Javier Ponce: El mundo, de cabeza

El mundo, de cabeza

El Tratado de Libre Comercio TLC hace tabla rasa hasta del diccionario. Si miramos la definición de "servicio", nos encontraremos con que, casi todas las acepciones se refieren al beneficio que alguien obtiene de parte del producto ofrecido por otro. "Utilidad o provecho que resulta a uno de lo que otro ejecuta en atención suya" dice el diccionario, con lo cual se asume que el beneficiado es el que recibe el servicio.

Con el TLC va a cambiar la definición de servicio. Dirá "utilidad o provecho que saca alguien de beneficiarse de las necesidades públicas de los otros". Por tanto, se cambiará el sentido de la palabra, para significar que el servicio beneficia no al que recibe sino al que lo ofrece. Esto es, se han dado la vuelta la definición y la realidad. Ahora los "servidos" serán las transnacionales y los beneficiados también. ¡El mundo se pone de cabeza con el TLC!

Y no porque el entregar servicios no pueda ser un negocio rentable, sino porque de acuerdo a las normas del TLC en materia de inversión externa, el Estado ya no podrá controlar la calidad del servicio. Si lo hace, puede ser acusado ante los tribunales del Banco Mundial por entorpecer y perseguir a la inversión externa.

Un Estado de cartón piedra

Los servicios públicos ya no serán más los que el Estado entrega, incluso algunos con carácter gratuito, para paliar en algo las desigualdades sociales. Dos de ellos son salud y educación. Aquello acabará liquidando toda política nacional dirigida a asegurar educación gratuita a la población y acceso popular a los servicios de salud. Al igual que lo que ocurrirá con las patentes de medicamentos o con la agricultura, en materia de servicios públicos el Estado ecuatoriano ya no tendrá derecho a fijar políticas públicas generales.

En nuestros países, esta liberalización de los servicios va del brazo con las políticas de privatizaciones, forzadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca multilateral (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento), en áreas como electricidad, vías, telecomunicaciones, agua. De servicios sin beneficio de lucro, éstos pasan a ser tratados como bienes lucrativos; y a abrirse a la inversión extranjera, con lo que se priorizarán, ante todo, los rendimientos económicos.

Si a ese hecho le sumamos las garantías absolutas que tendrían las inversiones, podemos concluir que servicios vitales para la población dejarán de responder a metas y objetivos nacionales, entre ellos, los procesos para desarrollar las capacidades locales de gestión, por ejemplo por parte de los municipios. Paralelamente, se desmontarán todos los esfuerzos por fortalecer la capacidad de gestión de los servicios a nivel local entre las manos de los municipios. La ciudadanía se encontrará, de pronto, en incapacidad de exigir una rendición de cuentas en el manejo de los servicios; y el Estado se verá en la incapacidad de reservarse aquellos que puedan tener un alto contenido social.

Los ciudadanos y las organizaciones sociales perderán toda posibilidad de demanda frente al inversor externo, que responderá con la indiferencia, o planteará un juicio a quienes, a través de sus gobernantes, pongan en marcha demandas contra las transnacionales.

Leamos lo que dice un acuerdo suscrito por nuestros países en 1994, con el pomposo nombre de "Acuerdo General sobre Comercio de Servicios": "La mayor apertura de los mercados, dará mejores posibilidades los países en desarrollo de mejorar los servicios a sus ciudadanos a la vez que les dará mejores oportunidades comerciales para su crecimiento económico". Difícilmente encontraremos tanto uso del término "mejor" en un solo párrafo… Parece el viejo lema de un medicamento muy popular: "Mejor mejora Mejoral". ¡Cómo para no dudar que todo lo privado es varias veces mejor! Naturalmente que, los neoliberales podrán afirmar que estamos exagerando, que no todos los servicios se van a privatizar. Evidentemente que es así, pues se privatizarán, seguramente, sólo los servicios rentables. Por ejemplo la luz eléctrica en las ciudades. ¡Ni más faltaba! ¡Los capitalistas no tienen un pelo de tontos! Los privatizadores y las transnacionales no van a ser tan giles de privatizar el servicio eléctrico o telefónico en los páramos del Chimborazo. Y en cuanto al Seguro Social, buscarán privatizar aquellos aspectos que son rentables.

