Zimbabue: Sacar "la basura"

Mientras el enviado especial de las Naciones Unidas James Morris visita Zimbabue para tratar la grave escasez de alimentos que padece este país, Amnistía Internacional pide al gobierno de Zimbabue que ponga fin de inmediato a los desalojos masivos y violentos que han dejado sin hogar a comunidades enteras y destruido miles de medios de subsistencia.

En las dos últimas semanas, el gobierno de Zimbabue ha organizado el desalojo forzoso de miles de comerciantes del sector informal y de familias que viven en asentamientos informales de todo el país dentro de una campaña llamada "Operación Murambatsvina", traducida comúnmente como "sacar la basura", aunque la policía se refiere a ella como "operación restauración del orden".

Los desalojos se llevan a cabo sin previo aviso y sin órdenes judiciales, ignorando de forma flagrante el debido proceso y la ley. En su transcurso, la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad emplean una fuerza excesiva incendiando casas, destruyendo propiedades y golpeando a personas.

La noche del jueves 26 de mayo, más de 10.000 personas fueron expulsadas de sus hogares en el asentamiento informal de Hatcliffe Extension, en el norte de Harare. Según los informes, la policía destruyó las casas, dejando a las familias del asentamiento en la indigencia y durmiendo al aire libre en mitad del invierno de Zimbabue. Muchos de los desalojados habían sido llevados a Hatcliffe Extension por el propio gobierno.

"Hemos recibido informes sobre escenas sobrecogedoras de zimbabuenses corrientes cuyas casas y medios de vida han quedado totalmente destruidas, que lloraban en la calle sin poder creer lo que estaba ocurriendo -ha declarado Kolawole Olaniyan, director del Programa de África de Amnistía Internacional-. Incluso hemos recibido informes que dicen que la policía obligó a la gente a destruir sus propias casas."

"Amnistía Internacional está consternada ante este desprecio flagrante de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los desalojos forzosos, sin el debido proceso, protección legal, resarcimiento y medidas de reubicación adecuadas, son totalmente contrarios a las normas internacionales de derechos humanos."

Miles de personas, en su mayoría comerciantes del sector informal, han sido detenidas durante la campaña sobre la base de que sus negocios eran ilegales. Aunque los informes indican que muchos tenían licencias para su actividad, se han destruido o confiscado sus bienes. Los abogados defensores de los derechos humanos han emprendido acciones judiciales en nombre de los comerciantes, que en su mayoría se vieron obligados a pagar una multa para obtener la libertad.

"El cierre forzoso de negocios del sector informal -el único medio de vida que les queda a muchos en la hundida economía de Zimbabue- ha llevado a miles de personas a una situación cada vez más vulnerable. Este hecho es especialmente preocupante dado el elevado grado de pobreza y la escasez de alimentos ya presentes en Zimbabue."

"El gobierno de Zimbabue actúa violando abiertamente derechos civiles, políticos, económicos y sociales garantizados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y muchas personas más corren el peligro de sufrir lesiones y de quedarse sin hogar mientras continúen los desalojos", ha declarado Kolawole Olaniyan.

"Pedimos al gobierno que cesen inmediatamente los desalojos forzosos. Las personas que han sufrido el desalojo y la destrucción de sus propiedades deben recibir toda la protección de la ley y resarcimiento, así como una indemnización adecuada -concluyó Olaniyan-. El gobierno debe garantizar, con carácter urgente, que todos los desalojados tienen acceso a una vivienda, comida y agua potable."

Información complementaria

En septiembre de 2004, Amnistía Internacional informó del intento de desalojo forzoso de miles de personas de Porta Farm, asentamiento informal situado en las afueras de Harare, durante el cual la policía hizo un empleo abusivo de gases lacrimógenos contra los residentes. La policía actuó en contra de una orden judicial que prohibía el desalojo.

Según los testigos presenciales, la policía disparó gases lacrimógenos contra las casas de los residentes de Porta Farm; en las semanas siguientes murieron al menos 11 personas. Amnistía Internacional ha pedido en varias ocasiones una investigación completa de los hechos y de las muertes subsiguientes en Porta Farm, no obstante lo cual no hay información de que se haya realizado investigación alguna.

Amnistía Internacional expresa su gran preocupación porque Porta Farm pueda convertirse de nuevo en objetivo durante la actual operación de "limpieza".