Sudán: AI pide al gobierno que apoye la investigación de la CPI

Con motivo del anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional de que emprenderá investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Darfur, Amnistía Internacional ha afirmado hoy, 6 de junio, que la investigación de la Corte debe tener prioridad sobre cualquier investigación sudanesa y que todos los Estados, incluido Sudán, deben apoyar dicha investigación por todos los medios posibles.

“Este anuncio trae la esperanza de que se haga justicia y los responsables respondan penalmente por los homicidios, violaciones y desplazamientos forzosos masivos cometidos en Darfur”, ha afirmado Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

“Pero, para que este anuncio tenga algún significado para la población de Darfur tiene que existir un compromiso por parte del gobierno sudanés para apoyar plenamente la investigación de la Corte, lo que incluye proteger a víctimas y testigos así como detener y poner a disposición de la Corte a las personas sobre quienes haya dictado orden de detención.

“Las víctimas claman justicia, y no una serie de actos superficiales por parte de un gobierno que sigue negando que se hayan cometido violaciones generalizadas y que hasta ahora se ha mostrado incapaz y nada dispuesto a hacer frente a los crímenes que se están cometiendo en Darfur. Además, tiene que haber reparación para las víctimas, que lo han perdido todo y se enfrentan a un tercer año de miseria e inseguridad en los campos de refugiados.”

Este anuncio de la Corte Penal Internacional sucede a la publicación de un informe de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU en el que recomienda que se remita la situación a la Corte Penal Internacional en enero de 2005, seguido en marzo de la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad, por la que finalmente la situación de Darfur era remitida a la Corte.

“Confiamos en que la investigación permita el procesamiento de todos aquellos que ordenaron, consintieron o llevaron a cabo homicidios, violaciones y desplazamientos masivos entre otros crímenes, incluidos destacados miembros del gobierno, las fuerzas armadas y las milicias” ha manifestado Kolawole Olaniyan.

Más de 50.000 personas en Darfur han sido víctimas de homicidio ilegítimo o ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas gubernamentales y de la milicia yanyawid, armada y financiada por las autoridades sudanesas. Más de 1,8 millones de personas continúan desplazadas a la fuerza. Miles de mujeres han sido violadas y los actos de violación continúan. Además, las fuerzas rebeldes han asaltado caravanas de ayuda humanitaria.

El gobierno sudanés no ha desarmado a la milicia yanyawid ni ha llevado ante los tribunales a los presuntos autores de los crímenes. El sistema nacional de justicia precisa de una reforma urgente para que Sudán pueda complementar el trabajo de la Corte Penal Internacional llevando ante los tribunales a los presuntos autores de crímenes de guerra para que sean juzgados con todas las garantías que exigen las normas internacionales.

La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación constituye una positiva medida de rechazo a la presión para que se demore la decisión con el pretendido argumento de que constituiría una interferencia en la iniciativa de paz de la Unión Africana emprendida por Mu’ammar al-Gaddafi, máximo dirigente libio. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la declaración del fiscal en la que indicaba que los métodos tradicionales de reconciliación deben “complementar” y no sustituir las medidas para hacer justicia a las víctimas.

“La justicia no puede verse como un obstáculo para la paz, sino como parte de los cimientos necesarios para construir una paz duradera, a través del establecimiento de responsabilidades individuales, no colectivas” concluía Kolawole Olaniyan.