Y de esto se concluye algo muy grave: mientras avanzarán los servicios en las grandes urbes, se deteriorarán los servicios en las zonas excluidas y marginales. De modo que, si la diferencia entre ricos y pobres en un país como el Ecuador está entre las más altas del mundo, esta diferencia tenderá a aumentar. Sobra decir que todos, desde el limpiabotas hasta el capitalista multinacional, no son solamente iguales ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos del TLC. De modo que los gobiernos deberán dar el mismo trato a una empresa de servicios nacional, como a una extranjera. Las dos competirán bajo las mismas reglas del juego… ya podemos anticipar los resultados.

El Estado, cliente de las transnacionales

Otro aspecto del TLC es el desmantelamiento de la capacidad de los gobiernos de decidir sobre las contrataciones y adquisiciones públicas, pues éstas entrarán también a licitación, en las que tanto las empresas nacionales como las extranjeras serán medidas por el mismo rasero. Esto es, por razones de conveniencia, confianza y control, un gobierno no podrá privilegiar una empresa nacional sobre una transnacional. Y hay que tener en cuenta que los volúmenes de adquisiciones del Estado son un gigantesco negocio en el que competirán por igual pequeñas proveedoras nacionales y transnacionales. Otra vez, iguales condiciones de competencia para competidores históricamente desiguales. Es fácil adivinar cuál será el resultado: las transnacionales coparán las millonarias adquisiciones de nuestros estados nacionales. Para que este desmantelamiento del Estado sea posible, han influido los procesos vividos por América Latina en los últimos años, y que Alberto Acosta los resume de la manera siguiente:

"Atrás quedaron los años en los que se intentó una inserción en el mercado mundial a partir del desarrollo de las capacidades locales: la estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones. Las economías de la región están cada vez más abiertas. Su comercio exterior creció en forma acelerada. Su sed de capitales foráneos aumentó también en forma progresiva. Como consecuencia de tanta apertura y liberalización, las influencias externas son cada vez más notorias en la región y sus países han perdido aceleradamente espacios de soberanía en términos de políticas económicas. Y esta pérdida de capacidad para accionar y reaccionar frente a los vaivenes en el mercado mundial, que -vale la pena insistir- se refleja en una inserción pasiva y hasta ingenua en el mercado mundial ". Los aspectos abordados en esta cartilla, tienen como escenario común las condiciones especialísimas en las que actuarán las inversiones extranjeras bajo el régimen del Tratado de Libre Comercio. En efecto, los servicios y las adquisiciones del Estado son liberalizadas, para ser pasto del capital extranjero asentado en el país o en cualquier otro país desde el cual actúan.

En síntesis, cuatro son las preocupaciones básicas que provoca la liberalización de los servicios y de las adquisiciones públicas:

La posibilidad de que los gobiernos se vean impedidos de definir políticas públicas en sectores claves, para garantizar el acceso de toda la población a los servicios básicos. Es posible pensar en lo que pueda ocurrir con la electrificación rural, con los sistemas de riego una vez privatizada el agua, con la telefonía rural, con el seguro social campesino.

El peligro real de que, a causa de la generalidad que exista en los términos que se establezcan en este tipo de liberalizaciones del mercado de servicios, se acaben dejando desacuerdos de importancia nacional en manos de algún arbitraje internacional controlado por los países ricos, y que no tenga en cuenta otras razones que no sean las de la lógica del negocio. Es posible preguntarse si un sistema de transporte urbano masivo, no debe estar controlado por el Estado a través de los municipios, aunque lo administren empresas privadas. Podemos también preguntarnos si un servicio como el monitoreo medioambiental puede estar administrado por una transnacional controlando a otra transnacional, sin que sea el Estado el que establezca el marco en el que dicho servicio deberá ejecutarse.

El TLC facilitará todos los procesos de privatización que se han frenado en el Ecuador en la última década, a través de luchas populares. Estamos hablando de los intentos de privatizar, primero el IESS, más tarde las telefónicas y las empresas eléctricas. Por tanto, en la mesa de las negociaciones se borrarán de un plumazo, años de lucha social.

Si bien el tratado puede establecer un papel regulador para el Estado, incluso ese papel regulador se ajustará a los términos y las condiciones generalísimas en que el tratado establezca las garantías para el capital transnacional instalado en el Ecuador.