En las diligencias previas, los responsables de Ecologistas en Acción han aportado pruebas documentales contundentes (Auditoria de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, analíticas de la Consejería de Medio Ambiente, informes del Seprona y del SAS...) que demuestran la veracidad de la información difundida a los medios de comunicación. Pero APEMSA no sólo no ha retirado la denuncia, sino que se ha querellado contra cuatro miembros de Ecologista en Acción de El Puerto (Juan Clavero, Carmen Calzado, Pepe Silva y Regla Raposo), a los que acusa de un delito de "injurias graves", por asegurar en un comunicado de prensa en abril de 2002 "que los responsables de esta empresa mienten al asegurar que la depuradora funciona con normalidad". APEMSA solicita penas de 12 meses de multa, a razón de 20 € diarios, a cada uno de nuestros compañeros, y una indemnización de 12.000 €. Lo más grave es que el juzgado ha impuesto una fianza de 25.600 € ¡Y ha dado un día de plazo para hacerla efectiva! Lógicamente nuestros compañeros no han podido reunir este dineral y el juzgado ya ha iniciado los trámites de embargo de sus bienes.

No deja de ser insólito que una empresa pública demande a una asociación ecologista por difundir una información a la que tienen derecho todos los ciudadanos, existiendo incluso una Directiva Comunitaria que garantiza el derecho de acceso a la información medioambiental, y por criticar la ineficacia de unos responsables públicos. La pretensión de esta empresa municipal no es otra que silenciar a una entidad que viene realizando un exhaustivo seguimiento del funcionamiento de la depuradora, como evidencia que en el Acto de Conciliación pretendió que Ecologistas en Acción se comprometiera a no publicar más información sobre APEMSA, pretensión que evidentemente no aceptamos ya que supondría una agresión sin precedentes a la libertad de información.

Más insólito es aún que la denuncia presentada por Ecologistas en Acción en el juzgado de El Puerto contra la empresa APEMSA por presunto delito ecológico -los vertidos de aguas contaminadas del emisario de la depuradora provocó incluso que la Junta de Andalucía ordenase el cierre de dos playas- haya sido archivada porque "el fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y, no habiendo otras acusaciones personadas... procede archivarla porque es necesaria la existencia de acusación para que pueda seguir adelante el procedimiento" Es decir, para que un proceso por delito ecológico siga adelante los ecologistas tenemos que contratar abogados y procuradores para que realicen el trabajo que la fiscalía parece no querer hacer.

Lamentablemente, una vez más se procesa a los que denuncian las agresiones al medio ambiente y no a los que las cometen. Habría que recordar que a los responsables del vertido del JP Bobo, de los vertidos de aguas residuales y del cierre de playas, de la destrucción de pinares, de las urbanizaciones ilegales en espacios protegidos y de tantas y tantas agresiones medioambientales en nuestro término municipal, no les pasa nunca nada. Sin embargo, se procesa a cuatro ecologistas por informar verazmente a los ciudadanos del funcionamiento de una depuradora que se paga entre todos.

Este es un capítulo más de la guerra sucia que ha emprendido el Ayuntamiento de El Puerto -el alcalde es el presidente de APEMSA- contra los ecologistas con el claro objetivo de neutralizar al grupo de ciudadanos más activos en la defensa del medio ambiente, y más críticos con la política urbanística y medioambiental que desarrolla el equipo de gobierno de IP-PSOE.