambiental siguen impunes; por ejemplo, frente a la represa de Yacyretá entre Argentina y Paraguay, con obras que ya han tenido un enorme impacto en el entorno, se sabe que hay 1870 millones de dólares en gastos de construcción que no tienen ni justificación ni destino conocido (según el informe de Transparencia Internacional 2005).

Lo que podría llamarse la "corrupción ambiental" se mueve detrás de grandes emprendimientos, pero también hay ejemplos a una menor escala, como la "propina" que se le da a un inspector ambiental para que aligere una revisión en una pequeña fábrica.

Las capacidades e instrumentos para atacar todos estos tipos de problemas siguen siendo débiles. No es fácil adentrarse en la vía judicial allí donde se detecta la corrupción ambiental o el incumplimiento de normas, muchos abogados están dando sus primeros pasos en este tema y hay pocos jueces con experiencia frente a la complejidades ecológicas, y las vías administrativas son complicadas y tortuosas. Incluso en un país como Chile (con bajos indicadores de corrupción comparados con otros de la región), de cada 100 casos de corrupción sólo se denuncian 13, y sólo dos llegan a una sanción (Revista Libertad y Desarrollo, abril del 2005). En Argentina, donde los problemas de corrupción parecen ser mayores, las denuncias tardan un promedio de nueve años en llegar a un juicio, aunque eso no asegura nada (la Oficina de Anticorrupción de ese país ha presentado unas 1400 denuncias pero nunca logró una condena; Clarín, 29 mayo del 2005).

Por este tipo de problemas y limitaciones, deberíamos concluir que la aplicación efectiva de la normativa ambiental es uno de los grandes desafíos a encarar en América Latina. Lo que está en juego no es solamente la obediencia a la ley, sino que debe incorporar otros aspectos como la acción estatal para promover las normas, la capacidad para fiscalizarlas, identificar a los infractores, obligarlos a acatar la normativa cuando no lo hacen y sancionarlos cuando es necesario. Son varios componentes donde se juega la institucionalidad ambiental.

(*) E. Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay.