Bolivia: AI afirma que la solución a la crisis está en el respeto a los DDHH

La gravedad de la situación que enfrenta el país requiere una respuesta unida por parte de las autoridades y de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones dentro del marco de la constitución y de normas internacionales de derechos humanos. La vigencia del estado de derecho en el país depende de ello. Esto es una responsabilidad de todos, dijo hoy Virginia Shoppee, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional.

Las manifestaciones masivas y los bloqueos de carretera en protesta a la aprobación de parte del Congreso de una nueva ley de hidrocarburos se han multiplicado en las últimas semanas.

Algunos sectores sociales reclaman la nacionalización de la industria petrolera mientras otras regiones, incluidos los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, demandan mayor autonomía.

Así mismo, se han registrado confrontaciones entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la iglesia y el Defensor del Pueblo han hecho llamados a los diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil a entrar a un periodo de negociaciones y de diálogo.

"La continuación de los enfrentamientos puede iniciar un ciclo de violencia, hostigamiento y polarización que afectaría gravemente la observancia de los derechos humanos de toda la población."

Amnistía Internacional insta a las autoridades bolivianas y a todos los sectores de la sociedad a acatar medidas básicas e inmediatas para defender el estado de derecho y mantener la gobernabilidad.

Amnistía Internacional ha llamado a los sectores de oposición a asumir la responsabilidad de elegir métodos y tácticas de protesta que no socaven las garantías constitucionales y a las fuerzas de seguridad a actuar con escrupuloso apego a las normas que regulan el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones.

Así mismo, la organización ha llamado a la comunidad internacional, y en particular a los organismos regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, a cooperar para facilitar la resolución de la crisis y a brindar mecanismos y recursos adecuados para observar la situación de derechos humanos en el país y evitar su deterioro.